Por Ricardo Elías, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Graduado con mención sobresaliente por la Tesis “Los fines constitucionales de la pena como fundamento para la derogación de las gracias presidenciales. Ex miembro de la Asociación Themis – Revista de Derecho.

El Derecho Penal es la herramienta más violenta con la que cuenta el Estado para reprimir conductas que cataloga como ilícitas y que atentan contra bienes jurídicos merecedores de este tipo de protección. Es una herramienta violenta, pues emplea las sanciones más duras con las que se puede reprimir un hecho ilícito: la pena privativa de libertad[1]. Lamentablemente, muchos Estados –incluido el nuestro– vienen promulgando políticas basadas en mero populismo punitivo; es decir, creer y hacer creer a la sociedad que el incremento de penas y la creación de nuevos delitos son la solución perfecta para acabar con la delincuencia[2]. El siguiente cuadro resume de manera general el círculo vicioso creado alrededor de los problemas sociales y el populismo punitivo:

Dicho esto, pasaré a explicar la relación entre el fútbol –de manera particular, el grave problema social vinculado a las denominadas barras bravas–, los medios de comunicación y el populismo punitivo estatal. En primer lugar, Perú no es ni la cuna de las barras bravas ni el único país donde existen. Así, existen en América Latina y Europa y son conocidas con distintas denominaciones: grueso de la hinchada, torcidas organizadas, barras fuertes, ultras, hoolingans, entre otros. Este hecho nos permite partir de la premisa que este grave problema social es común a la realidad de diferentes países del mundo.

En segundo lugar, en nuestro país, los medios de comunicación –principalmente, televisión y prensa escrita– acogen y difunden continuamente noticias vinculadas a crímenes de sangre y violencia sexual. Sin embargo, en estos últimos años, el número de reportajes relacionados a las barras bravas se ha incrementado de manera alarmante a la par que se ha iniciado una continua difusión de graves sucesos ocurridos en escenarios deportivos –entre ellos, la muerte de los hinchas Walter Oyarce (2011) y Bryan Huamanlazo Cusipuma (2014)-. Es en este escenario que los medios de comunicación iniciaron campañas contra este tipo de actos pero los transmitieron agregando un mensaje adicional: la necesidad de mayores penas o la creación de nuevos y drásticos delitos para “acabar con el problema”.

  • El Comercio, 21 de mayo del 2002: La autoridad debe poner mano dura para erradicar las violentas barras bravas que volvieron a hacer de las suyas, antes y después del partido U – Alianza. Nada se avanzará mientras los delitos de las barras bravas sean considerados menores, anécdotas o travesuras semanales. En otras palabras, mientras no se aplique el principio de tolerancia cero.
  • El Comercio, 26 de setiembre de 2011: Sanciones más severas para violencia en estadios no se debaten en Congreso. Renzo Reggiardo planteó ley en el 2010. Dijo al comercio.pe que impulsa con más fuerza la norma tras la muerte en el Monumental.
  • El Comercio, 02 de octubre de 2011: Abugattas plantea 8 años de cárcel por violencia en los estadios. El presidente del Congreso presentó un proyecto de ley para sancionar a barristas que incurran en agresiones contra hinchas como fue el caso de Walter Oyarce
  • La República, 03 de octubre de 2011: Parlamento busca poner coto a violencia a los estadios. Congreso aprobará esta semana ley que sanciona violencia en los estadios.
  • InfoSur, 11 de noviembre de 2011: Perú: Gobierno busca terminar con violencia entre barras bravas. Muerte de hincha deja en evidencia la violenta rivalidad entre fanáticos de fútbol en la nación andina.

En tercer lugar, lógicamente, la difusión masiva de noticias relacionadas a los actos de violencia cometidos en escenarios deportivos repercutió en la sociedad y ha generado gran alarma social. Así, según una encuesta formulada por Ipsos-Perú publicada por El Comercio en mayo de 2014, más de la mitad de los limeños tienen una sensación de indefensión ante problemas como la inseguridad en los establecimientos públicos, el pandillaje y las barras bravas.

En cuarto lugar, frente a estos hechos, la respuesta del Congreso fue una: endurecer las penas previstas en el delito de disturbios (Art. 315 CP). Este hecho es el que marca y demuestra el populismo punitivo que debemos evitar pues no debemos creer que antes de este endurecimiento nos encontrábamos en indefensión pues, si éramos o somos víctimas de estos delincuentes, nuestro Código Penal ya regulaba sanciones en su contra bajo diferentes tipos delictivos: hurto, hurto agravado, robo, robo agravado, daños, lesiones simples, lesiones agravadas, asociación ilícita para delinquir, etcétera. ¿Qué quiero decir? Que el Congreso no necesitaba endurecer las penas para transmitir a la ciudadanía un falso mensaje de seguridad pues pese a este incremento, el problema ha subsistido. En efecto, el delito de disturbios –bajo el cual se procesan estos actos- ha sufrido un progresivo incremento de penas sin que esto haya acabado con el tipo de delincuencia analizada[3].

