Las temáticas abordadas durante el mensaje presidencial durante las ceremonias oficiales por la fiesta de la patria fueron tildadas de populistas, vacías y poco claras. No obstante, hubo una que llamó nuestra atención: las reformas políticas que el Presidente Humala pidió al Congreso que considerara dentro de su agenda para ser debatidas, siendo una de ellas la implementación de la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Al llamado del Jefe de Estado se han sumado distintas personalidades públicas, incluyendo el procurador Christian Salas y su predecesor Julio Arbizu. Sin embargo, el silencio de los parlamentarios respecto de este tema ha causado que la sociedad civil se pregunte el por qué del miedo a debatir la imprescriptibilidad como reforma. Pero más importante aún, nos ha tocado preguntarnos si es que esta es, efectivamente, necesaria para combatir la corrupción en el país. Por eso, en el presente editorial analizaremos el fenómeno de la corrupción a fin de dilucidar la importancia de la ley que declare imprescriptible los delitos de esta naturaleza.

Para empezar, detengámonos un segundo en el aspecto técnico de la cuestión. Los delitos, a excepción de los crímenes de lesa humanidad, son prescriptibles. Es decir, al autor de un delito no se le puede acusar ni procesar por la comisión del mismo si es que el tiempo transcurrido desde el hecho es equivalente a la pena máxima que podría habérsele otorgado. La imprescriptibilidad, entonces, implica la supresión de este instituto jurídico.

Ahora, evaluemos el caso concreto de la realidad en el Perú. Según la “VIII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2013” hecha por Ipsos para Proética,  el 58% de peruanos considera que el principal problema que enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país es la corrupción de los funcionarios y las autoridades. Al mismo tiempo, según dicha encuesta, el Congreso de la República sería considerado como la institución más corrupta de nuestro país por la sociedad civil. Y no es para menos: las repercusiones de la corrupción no son solo financieras, sino también sociales. Está comprobado que los regímenes democráticos se ven altamente perjudicados por los actos de corrupción, ya que dificultan la superación de la pobreza, la administración de la justicia y prolongan la impunidad. Lamentablemente, muy poco se ha hecho para combatirla.

En nuestro país, por años se ha intentado que el Congreso de la República debata y apruebe una ley que prohíba la prescripción de los delitos de corrupción cometidos específicamente por funcionarios públicos. Según Salas, llevar a cabo este tipo de reforma implica la lucha contra la impunidad, dado que se está permitiendo que hechos y funcionarios vinculados con actos de corrupción sean obviados o “queden en nada” debido a una cuestión de tiempo[1]. Es así que entre el 2001 y el 2011 fueron presentados  en total catorce proyectos de ley que buscaban lograr este cometido[2]. Ese mismo año, se logró aprobar la imprescriptibilidad de delitos por corrupción en la Comisión de Constitución. No obstante, el parlamento se opuso dicha norma al momento de ser debatida en el pleno. Esto complicó aún más las posibilidades de que dicha reforma fuera implementada, ya que al ser una norma que modificaría el artículo 41 de la Constitución esta tendría que ser aprobada en dos legislaturas sucesivas[3].

Pero, ¿sería verdaderamente efectiva la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción en nuestro país? ¿No existen acaso otras medidas que podrían tomarse en consideración? Según Arbizu, podría tomarse en consideración la duplicación de las penas por los delitos de corrupción como alternativa a la imprescriptibilidad. No obstante, el problema en cuestión no es que los acusados dejen la cárcel en poco tiempo o que las penas sean cortas. El problema está en el hecho de que debido a predicamentos estructurales dentro de la administración de la justicia y los escasos recursos con los que esta cuenta, el tiempo puede ser un factor que juegue en contra en el momento de buscar la verdad sobre los actos de corrupción cometidos y la identidad de los implicados.

Es así que debatir una ley que busque implementar la imprescriptibilidad se convierte en imprescindible, pues es la manera más rápida de evitar que la corrupción siga siendo impune. No obstante, somos perfectamente conscientes que esta no debe ser la única medida a tomar en consideración cuando se trata de luchar y erradicar la corrupción en nuestro país, especialmente en instituciones del estado. La corrupción es un fenómeno social y sistemático que requiere medidas más amplias para combatirlas, que van desde precisiones en la educación hasta en la existencia de incentivos económicos. La lista es larga, al igual que el camino que le espera al país si en verdad desea enfrentarse a este gravísimo problema. Esperemos que el Congreso opte por dar el primer paso para así poder acortarla.

[1] http://www.larepublica.pe/30-07-2014/exhortan-al-congreso-a-pronunciarse-sobre-imprescriptibilidad-de-delitos-de-corrupcion

[2] http://www.congreso.gob.pe/dgp/didp/boletines/imprescriptibilidad/generalesl.html

[3] http://www.larepublica.pe/30-07-2014/segun-arbizu-el-congreso-esta-en-deuda-por-la-ley-de-imprescriptibilidad

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