Marco Gamarra Galindo, alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista a Alberto Martorell Carreño, Doctor en Derecho a la Cultura y Presidente del Comité Peruano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS Perú), sobre el sector cultura.

MG: El pasado 18 de abril se celebró el Día Mundial de los Monumentos y Sitios, una fecha pertinente para reflexionar sobre la importancia de la conservación del patrimonio cultural, arqueológico y monumental. ¿Cuáles son los principales retos del Ministerio de Cultura?

AM: Lamentablemente el primer reto del Ministerio de Cultura (MINCU) es encontrarse a sí mismo. Es un Ministerio que no ha cuajado. No ha logrado definir políticas en cultura, en patrimonio cultural. No ha logrado insertar la cultura en los esquemas de desarrollo. Necesita tener la suficiente madurez para revertir esta situación.

MG: Resulta necesario sentar las bases de un sistema nacional de cultura que permita al Ministerio de Cultura mejorar sus vínculos con los gobiernos regionales y locales, así como con sus propias direcciones regionales y el sector privado. ¿Cómo lo logramos?

AM: La ley del propio MINCU otorga un plazo para regionalizar el sector, el mismo que ha venido siendo prorrogado. Eso, en algún momento, va a tener que cumplirse. Un importante reto es diseñar planes de capacitación para los órganos regionales de cultura. Mientras tanto han modificado el sistema y tienen una figura de nombre extraño que son las oficinas desconcentradas, las mismas que tienen un preocupante déficit de personal. Hay una serie de problemas en la articulación entre el Ministerio y las regiones.

Por otro lado, ninguno de los ministros ha entendido que la característica diferencial del sector cultura es que la única forma de hacer políticas culturales es incluyendo. No hay inclusión posible si no hay el ánimo de formar un proyecto común. El sector cultura sirve para amalgamar la sociedad de tal modo que comparta expectativas de futuro, formas de entender las cosas comunes a fin de desarrollarnos. Toda la violencia que vivimos es en realidad un problema de una sociedad desestructurada profundamente donde el otro no es parte de un proyecto común sino es el enemigo.

Lo vivimos de muchas maneras y eso denota una carencia de esa amalgama cultural. Para eso sirve el patrimonio, es el espacio público simbólico. Estamos perdiendo nuestra capacidad de entendernos como un proyecto común, como una nación. Eso es tarea del sector cultura. Para que pueda ser cumplida debe convocarse al sector cultura en pleno. El sector cultura es el Estado, todas las instituciones, profesionales y actores culturales. Pero en la práctica el Ministerio es un coto cerrado.

MG: En el mensaje presidencial muy poco se dijo del sector cultura

AM: Prácticamente nada. No hubo ninguna referencia sobre el meollo del asunto, que es la apertura y capacidad de mantener vivos valores de la diversidad, lo que implica respeto y conocimientos mutuos y así como la implementación de políticas. La diversidad cultural a la que aludió el Presidente es una declaración muerta.

MG: El Ministerio de Cultura está rebasado por la realidad: de los 366 sitios arqueológicos que existen en Lima, el 60%, tal como lo afirma la propia Dirección de Arqueología del MINCU, se encuentra en riesgo de ser invadido; y además, de su situación legal, las huacas de Lima tienen un grave problema de delimitación, al punto que solo un porcentaje mínimo se encuentra demarcado y protegido por los correspondientes hitos. No hay que tener mucha imaginación para pensar cómo es la realidad en el resto de departamentos. ¿Será posible remontar estas condiciones de vulnerabilidad en la que hoy se encuentra el patrimonio cultural?

AM: Si es que realmente el MINCU se propusiera revertir la situación, aunque sea con presupuestos mínimos, tiene personal que podría constituir una base para poder a partir de eso desarrollar. Lo que en realidad requiere el país es generar una gran discusión sobre cultura donde participen universidades, centros culturales, organizaciones internacionales, asociaciones vecinales, entre otras instituciones. Eso es participación. En cultura el ministro debe tomar decisiones las más amplias posibles.

La sociedad no puede ser observadora pasiva. La política cultural sin actor social fracasa. Hasta ahora no veo que hayamos avanzado en ese sentido y creo que esa es la explicación por la que grandes personalidades que han pasado por el ministerio no han generado ningún cambio. Probablemente en la época de alguno el teatro ha estado mejor y en la época de otro los museos han estado un poco más atendidos, pero ¿cuál es la política cultural peruana?. Prácticamente nunca ha existido. Algunos han hecho una obra interesante pero es su obra, su pensamiento, su idea, no es algo construido participativamente. Creo que eso demuestra que lo que no es construido participativamente fracasa.