Código Penal de 1991 Ley 27686 del 19/03/2002 Ley 28820 del 22/07/2006 Ley 30037 del 07/06/2013
Art. 315 CP.- El que toma parte en una reunión tumultuaria, en la que se haya cometido colectivamente violencia contra las personas o contra las propiedades, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años.

Si la provocación es para cometer delito contra la seguridad o tranquilidad públicas, la pena será no menor de tres ni mayor de seis años.

Art. 315 CP.- El que en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Art. 315 CP.- El que en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.

En los casos en que el agente utilice indebidamente prendas o símbolos distintivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de diez años

Art. 315 CP.- El que en una reunión tumultuaria, atenta contra la integridad física de las personas y/o mediante violencia causa grave daño a la propiedad pública o privada, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de ocho años.

Será sancionado con la misma pena cuando los actos descritos en el primer párrafo se produzcan con ocasión de un espectáculo deportivo, o en el área de influencia deportiva.

Si el atentado contra la integridad física de las personas causa la muerte, la conducta es calificada como asesinato, con la pena prevista en el artículo 108 del Código Penal.

En los actos en que el agente utilice indebidamente prendas o símbolos distintivos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional del Perú, la pena privativa de la libertad será no menor de ocho ni mayor de diez años

En efecto, cada modificación responde cíclicamente a un evento social particular con el que se ha intentado justificar el incremento innecesario de las penas. Las dos primeras modificaciones estuvieron relacionadas a los disturbios ocasionados en vías públicas por supuestas manifestaciones sociales, mientras que la tercera modificación –que aquí nos interesa comentar- fue motivada para eliminar la violencia en los estadios y áreas aledañas. He dicho hasta este punto que el Congreso viene impulsando medidas de populismo punitivo pues cree o quiere hacer creer que con el endurecimiento de las sanciones, se solucionará la crisis generada por las barras bravas. El Proyecto de Ley No. 273/11 que trajo consigo la incorporación del segundo párrafo del delito de disturbios refuerza mi posición. Así, al responder la pregunta: ¿Es necesario endurecer el sistema de sanciones de la violencia en los espectáculos deportivos a través del Derecho Penal?, el Congresista Abugattas afirma lo siguiente:

“En principio debemos destacar que el actual Código Penal no es suficientemente drástico con aquellas personas que son detenidas por los efectivos policiales como consecuencia de cometer ilícitos penales en un espectáculo deportivo, y muchas veces, recuperan su libertad para seguir delinquiendo, sin que haya forma de detener este círculo vicioso que tanto daño viene causando a nuestra sociedad.

Sin embargo, debemos de señalar que quizás la solución más simple sea elevando las penas del Código Penal en aquellos ilícitos donde se encuentra mayor incidencia en este tipo de violencia: por ejemplo, en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud; en los delitos contra el patrimonio, y los delitos contra la seguridad pública, específicamente el delito de tenencia ilegal de armas y disturbios.”

En quinto lugar, después de la “esperada” modificación al delito de disturbios, se vivió un (falso) periodo de “paz social” respecto a los daños ocasionados por las barristas. Así, los titulares en prensa disminuyeron considerablemente hasta que –como lamentablemente era de esperarse- se produjo un nuevo incidente (el asesinato de un hincha en una actividad deportiva), lo que reavivó la preocupación y alarma social. Tomando como base las noticias rotuladas como “Barras Bravas” en El Comercio[4], podemos graficar esta afirmación:

