Desde hace unas semanas, los peruanos venimos disfrutando del evento mediático más grande del mundo y presenciando los diversos partidos que nos trae el mundial Brasil 2014. Y es que, a pesar de no tener a nuestra selección clasificada, el fenómeno del fútbol ha llegado a acaparar toda nuestra atención, generando que las noticias más leídas sean las relacionadas a este deporte y provocando que todos los medios de comunicación le otorguen una cobertura especial a cada suceso de la Copa del Mundo. No obstante, si bien todos disfrutamos de estos acontecimientos, el escenario puede tornarse perjudicial si tomamos en consideración los importantes cambios y medidas políticas que se vienen realizando las últimas semanas debido a la final del hemiciclo de nuestro Congreso. Así, situaciones como la aprobación del primer informe de la Megacomisión, la Ley Universitaria y la nueva legislación económica presentada por el “paquetazo”, transcurren sin tener un espacio adecuado de deliberación entre los miembros de la sociedad civil. En razón a esto, en el presente editorial analizaremos y buscaremos informar sobre uno de los puntos más polémicos del último de estos acontecimientos: el “paquetazo” de medidas económicas y sus implicancias en la regulación ambiental.

Para empezar, es menester contextualizar y conocer el contenido de estas medidas legislativas. Pues bien, la polémica comenzó con la iniciativa del Poder Ejecutivo, encabezada por el ministro Castilla, de realizar un paquete de reformas con la finalidad de reactivar la economía e incentivar la inversión tanto del sector público y privado. De esta forma, el 18 de junio se presentaron al Congreso el Proyecto de Ley 3627-2013-PE y el Proyecto 3626-2013-PE que contenían una seria de cambios a la regulación actual. A modo de resumen, son básicamente cuatro grandes ejes los que se presentan en los proyectos: (i) reformas tributarias, (ii) modificaciones a la Ley de Contrataciones con el Estado, (iii) reformas laborales y (iv) cambios en materia ambiental, los cuales fueron analizados en las comisiones pertinentes del Congreso y el jueves 26 de junio, tras la delegación del pleno y la prisa del gobierno en este tema, los proyectos fueron aprobado por la Comisión Permanente del Congreso.

No obstante, los cambios introducidos en materia ambiental por el Capítulo III del primer proyecto han sido seriamente cuestionados por diversos colectivos de la sociedad civil e incluso la Defensoría del Pueblo envió oficio al Congreso mostrando su preocupación por el tema. Al respecto, son diversos los puntos que se cuestionan, por lo que detallaremos solo tres de ellos: (i) En primer lugar, el artículo 19 del proyecto recorta el margen de acción del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) al establecer que durante los primeros 3 años se privilegiará las acciones orientadas a la prevención y corrección de la conducta infractora en material ambiental, por lo que las infracciones en este período no podrán ser superiores al 35% de la multa que corresponde aplicar. (ii) Asimismo, el artículo 21 reduce los plazos para opinar sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), otorgando un plazo máximo de 30 días hábiles, con lo cual se complican los plazos y se compromete la calidad de los complejos controles ambientales. (iii) Finalmente, el artículo 23 establece que la aprobación y actualización de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y los Límites Máximos Permisibles (LMP) ya no será una atribución única del Ministerio del Medio Ambiente (MINAM) sino que se le otorga a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) un mayor margen de injerencia en estos temas.

Así, es evidente que existe una clara limitación a las potestades e instituciones del Estado que se dedicaban a la protección del medio ambiente. No obstante, lo preocupante en este sentido no es solo el recorte en sí, sino el poco sustento técnico que han tenido la propuesta y la falta de argumentos por parte del Ejecutivo sobre el tema. Si a esto se añade como agravante las negativas declaraciones del Ministro del Ambiente en contra de las reformas, queda clara la poca importancia que ha tenido la PCM para realizar cambios y política integrales que no solo privilegien el crecimiento económico, sino también el sostenimiento y cuidado de los recursos naturales. De esta forma, con medidas de este tipo, únicamente se estaría beneficiando los intereses de un sector empresarial que ha sido multado en distintas ocasiones por la OEFA por la contaminación discriminada que han venido realizando, y se deja de lado a todos los afectados con estas prácticas.

Para finalizar, es preocupante que en una situación polémica como ésta y que puede generar el comienzo de una serie de conflictos sociales se produzca el cambio del Ministro del Interior, provocando el riesgo de un mal manejo en este tipo de situaciones por la falta de planificación y creando escenarios lamentables que ya han sucedido en el pasado por la falta de prevención de este tipo coyunturas. Además, el gobierno debe rendir cuentas y explicar el sustento de estos cambios que claramente pueden poner en peligro un derecho fundamental como es el gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de vida[1], pues políticas de esta naturaleza no solo pueden priorizar determinados intereses, sino que se deben consensuar y aspirar sean ponderadas con los derechos de las partes involucradas. Como ven, la pelota también está comenzando a rodar en otra cancha, y esperemos que pueda contar con la debida difusión y el debate que son la esencia de todo sistema democrático de gobierno.


[1] Art. 2.22 de la Constitución: Toda persona tiene derecho: (…) 22. A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.

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