Esta semana, el Pleno del Congreso aprobó la suspensión por 120 días sin goce de haber de dos de sus congresistas. Con 72 votos a favor, el congresista fujimorista Julio Gagó fue sancionado por el caso Copy Depot, empresa a través de la cual habría infringido la Ley de Contrataciones del Estado que prohíbe a los congresistas venderle al sector público. Los indicios sobre el caso son tales que incluso se habla de la comisión del delito de falsedad genérica, supuesto que provocó la remisión del caso a la Comisión de Acusaciones Constitucionales. Por otro lado, con 60 votos a favor, la congresista oficialista Cenaida Uribe fue sancionada por el caso Punto Visual, empresa publicitaria de propiedad de Alberto Luis de Azambuja, presunta pareja de la parlamentaria, en donde Uribe habría ejercido tráfico de influencias al presionar al director del colegio público Alfonso Ugarte, Lizandro Quispe, para favorecer la contratación de dicha empresa. Pero, ¿qué tienen en común estos dos casos? Al parecer, ambos congresistas habrían utilizado su posición política para satisfacer intereses propios, configurándose así un conflicto de intereses. Dicho ello, el presente editorial estará dedicado al análisis de esta figura.

Cuando hablamos de conflicto de interés, nos referimos a aquellas situaciones en las que colisionan los intereses personales de un funcionario público con el interés público y el ejercicio de sus funciones[1]. Ante dicho conflicto, el funcionario debe preferir el interés público y el correcto desempeño de sus funciones; teniendo prohibido mantener o aceptar situaciones en las que exista tal colisión. Los funcionarios públicos involucrados en el caso concreto son congresistas, por lo que el órgano encargado de investigar estos supuestos es la Comisión de Ética Parlamentaria, la cual deberá emitir un informe al respecto[2]. De comprobarse tal supuesto, las sanciones pueden ser desde una suspensión hasta la pena privativa de libertad (una vez remitida la denuncia al fuero judicial). Así, el Pleno podrá sancionar a los parlamentarios que incurran en esta falta hasta por 120 días, período en el cual no podrán desempeñar su función, ni cobrar su salario. Y en caso existiese responsabilidad penal, podría llegar a tratarse de un caso de corrupción, cuya pena máxima es de 8 años de cárcel. Por si no fuera poco, ello podría coincidir con una infracción constitucional que a su vez, daría lugar a la inhabilitación del parlamentario por hasta 10 años en los cuales no podrá postular o desempeñar función pública[3].

Como se señala en el párrafo anterior, las labores de todo funcionario público deben estar orientadas a la satisfacción del interés general. Más aún, tratándose de un congresista, cuya función representativa y legislativa, lo obligan a dictar leyes y a tomar decisiones que satisfagan las necesidades de las personas a quienes representan y que no beneficien un interés propio, sino el general. De acuerdo con el artículo primero del Código de Ética Parlamentaria, los congresistas deben, además de demostrar su compromiso con los valores que inspiran el Estado Democrático de Derecho, dar ejemplo de su vocación de servicio al país; vocación que implica dar un paso al costado cuando existen situaciones que privilegien sus intereses. Lamentablemente, esto es algo que, en general, nuestros políticos suelen olvidar.

La situación en el Perú es desalentadora, gran parte de los funcionarios no se topan por mera casualidad ante estas situaciones. La función pública se ha degenerado a tal punto que, para algunos, ha dejado de tener esa “vocación de servicio” de la cual se hablaba en el párrafo anterior, y ha pasado a ser, en su lugar, un simple instrumento para satisfacer intereses propios y de los allegados más cercanos. Está de más decir que estas condiciones no favorecen un contexto como el nuestro de débil institucionalidad, provocando así, que vaya mermándose la confianza de los ciudadanos respecto de los políticos.

Ahora bien, regresando al caso concreto, hemos de destacar lo lamentable –y endebles- que han sido las defensas esgrimidas por parte de ambos congresistas. Mientras que Uribe ha señalado ser víctima de un “linchamiento mediático”, Gagó dice que lo es de una “persecución política”, producto del control que venía realizando al gobierno de Ollanta Humala. Esto no hace más que abonar en contra suyo. En los últimos tiempos, hemos podido presenciar cómo se ha abusado de esta práctica de recurrir a la victimización fruto de supuestas “persecuciones” o “linchamientos” a falta de argumentos que refuten las acusaciones en su contra. Este tipo de declaraciones claramente, persigue desmerecer las labores de la Comisión de Ética Parlamentaria y del mismo Congreso al sancionar a los parlamentarios. Seamos claros, una “persecución política” se da cuando se persigue a un individuo o un grupo de individuos por motivos políticos, especialmente con el fin de restringir su participación en la vida política; a lo que suelen sumarse violaciones a derechos humanos[4]. Evidentemente este no es el caso, pues existen cuantiosos indicios que lo demuestran; de ahí que se haya procedido a sancionar una mala praxis, en la que creemos no figura motivo o ideología política alguna detrás.

Preocupa que esta superposición de intereses personales por sobre el interés público, constituya un escenario que se replica en varias esferas del poder. Así, este año numerosos escándalos dentro de los gobiernos regionales reflejan algo muy similar: la utilización del poder y la instrumentalización de la función pública para satisfacer intereses propios. En este contexto, cabe preguntarse si es que aún queda algo de esperanza o si simplemente, aquella “vocación de servicio” se ha perdido como ideal en la función pública. Lo cierto es que la ciudadanía no debe bajar la guardia y debe estar atenta ante este tipo de situaciones. Pero no solo ello, se requiere además, la institucionalización de mecanismos de control efectivos y la reforma de aquellos que se han vuelto inservibles. Desde esta tribuna, saludamos que se sancionen conductas antiéticas que atenten contra el verdadero significado de la función pública y esperamos que esta “racha moralizadora” continúe. No olvidemos que aún queda por investigar casos como el de Heriberto Benítez, y estos no pueden esperar.


[1] Artículo 3 del Código de Ética de la Función Pública (Ley N°27815).

[2] Artículo 35 del Reglamento del Congreso. Inciso adicionado. Resolución Legislativa del Congreso 016-2003-CR, publicada el 21 de noviembre de 2003)

[3] http://idehpucp.pucp.edu.pe/images/documentos/anticorrupcion/boletin/diciembre_2011_n08.pdf

[4] Kittrie, Nicholas N. 1995. The War Against Authority: From the Crisis of Legitimacy to a New Social Contract. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

1 COMENTARIO

  1. Ojo: más que una “racha moralizadora” -la cual es aplaudible- el problema de la supremacía de los intereses personales de los políticos se debe abordar desde el desarrollo de un marco institucional que canalice las conductas individualistas para limitar el poder político, inevitablemente corrompido por estos intereses. Los funcionarios y políticos persiguen maximizar beneficios individuales como cualquier otra persona, y esperar una conducta moral porque es lo correcto es una utopía que llevará siempre a desilusiones (no se les pone una aureola por ingresar al sector público). Más que hacer reproches a la conducta, importantes desde el punto de vista crítico, pero que finalmente se hacen agua, hay que enfocarse en solucionar los “fallos de gobierno” (sistemas de reglas que no solo sancionen, sino impidan) que postula la teoría de public choice, según la cual los políticos siempre buscarán maximizar su beneficio personal -como todos los mortales (agentes económicos)- sobre el colectivo.

    No quiero decir que no existen agentes públicos con verdadera vocación de servicio, pero habría que buscar una aguja en 130 pajares, solamente para el congreso.

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