Por Josefina Miró Quesada, directora de Enfoque Derecho.

Entrevista a Javier Neves, profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP, especialista en temas laborales, ex Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. 

ED: En términos generales, en estos tres años de gobierno de Ollanta Humala, ¿cuáles cree usted que han sido las medidas más trascendentales en lo que respecta a materia laboral?

JN: Para empezar, aunque no tiene relación directa solo con materia laboral, el nombramiento de los nuevos Magistrados del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional ha tenido, a través de su jurisprudencia, un papel fundamental en la revisión del ordenamiento laboral que se generó en el fujimorismo.

Luego, en lo que se refiere a legislación, creo que la Ley de Servicio Civil, si bien se dirige solo a los trabajadores del Estado, me parece muy importante. Creo que introducir la meritocracia, la capacitación y evaluación de los trabajadores públicos; su promoción e incluso mantenimiento del empleo en función de su rendimiento va a ser sumamente positivo. Lamentablemente, el recorte del derecho de negociación colectiva sobre remuneraciones, que viene en el mismo paquete, va en contra de la Constitución y los Convenios Internacionales del Trabajo.

Además, la creación del Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), dotándola de una categoría de la que carecía y asimilándola a otros organismos fiscalizadores es una noticia importante.

Luego, prácticamente, no se ha modificado nada sustancial de la legislación laboral.

ED: Hace unas semanas, se promulgó el paquete del MEF para reactivar la economía y, entre otras cosas, flexibiliza la normativa socio laboral. Se dice que generará mayor empleo mediante la reducción de “sobrecostos” que “castigaban” a las empresas. ¿Qué opinión le merece ello? ¿Cree que se dará en desmedro de la seguridad laboral o social?

JN: A mí me preocupa, en general, que se sacrifiquen derechos fundamentales en aras de una supuesta facilitación de la inversión y crecimiento del empleo. Esa es una historia antigua, en 1991, Fujimori modificó radicalmente la legislación que venía del Velasquismo; incluso el nombre de la norma principal que se dictó fue Ley de Fomento del Empleo. Y está demostrado estadísticamente que no generó ese resultado.

Entonces, estos ensayos de “vamos a disminuir protección, porque hay exceso de protección y de ese modo, vamos a alentar la supervivencia de las microempresas y la inversión en toda la escala de tamaños empresariales”, me parece que es peligroso y que puede no conducir al resultado esperado. Además, tiende- a pesar de presentarse como temporal- a estabilizarse. Se dice que será algo extraordinario, pero no lo va a ser. Tenemos, por ejemplo, la experiencia de la Ley de MYPES; se dio para fomentar el crecimiento de las MYPES, su sostenibilidad, pero se estabilizó y ahora es permanente.

ED: También se ha dictado un Decreto Supremo que permite al empleador disponer libremente de la CTS con algunos límites, ¿qué le parece esta medida?

JN: Me parece que es una medida que desnaturaliza la Compensación por Tiempo de Servicios, porque es un mecanismo- como dice la Ley- previsional, de anticipación  a una contingencia futura que es el desempleo, ya sea temporal o definitivo, como cuando la persona se retira. Yo creo que debe haber una defensa económica, un respaldo que tenga el trabajador y que debe costear el empleador para esa eventualidad. Si se quiere que el trabajador tenga mayores ingresos el mecanismo es la negociación colectiva, y ahí, directamente o a través de un Tribunal Arbitral, deberían incrementarse las remuneraciones un poco más de lo que son incrementadas actualmente.

ED: Respecto de los colectivos históricamente relegados, ¿qué medidas ha tomado este gobierno en lo que respecta a su inserción en el mercado laboral?

JN: En materia de mujeres, hay estudios interesantes de la Universidad Católica y de la Universidad del Pacífico. Sigue habiendo una brecha muy fuerte, tanto horizontal como verticalmente. Es decir, en puestos de jerarquía, las mujeres llegan a menos que los hombres; y en salarios, las mujeres perciben menos que los hombres, incluso en puestos iguales. Yo creo que se ha avanzado muy poco.

Ahora bien, en materia de discapacidad, se dictó la norma del porcentaje, de la llamada “cuota”. Parece que no ha sido una norma suficientemente meditada, he escuchado críticas legítimas de abogados. En algunos casos parece poco viable. Creo que no se ha consultado con expertos de la materia para hacer un trabajo más firme.