Mes Titular
17 de Junio de 2013 Promulgación de la Ley No. 30037. Se modifica el delito de sabotaje para luchar contra las barras bravas.
19 de Junio del 2013 Lambayeque: hinchas de la ‘U’ roban y apedrean casas camino al estadio de Olmos
Julio del 2013 No se publicaron noticias relacionadas
Agosto del 2013 No se publicaron noticias relacionadas
Setiembre del 2013 No se publicaron noticias relacionadas
Octubre del 2013 Cusco: dictan prisión preventiva a presunto homicida de joven cusqueño
Policía aclara que caballo murió tras resbalarse y no por ataque de barristas de Alianza
Barristas de Alianza Lima mataron un caballo de la Policía Montada
Cusco: presuntos barristas de Universitario asesinaron a un joven
Noviembre del 2013 Barristas de Alianza Lima y la ‘U’ también se enfrentan a muerte en Chile
Diciembre del 2013 Barristas de Universitario atacaron a adolescente y lo dejaron grave
Enero del 2014 No hubieron noticias
Febrero del 2014 Barristas aliancistas roban a fanático fuera del Nacional
Sereno quedó herido por bombarda arrojada por barristas
Más de 40 barristas fueron intervenidos en VMT
Marzo del 2014 ¿Qué dice el protocolo de seguridad para clubes de fútbol?
Mininter: pelea entre barristas de la ‘U’ era “inesperada”
Muerte de barrista: pelea por entradas ya había sido advertida
Hincha de la ‘U’ fallecido era barrista desde años atrás
Muerte de barrista de la ‘U’: momentos exactos de la violencia
Enfrentamiento entre barristas de Universitario dejó un muerto
Caso Oyarce: condena es un hito contra violencia entre hinchas
“Crimen y castigo”, por Pedro Canelo
Caso Oyarce: sentencias de todos los procesados por el crimen
Abogado de ‘Loco David’: sala “acomodó hechos y declaraciones”
Walter Oyarce: sentencia contra el ‘Loco David’ en imágenes
Walter Oyarce: cronología de un caso que duró 29 meses
Walter Oyarce padre: “Terminan 29 meses de sufrimiento”
Abril del 2014 La U no vende entradas hoy por su partido con Cienciano
Los limeños se sienten inseguros en locales públicos
Universitario jugará sin público el domingo con Caimanes
Hinchas de Universitario inician campaña contra la violencia
Universitario juega el domingo en el Nacional, ¿con público?
Las barras que por ahora estarán ausentes en el fútbol peruano
“Código de barras”, por Pedro Canelo
Barristas de la ‘U’ no recibirán entradas hasta aclarar crimen
“Lo que Dacia no dice de las barras bravas”, por Pedro Ortiz
Así los barristas hacen gala de sus armas para retar a rivales
Barristas de la ‘U’: repartición de entradas “no puede parar”
Editorial: Barras mansas
Barrista de la ‘U’ fue enterrado ante miembros de ‘La tropa’
Mayo de 2014 Fútbol contra el enemigo, por Pedro Ortiz Bisso
Video: Así la policía dispersó a los barristas en San Miguel
San Miguel: policía no habría acompañado a barristas del Boys
Sport Boys culpó a Universitario por muerte de joven de 22 años
Amigo de barrista que murió en balacera culpa a la policía
Pelea de barristas: reportan tres heridos de bala y 5 detenidos
Barristas se enfrentaron y causaron destrozos en San Miguel
SJL: enterraron a barrista de Universitario
Barrista de la ‘U’ asesinado: hablan miembros de ‘La tropa’
Mayo del 2014 Presentación de un Nuevo Proyecto de Ley en materia penal para luchar contra las barras bravas
Junio de 2014 Vandalismo: 119 hinchas de la U y Alianza fueron detenidos
Barristas se enfrentaron a pedradas en clásico por la paz
Barristas causaron desmanes antes del clásico U vs. Alianza

En sexto lugar, como también era de esperarse, el Legislador volvió a acudir al Derecho Penal para intentar luchar contra este fenómeno social. Así, ante la avalancha de reclamos a través de los medios de comunicación, en el Congreso se ha propuesto una nueva modificación al delito de disturbios a fin de incrementar la pena y crear nuevas modalidades delictivas bajo el entendido que esto eliminará el problema suscitado con las barras bravas. Así, el Proyecto de Ley del 13 de mayo de 2014 trae consigo esta nueva modificación:

Proyecto de Ley No. 3485/2013 del 13 de mayo de 2014
Art. 315-B CP.- Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de ocho años el que formare parte, en forma abierta o encubierta, de una asociación o grupo de hecho estable que tenga por objeto apoyar a un club de fútbol, integrada por diez o más personas y que participare en sucesos de violencia, faltas al orden público o delitos indeterminados, con motivo o en ocasión de espectáculos futbolísticos, sus prácticas o entrenamientos deportivos, antes, durante o después de realizados. Quedan comprendidos también los sucesos cometidos en los traslados desde o hacia el estadio o lugar donde se desarrolle el evento futbolístico.

Para los fundadores, cabecillas, jefes u organizadores de estos grupos y todo aquel que obtuviere provechos, utilidades personales o económicas, el mínimo de la pena será de cuatro años de pena privativa de libertad.