MG: ¿Qué rol cumple la ciudadanía en la protección del patrimonio?

AM: En nuestro país, con las condiciones geográficas complejas que tenemos, el rol de la ciudadanía es el verdadero rol que puede llevar a la preservación del patrimonio. Sin la sociedad, muchos de los miles de lugares donde tenemos riqueza cultural no estarían debidamente protegidos. ¿En los lugares más remotos quién siempre estará? El poblador local. Hay que empoderarlo. Si la gente entiende eso y protege el patrimonio, la cosa va a empezar a funcionar pero si seguimos pensando que el patrimonio es cuestión de los llamados expertos que toman todas las decisiones, sin considerar a la gente, entonces aislamos al patrimonio de la gente. La relación del patrimonio con la sociedad es lo que convierte en patrimonio a los objetos. Se tiende a menospreciar los usos, puntos de vista de las personas y eso al final ocasiona que la protección fracase.

MG: Ya van tres ministros de Cultura que dicen que están revisando la Ley General de Patrimonio Cultural. ¿Cuáles son finalmente las modificaciones que esta necesita?

AM: Nuestra normativa de patrimonio cultural tiene algunos vacios técnicos que generan desorden en todo el sistema. Lo que se define como bien protegido en el código penal no encaja de manera totalmente trasparente en la norma general de patrimonio. Eso genera que el sistema no funcione. Y también las normas de construcción utilizan su propia terminología. Es necesario fijar un concepto legal práctico y coherente de patrimonio para empezar. Otro gran vacío es el tema de los mecanismos de participación que no están funcionando.

MG: La Lima de hoy es un hábitat complejo, con servicios saturados, inseguridad creciente, contaminación de todo tipo, deterioro urbano y hacinamiento. En este contexto, ¿cómo puede convertirse el Derecho en una plataforma de soluciones?

AM: Es complicado porque el derecho tiende siempre al statu quo. Una vez que un principio o línea de pensamiento se convierte en una institución jurídica, es difícilmente movible y transformable. En el Centro Histórico de Lima tenemos el reto de generar alternativas jurídicas al sistema más tradicional -establecido en nuestro ordenamiento jurídico- de protección de la propiedad inmobiliaria que es la inscripción, el tracto sucesivo, etc.

En nuestros centros históricos hay problemas de tugurización, de inquilinos que subalquilaron y que fueron multiplicándose con el tiempo, un proceso del cual no ha habido control. Pedir que el ordenamiento jurídico funcione con el principio de que cada poseedor actual explique cómo llego a la posesión del anterior, del anterior, del anterior, hasta darle coherencia, es imposible. Debería haber un mecanismo que por excepcionalidad genere otra forma de consolidar derechos entorno a estos inmuebles y por lo tanto consolide, asimismo, responsabilidades y sobre eso poder construir alternativas. La institución del sistema de propiedad de nuestro sistema civil no está en capacidad de responder a una problemática tan compleja. El instrumento también se debilita cuando no va aparejado de la voluntad política de ponerlo en uso. Pero, es verdad, se necesita una creatividad jurídica para solucionar una situación que sucede en realidad. Habiendo un predio definido, sistemas definidos de linderos y demás, funciona el sistema notarial para la transferencia de propiedades pero en el Centro Histórico de Lima ni siquiera los linderos entre un inmueble y otro están claramente determinados.

MG: El boom inmobiliario en el área metropolitana de Lima y Callao si bien es cierto ha permitido un mayor acceso a la vivienda y un crecimiento en el empleo, genera como consecuencia un desorden urbano que ha implicado la destrucción desmedida de una serie de casonas e inmuebles históricos en Lima. ¿Cómo planificamos el crecimiento de Lima incorporando nuestra herencia arquitectónica?

Considero que el boom inmobiliario que vivimos, en gran parte, es una demostración de cómo se puede generar, bajo la idea de un falso desarrollo, aun más subdesarrollo. Se necesita planificación, pensar qué ciudad queremos tener y reflexionar en el sentido de cuáles son los valores de la ciudad. Recuerdo, como una cosa paradójica, haber estado en una conferencia de prensa de nuestro Ministro de Economía –cuando se estaban anunciando los paquetazos para promover la inversión- en una ciudad medioeval europea, perfectamente conservada. Si vemos todo el contexto de lo que hay detrás del discurso, faltaba que el Ministro voltease y dijera que no queríamos vivir en un ambiente primitivo como ese. Una ciudad tiene que ser un espacio de construcción de ciudadanía.

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