ED: En todo caso, se podría crear otras medidas para lograr que las personas con discapacidad se inserten en el mercado laboral; por ejemplo, exoneraciones tributarias. Lo que más se ha criticado de esta norma es su obligatoriedad…

JN: Me parece que la cuota ha debido plantearse por el tamaño de la empresa, porque –como decía- en algunos casos, es imposible de cumplir. Además, como señalas, se debió pensar en medidas alternativas, para lo cual numerosos expertos pudieron contribuir a elaborar una mejor norma.

ED: Ahora, sobre el tema de la informalidad, transversal a lo largo de todos los gobiernos, ¿cree usted que ha habido alguna mejora destacada en este gobierno?

JN: La verdad es que no. Yo creo que seguimos en lo mismo. La informalidad en el Perú es integral, está en todos lados, no solo a nivel laboral. Estaba leyendo algunos documentos del Ministerio de Trabajo y había una clasificación interesante sobre la informalidad: informalidad dentro de la formalidad y la informalidad pura. La informalidad pura está exenta de todo ordenamiento; mientras que la formalidad que cobija informalidad aparenta que está en regla, pero en realidad no lo está. Entre esos dos grupos, estamos hablando de casi dos tercios de la población. No se ha hecho nada eficaz, no se ha convocado a la gente experta que ha estudiado el fenómeno.

La informalidad no va a desaparecer de la noche a la mañana, se va a reducir poco a poco. Estuve revisando una explicación que señalaba que la informalidad venía de la incapacidad del sector formal de absorber más empleo. Entonces, la gente se vuelve informal. Y esta informalidad genera microempresas insostenibles. Por consiguiente, se dice que esas empresas no se pueden sostener por los sobrecostos de la formalidad, pero no se pueden sostener porque ellas mismas son inviables y la mayoría se extinguen en menos de un año.

ED: Respecto del incremento del salario mínimo, hay ciertos sectores de la población que señalan que ello es un sobrecosto que impide la inserción de las empresas a la formalidad. ¿Cuál es su postura con respecto del incremento de la remuneración mínima vital en el contexto peruano?

JN: Tengamos en cuenta que si bien Humala la aumentó significativamente, ya se desactualizó de nuevo. Conforme a los mecanismos que aprobó el Consejo Nacional de Trabajo de manera unánime, se ha debido producir una nueva alza y el Presidente, o el Ministro de Economía, no ha querido. Entonces, yo creo que sí debería haber un incremento. Hay un debate entre los economistas al respecto; algunos señalan que contribuiría a reactivar la economía por el consumo en el mercado.

Me parece que es saludable para la economía que el trabajador tenga algo más de ingreso. El trabajador que percibe el sueldo mínimo, que obtiene menos que el que está arriba, necesita consumir más y mejor. Imagina que un trabajador que está recibiendo la remuneración mínima vital ¿qué calidad de consumo digno posee? Espero que, por lo menos, ese consumo deplorable pueda mejorar un poco.

ED: Ahora bien, la Ley que obliga a los trabajadores independientes a aportar en un fondo de pensiones entra en vigencia en agosto. Al respecto, existe gran controversia y debate. ¿Cuál es el sustento detrás de esta norma? ¿Cree que es una medida viable o no?

JN: Bueno, la medida va a recaer sobre el independiente formal, este es básicamente el alto nivel de independiente; mientras que el independiente informal se va a quedar afuera. A mí me parece bien que todos aportemos para nuestra jubilación, porque sino el Estado va a tener que hacerse cargo de nosotros y eso acarrearía un costo altísimo. Entonces, me parece positivo que la gente detraiga una parte mínima de su ingreso actual con miras a su retiro.

ED: Pero, lo que señalan los opositores de esta Ley es que hay otras maneras de asegurar el futuro. Entonces, ¿por qué la obligatoriedad de la norma?

JN: En ese sentido, no veo razón para distinguir entre el dependiente y el independiente. El dependiente también podría reclamar lo mismo. Entonces, allí hay un problema  del  diseño de los sistemas de pensiones, tanto el público como el privado. Está demostrado que si yo pudiera invertir mi dinero, o incluso solo ahorrarlo, en una cuenta de un banco de Estados Unidos, seguramente ganaría más de lo que gano en cualquiera de los sistemas de pensiones, incluyendo el privado.

Esto nos lleva a revisar si los sistemas de pensiones que tenemos son los mejores no, pero no es motivo para distinguir entre dependiente e independiente, es decir, por qué darle libertad al independiente y “encarcelar” al dependiente”. En todo caso, se tiene que aplicar a ambos.

