Por Costanza Borea Rieckhof, abogada por la PUCP, especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Mi experiencia personal con las cárceles se limita a la televisión. En mi imaginación, todos los aspectos de la vida de un reo se encuentran controlados por el Estado. Pero nuestra realidad es otra. En nuestro país, la cárcel no es ni resocialización, ni venganza. La cárcel es una anarquía controlada. Hacinamiento, celulares, alcohol, drogas y armas. Los crímenes se planean desde la cárcel. Y lo que es peor, se ejecutan en la misma cárcel. La semana pasada un reo del penal de Lurigancho asesinó a su pareja al interior de su propia celda y luego se suicidó[1]. ¡No existe ningún control!

En muchos países se ha intentado solucionar problemas similares recurriendo a la privatización. Se trata de una materia compleja y llena de prejuicios.

Quienes exigen el control estatal señalan que solo el Estado tiene potestad sancionadora, por lo que la administración de las cárceles resulta indelegable. Adicionalmente, señalan que la privatización no resuelve nada, puesto que en la medida que el crimen siga creciendo, el problema se mantendrá. Por otro lado, se piensa que el comportamiento de empresa de los privados va a determinar que se prefiera la ganancia antes que los derechos de los reos. Finalmente, se cuestiona si la privatización realmente implica una mejor calidad a menor precio. Se ha criticado que los errores en la administración hayan significado un aumento en la violencia entre los reos y hasta fugas. Asimismo, ningún estudio ha podido demostrar si este modelo resulta más rentable para el Estado.

Todos estos argumentos encuentran su par a favor. En principio, la privatización no suplanta la potestad sancionadora del Estado. Por su parte, el argumento respecto a la idoneidad no encuentra sustento en nuestra realidad. En el Perú, la cárcel no cumple una función resocializadora; por el contrario, se trataría más de una escuela de delincuencia. En este contexto, la privatización no surge únicamente como una respuesta al hacinamiento (como ocurre en otros países) sino a la inseguridad ciudadana y necesidad de control. Lo mismo ocurre cuando se menciona la rentabilidad. En una noticia de El Comercio[2] del 2012, se mencionó que cada reo le cuesta al Estado S/. 21 por día, y que la privatización encarecería el sistema. Pero por S/. 21 soles al día, esto es lo que obtenernos: una cárcel donde es imposible pensar en protección o resocialización. Quizás el sobrecosto sea realmente una inversión.

En cuanto al resto, es cosa de poner parámetros. Para mencionar algunos: (i) la concesión de las cárceles se debe dar por concurso público, (ii) a plazo fijo, y posterior sometimiento a nuevo concurso (iii) las bases deben establecer los parámetros mínimos que se deberán cumplir, (iv) se deben establecer mecanismos de evaluación específicos y auditorías anuales públicas, (v) supervisión permanente de un funcionario estatal y (v) sanciones económicas por mal rendimiento.

En conclusión, ¿se deben privatizar las cárceles? No lo sé. No existe ningún estudio concluyente que nos permita saber a ciencia cierta si la privatización va a mejorar el sistema penitenciario peruano o la seguridad ciudadana. Pero, ¿qué podría ser peor que una cárcel en la cual se siguen cometiendo crímenes? A mi criterio, es una idea que no debería descartarse tan rápidamente.


[1] http://elcomercio.pe/lima/personajes/reo-lurigancho-asesino-su-esposa-y-luego-se-suicido-noticia-1738697

[2] http://elcomercio.pe/politica/gobierno/jefe-inpe-afirmo-que-privatizacion-penales-no-cabe-peru-noticia-1378288

1 COMENTARIO

  1. Considero que es de suma importancia ahondar, primero, en el debate sobre la posibilidad de incorporar a los privados en el manejo del Sistema Penitenciario. Al respecto, debe evitarse la confusión acerca del supuesto “traslado” de la potestad sancionadora al sector privado. Y es que no se debe confundir la facultad del Estado de impartir justicia a través de la pena (atribución exclusiva e indelegable del Poder Judicial), de la facultad del Estado de tutelar al sujeto delincuente, es decir, la realización de la Gestión Penitenciaria, lo cual es una tarea de la Administración Pública (Poder Ejecutivo), específicamente por parte del MINJUS a través del INPE. Entonces, se debe entender que lo que se privatiza es el Tratamiento -o Gestión- del Sistema Penitenciario, entendiéndose esto como la Promoción de la participación privada en las funciones públicas del Estado.

    Asimismo, se omite un aspecto fundamental en el desarrollo de esta propuesta, el cual está relacionado a los mecanismos que harán factible el interés del privado en participar en este rubro, ya que de ello depende que más adelante no se generen aumentos en los costos de manutención de los reos y la consecuente frustración de los resultados esperados en su tratamiento (ejemplo de lo sucedido en EEUU y Reino Unido). Un posible mecanismo de financiamiento sería la posibilidad de que los concesionarios se beneficien de las labores que -voluntariamente- realicen los reos en las factorías instaladas en el recinto, como lo ha hecho, por ejemplo, la marca Renzo Costa en los penales de Ancón.

    Y por otro lado, la pregunta que deberíamos hacernos es si la privatización de las cárceles sería una solución total o parcial del problema del hacinamiento. La experiencia comparada no ha dado resultados muy positivos al respecto, pero nada impide que dicha figura pueda ser incorporada en nuestro contexto a través de un manejo mixto -cárceles privadas y cárceles públicas- par así cubrir el déficit de infraestructura.

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