Como ya hemos señalado en otras oportunidades, mientras continuamos viviendo la fiebre del Mundial, varios hechos a nivel nacional e internacional han pasado desapercibidos. Ese es el caso de lo ocurrido en Venezuela hace unas semanas, donde en virtud de una denuncia del oficialismo sobre un supuesto plan de golpe de Estado y magnicidio contra Nicolás Maduro, un tribunal local venezolano emitió órdenes de captura y prohibió la salida del país a varios disidentes como parte de su investigación. Entre los afectados se encuentra María Corina Machado, ex diputada opositora, quien denunció al gobierno de usar los tribunales para “perseguir y callar todas las voces disidentes” y Robert Alonso, férreo opositor al gobierno de Maduro y hermano de la actriz María Conchita Alonso. ¿Cuál fue el motivo de tales órdenes? La posibilidad de que ninguno comparezca en calidad de testigos, aun cuando las pruebas para sustentar tal investigación se basan en supuestos correos electrónicos entre algunos opositores y los afectados (correos cuya validez aun no ha podido probarse). A propósito de ello, -un caso más que se suma a las miles de víctimas de persecución política-, el presente editorial busca analizar la gravedad detrás de ello y el peligro que implica el que termine naturalizándose en el país llanero.

Para empezar, es menester tener claro qué implica el concepto de “persecución política” y sus consecuencias. Referirse a esta perversa práctica, es referirse al conjunto de acciones represivas o de maltrato llevadas a cabo en abuso del poder de un individuo o más, sobre otro individuo o grupo con la finalidad de perjudicar, desprestigiar o producir por razones de carácter político un daño en terceros. Si bien hoy en día alegar ser víctima de una práctica como tal suele ser un baluarte frente a cualquier acusación ante la ausencia de sólidos argumentos de defensa, la real “persecución política” que comúnmente afecta a políticos disidentes del gobierno de turno, constituye la divisa de todo gobierno dictatorial que no concibe cuestionamiento alguno sobre su gestión. Y el ejemplo por excelencia es sin lugar a duda, Venezuela, país donde el Chavismo se ha adueñado de una “verdad” que nadie puede contrariar (y que Dios ampare a aquel que lo haga).

Así, para combatir esta opresión y violación de derechos humanos, en la Comunidad Internacional han aparecido desde el siglo XIX organizaciones solidarias entre las que destacan la “Liga de Derechos Humanos”, “Democracia Política”, y “Amnistía Internacional”. Por otro lado, están las Organizaciones Internacionales que aunque tienen la obligación de intervenir, no reaccionan a la altura de lo que se espera, como es el caso de la Organización de Estados Americanos (OEA). En efecto, durante el mes de marzo, cuando se vivía en Venezuela una situación crítica tras las protestas que le siguieron al #12F, la OEA emitió un pronunciamiento respaldando al gobierno “democráticamente elegido” de Maduro, obviando cualquier pronunciamiento sobre la represión y persecución política que viven sus opositores y demás ciudadanos. Todo ello, a pesar del rol pro-activo que debe tener esta Organización en fiscalizar y velar por el respeto de los derechos humanos y la garantía de su fiel cumplimiento dentro de los países miembros.

Son muchos los nombres que calzan en la lista de víctimas disidentes. Entre éstas se encuentra el conocido caso de hostigamiento a Enrique Capriles, el encarcelamiento a Leopoldo López, la orden de captura contra Diego Arria, ex candidato presidencial, o la persecución de varios empresarios como Pablo Sánchez, a quien entrevistamos, entre muchos más. Sin duda, coincidimos plenamente con Antonella Marty, en señalar que esta oposición cada vez más férrea y reaccionaria frente a todo tipo de abuso del poder político permitirá abrir paso a una Venezuela libre y democrática; pero, aun así resulta imprescindible que los actores internacionales dejen a un lado la actitud pasiva de meros espectadores para reaccionar fehacientemente ante estos atropellos a la democracia de países vecinos. Y es que más allá de ello, preocupa sinceramente que estas prácticas reiteradas caigan en una perversa naturalización, que se vuelva telón de fondo de cualquier comentario que incumba a Venezuela o que deje de indignarnos algo que, a fin de cuenta, es “cosa de todos los días”. Recordemos que en peligro no solo está la libertad de expresión, de pensamiento, de pluralidad de ideas o de asociación, sino además -y ello en el caso particular- peligra la seguridad y la estabilidad económica, política y social.

Finalmente, queremos añadir que es ingenuo desde aquí generar algún cambio para frenar los atropellos que se viven en Venezuela. Lo que sí, esperamos que este editorial invite a reflexionar sobre esta situación, esta peligrosa naturalización y pasividad frente hechos tan aberrantes. Es preocupante también que ya no se le dé la cobertura o atención necesaria o el apoyo que exigen quienes son víctimas de prácticas autoritarias, héroes que aun así, mantienen el coraje de luchar contra estas. Esto es un llamado de atención no sólo para seguir indignándonos por lo que sucede allá, sino para mantener la vigilia y tomar nota sobre una práctica que bien podría traducirse acá. No olvidemos que siempre hay quienes creen existen “voces” que son necesarias “callar”.

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