Este 28 de julio, el Presidente Ollanta Humala dirigirá su mensaje a la Nación. Es un momento propicio para que el gobierno anuncie las principales políticas que serán implementadas de cara a futuro para reactivar la economía, combatir la inseguridad ciudadana y fortalecer el sistema de justicia. No obstante, pese a la importancia de los sectores mencionados, la actual gestión presidencial no debe descuidar, particularmente, la cartera de cultura, de la cual poco se ha dicho. A propósito de ello, el presente editorial busca destacar la importancia de la cultura como política de Estado, además de identificar los principales puntos del sector que consideramos debieran estar presentes en el discurso presidencial.

La importancia de la cultura radica en que posibilita el encuentro y la convivencia entre personas y grupos de personas que habitan un mismo espacio territorial, ya que la cultura implica necesariamente reconocer y valorar la diversidad.  Que un Estado desarrolle una política intercultural equivale a apostar por una herramienta de integración que apunta al reconocimiento de los derechos de todos siendo conscientes de nuestras diferencias.  Asimismo, la cultura implica el respeto de cada peruano como ciudadano.  Por lo tanto, el respeto a la diversidad cultural no quiere decir solamente el respeto a las expresiones culturales (danzas, música), sino a que todas las personas tengan acceso, sin discriminación, a servicios básicos y fundamentales como la justicia, la salud y la educación. Así, en consonancia con la importancia del sector cultura, procederemos a identificar tres temas claves que creemos deben estar presente en el discurso presidencial.

En primer lugar, el mensaje de Ollanta Humala debe realizar un análisis de los avances y retos de la Ley de Consulta Previa. Su importancia radica en que ella representa un proceso de diálogo intercultural orientado a proteger el ejercicio de una serie de derechos colectivos de los pueblos originarios sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida y desarrollo. Será fundamental que el Estado garantice que generará confianza y será transparente en los procesos que mantiene en curso con las comunidades indígenas, así como en los futuros, y que disipe cualquier posibilidad de que este se convierta en un trámite burocrático lento e impreciso que a la larga resulta perjudicial para todas las partes involucradas. Asimismo, resultará importante que el Presidente ultime detalles sobre cómo se realizará el proceso de identificación de más pueblos originarios andinos (en la actualidad solo se reconocen a cuatro), lo que implicará un despliegue importante de funcionarios que deberán recorrer varias regiones del Perú para efectuar las verificaciones correspondientes.

En segundo lugar, el mensaje presidencial debe erigirse como una declaración contundente y abierta en contra de la discriminación y el racismo. Que el mandatario dedique algunos minutos de su mensaje a condenar públicamente los actos de intolerancia que suceden en el Perú, invitando a unirse a todos los poderes públicos y a la sociedad civil, sería muy saludable. No olvidemos que, al margen de los cuestionamientos sobre su viabilidad, desde el año 2000, el artículo 323 del Código Penal considera a la discriminación como delito, lo que resulta discutible si tomamos en cuenta que aún no existe ni una sola condena penal por discriminación racial (a diferencia de la discriminación por discapacidad donde sí la hay) a sabiendas de los diversos casos de racismo que vemos cotidianamente. Además, el Presidente debe explicar de qué manera su gobierno garantiza servicios públicos de acuerdo a las necesidades culturales de los diversos pueblos y localidades, así como la accesibilidad a los mismos (por ejemplo, servicios de salud que no representen tratos denigrantes; escuelas no solo bilingües, sino respetuosas de las costumbres y modos de vida de las comunidades; intérpretes pagados por el Estado para los juicios; manuales para el empleo de idiomas nativos en la administración de justicia que ayude a los operadores judiciales a atender debidamente a las comunidades, etc.).

En tercer y último lugar, en el mensaje presidencial debe estar presente el compromiso del gobierno con la protección del patrimonio cultural. El Ministerio de Cultura está rebasado por la realidad: de los 366 sitios arqueológicos que existen en Lima, el 60%, tal como lo afirma la propia Dirección de Arqueología del MINCU, se encuentra en riesgo de ser invadido; y además, de su situación legal, las huacas de Lima tienen un grave problema de delimitación, al punto que solo un porcentaje mínimo se encuentra demarcado y protegido por los correspondientes hitos. Por si no fuera poco, casos como la destrucción parcial de la Huaca El Paraíso en San Martín de Porres, el abandono gravitante en que se encuentra la Huaca Catalina Huanca de Ate, el cierre del Museo de la Nación, entre otros, son ejemplos de que el Ministerio de Cultura y las Direcciones Regionales de Cultura no cuentan con los recursos técnicos y personales para proteger a plenitud el patrimonio arqueológico (igual sucede con muchas casonas e inmuebles de los centros históricos de nuestras ciudades). Si esto es así en la capital de la República, ¿se imaginan el estado de cosas en otros departamentos de nuestro país? El gobierno debe dotar de mayores recursos al MINCU, pero además, promover la participación de la empresa privada en la restauración y conservación de nuestro patrimonio. Todo ello debe ser anunciado por Humala.

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