ED: Ollanta Humala ha impulsado tres programas de capacitación para jóvenes con el objetivo de fomentar su ingreso al mercado laboral, dadas las constantes críticas sobre la falta de preparación que brindan las universidades al respecto. Programas como Jóvenes a la Obra o Trabaja Perú buscan que los jóvenes sepan cuáles son las demandas del mercado. ¿Qué otras medidas debería adoptar el gobierno para insertar al mercado laboral a estos jóvenes que no encuentran trabajo hoy?

JN: Yo creo que habría varias medidas posibles. Una de las tareas del Ministerio del Trabajo, seguramente en coordinación con el Ministerio de Educación, debiera ser vincular la oferta y la demanda; además, definir qué tipos de técnicos y profesionales requiere el mercado. El muchacho que hoy entra a un instituto o a una universidad no tiene información de la empleabilidad del oficio que ha elegido. Esta es una tarea fundamental del Ministerio de Trabajo.

Considero que también se debe presentar a los jóvenes las posibilidades y ofertas de empleo que hay, para que así, el joven pueda ver los avisos sobre colocación. Al respecto, me preocupa que a veces estos avisos tienen contenido discriminatorio y aún así, el Ministerio los difunde. Por ejemplo, que se requiera solo a estudiantes de la universidad A o B. Esto se debe corregir.

Luego, están estos programas de adiestramiento que ya tienen mucho tiempo, no son nuevos. Dichos programas sí son positivos ya que permiten que los jóvenes se vayan entrenando a través de alguna de las posibilidades que la Ley de Formación y Promoción Laboral prevé.

ED: Finalmente, sobre el tema de la Ley Servir  y su aspiración a uniformizar los regímenes laborales, ¿qué opinión le merece la Ley ahora que ya se encuentra en vigencia? ¿Qué opina sobre la regulación de la negociación colectiva?

JN: Sí, se ha cumplido ya con aprobar varios de los reglamentos y ya está en vigencia. Globalmente, me parece muy positivo que haya una evaluación permanente, previa capacitación, y que esa evaluación tenga incidencia sobre la carrera del empleado público. Eso ya ocurre, por ejemplo, en la legislación universitaria que, aunque acaba de cambiarse, ello aún se recoge. Un docente no puede mantenerse con encuestas estudiantiles pésimas, sin haber escrito un artículo en los últimos cinco años, sin haber dictado una conferencia o haber ido a un Congreso; todo eso forma parte de la evaluación.

Que ese criterio se aplique al conjunto de los trabajadores públicos, evaluando su rendimiento, me parece conveniente. Ahora, a los trabajadores les preocupa, porque relacionan esto con lo que ocurrió en el gobierno de Fujimori, que eran pruebas de conocimiento, entre otros. Esas pruebas de conocimiento no estaban vinculadas a la tarea que el empleado desempeñaba.

Respecto de la negociación colectiva, sí me parece que prohibir la negociación sobre remuneraciones la desnaturaliza completamente. Considero que a pesar de que el Tribunal Constitucional ha convalidado en una sentencia reciente esta dramática limitación, ello no debió ocurrir.

1 COMENTARIO

  1. “Fujimori modificó radicalmente la legislación que venía del Velasquismo […]. Y está demostrado estadísticamente que no generó ese resultado.”

    Sí pues, Es una lástima que con la liberalización de la economía no se haya logrado reactivar por completo un país que en el 90 parecía un estado fallido, de forma que hoy tengamos tasas de desempleo mínimas y crecimiento sostenido. Está demostrado que no hubo ningún resultado. Pareciera que Neves no se ha enterado de nada de lo ocurrido en los últimos 24 años.

    Neves demuestra, una vez más, que es una eminencia en el Derecho Laboral y que no tiene el más remoto conocimiento de microeconomía. No parece notar la relación entre la CTS y el sueldo, cuando a todo el Perú le queda claro que la CTS termina siendo un descuento de aquel (aunque los libros de texto quieran calificarla solemnemente de ‘naturaleza previsional’).

    Las personas no se alimentan de ‘derechos fundamentales’ que no son nada más que letras sobre el papel. De nuevo, Neves no se percata que toda la legislación laboral por la que aboga solo sirve para aquellos que tienen la fortuna de ser trabajadores laboral, que en Perú son alrededor de un tercio de todos los trabajadores. Para los dos tercios restantes, los más desfavorecidos, todos los noblísimos derechos laborales son poco más que una cruel broma. Además de una dificultad más que los aleja de la formalidad.

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