Como se puede apreciar, dando respuesta a la pregunta que titula este breve ensayo, la creación de nuevos delitos o el incremento de las penas ya existentes no es la solución al problema generado por las barras bravas. Frente a esta dura realidad, hace pocos días, el Papa Francisco I remitió una Carta a Raúl Eugenio Zaffaroni, Secretario Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, en la que resalta los problemas aquí descritos: “En nuestras sociedades tendemos a pensar que los delitos se resuelven cuando se atrapa y condena al delincuente, pasando de largo ante los daños cometidos o sin prestar suficiente atención a la situación en la que quedan las víctimas. Pero sería un error identificar la reparación sólo con el castigo, confundir la justicia con venganza, lo que sólo contribuiría a incrementar la violencia, aunque esté institucionalizada. La experiencia nos dice que el aumento y endurecimiento de las penas con frecuencia no resuelve los problemas sociales, ni logra disminuir los índices de delincuencia. Y, además, se puede generar graves problemas para las sociedades, como son las cárceles superpobladas o los presos detenidos sin condena (…) A este respecto, los medios de comunicación, en su legítimo ejercicio de libertad de prensa, juegan un papel muy importante y tienen gran responsabilidad: de ellos depende informar rectamente y no contribuir a crear alarma o pánico social cuando se dan noticias de hechos delictivos”.

A modo de reflexión final, debo indicar que no deben continuar planteándose proyectos de ley como los aquí mencionados pues distraen a la ciudadanía sobre los verdaderos problemas que se deben combatir para evitar el incremento de barras bravas: mejor educación, mayores oportunidades de trabajo, lucha contra las desigualdades sociales, etcétera. Los ciudadanos no estamos desprotegidos frente al accionar delictivo pues existen normas que los sancionan; sin embargo, lo que debemos exigir es que se mejore la administración de justicia y se fortalezca –en recursos humanos y logísticos- las instituciones que tienen a su cargo la persecución del delito: Policía Nacional y Ministerio Público. De lo contrario, seguiremos incrementando penas y creando delitos pero no eliminaremos este grave problema social.


[1] Zaffaroni incluso relaciona el poder punitivo del Estado con violencia y masacre: “Además, el modelo vigente habilita un uso de violencia que por momentos alcanza límites de masacre: las ejecuciones sin proceso disfrazadas de enfrentamientos son una realidad policial, las detenciones sin otro objetivo que hacer estadísticas sólo reafirman la imagen negativa, el afán por mostrar eficacia por parte de cada funcionario no raras veces lleva a la tortura y a la fabricación de hechos, que pueden ir desde la imputación a un inocente vulnerable hasta celadas en que ejecutan a varias personas. Todo depende del grado de deterioro institucional que se haya alcanzado como resultado de la insistencia en el modelo suicida”. ZAFFARONI, Raúl Eugenio. “La palabra de los muertos: Conferencias de criminología cautelar”. Buenos Aires: Ediar, 2011. p. 511.

[2] Algunos ejemplos de populismo punitivo pueden ser vistos en: ELÍAS PUELLES, Ricardo. “El impacto de los medios de comunicación en la legislación penal peruana”. En: “El Cristal Roto: Análisis económico del derecho”. Blog de la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico.

http://blogcristalroto.wordpress.com/2011/09/28/el-impacto-de-los-medios-de-comunicacion-en-la-legislacion-penal-peruana/

[3] Las dos primeras modificaciones fueron producto de proyectos de ley presentados para evitar que las protestas ciudadanas sean una excusa para cometer actos vandálicos. Así, el Proyecto de Ley No. 02173 del 03 de junio de 2002 justificó el incremento de la pena “Teniendo en cuenta los constantes actos vandálicos que se vienen produciendo a lo largo de nuestro territorio nacional, por personas inescrupulosas e irresponsables, que producen la interrupción del libre tránsito de personas y vehículos, bloqueando carreteras y atentando contra medios de transporte público; generando como consecuencia graves daños a la propiedad pública y privada en forma directa (…) Ante esta situación, se hace necesario tipificar tales conductas como delitos y debidamente sancionarlas guardando directa proporción con el daño causado”. Posteriormente, el Proyecto de Ley No. 14781/2005 elevó un segundo incremento al considerar que: “con el propósito de fortalecer el principio de autoridad y evitar que las legítimas protestas puedan devenir en excesos, que afecten la integridad física de los ciudadano o causen daños a la propiedad pública o privada, es necesario elevar las penas para los autores de los delitos (…)”.

[4] Ver: http://elcomercio.pe/noticias/barras-bravas-55600?ref=nota_lima&ft=contenido

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