Por Ursula Indacochea Prevost, abogada especialista en Derecho Constitucional

Un bombazo en el metro de Santiago, y una reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han reabierto en Chile el debate acerca de la aplicación de leyes antiterroristas para controlar conflictos sociales al punto de llevar a la interpelación a su Ministro del Interior. La colocación de explosivos, la afectación de la propiedad privada y pública, el enfrentamiento con agentes estatales, y todo lo que ocurre en las protestas del Pueblo Indígena Mapuche para recuperar sus territorios ancestrales, son situaciones que reclaman una reacción del Estado. Y no queda claro qué hacer, ni donde están los límites cuando hay violencia. Tampoco en el Perú.

La Corte Interamericana ha desarrollado pautas valiosas en la sentencia emitida en el caso Norín Catrimán y Otros (Dirigentes, Miembros y Activista del Pueblo Indígena Mapuche) vs. Chile, emitida hace unos días. En ella se ha referido a algunos aspectos de la legislación antiterrorista y a cómo debe ser aplicada por los jueces para respetar los derechos garantizados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

No existe en el Derecho Internacional, una definición universalmente aceptada de terrorismo. Pese a esta dificultad, los actos violentos que buscan infundir miedo en la población son graves y deben ser reprimidos penalmente, porque amenazan la democracia, la paz y la seguridad internacionales. Pero la experiencia de nuestros países demuestra que la tentación de utilizar la legislación antiterrorista para atacar problemas sociales, o con fines políticos, es demasiado grande. La gravedad de las penas por terrorismo hace que las garantías para quienes enfrentan una acusación por este tipo de delitos deben ser mayores.

El caso Norín Catrimán contiene múltiples aristas: se trata de siete miembros del pueblo indígena mapuche (tres de ellos, autoridades tradicionales de sus comunidades), y una defensora y activista de derechos humanos vinculada a dicha causa. Todos ellos procesados y condenados en 2001 y 2002 por delitos previstos en la. Ley Antiterrorista chilena, por el incendio de un predio forestal y la quema de un camión de propiedad privada, en los que nadie salió herido ni perdió la vida. En los procesos, se actuaron declaraciones de testigos de identidad reservada, aunque el peso de sus declaraciones en las condenas no fue decisivo en todos los casos.

Una de las principales pautas de la sentencia se refiere al principio de legalidad al momento de tipificar el delito de terrorismo y sus variantes. Además de la exigencia general que impone este principio -definir clara, previa y taxativamente la conducta incriminada-, la Corte aclaró que cada persona y sobretodo los jueces, deben contar con todos los elementos para distinguir entre los delitos terroristas y los delitos ordinarios. Cuando una conducta pueda ser investigada y juzgada en base al tipo penal ordinario, se debe preferir éste frente al tipo penal terrorista.

Asimismo, la Corte consideró que presumir la “intención de producir temor en la población” cuando se usa cierto tipo de métodos o armas, vulneraba el principio de legalidad, así como la presunción de inocencia, cuando esta intención fuera determinante para distinguir un delito terrorista de uno ordinario.

Pero quizá el tema más interesante sea la aplicación selectiva de la legislación antiterrorista en contra de integrantes del pueblo indígena mapuche, alegada como acto de discriminación en la aplicación de la ley -basada en el origen étnico-; así como la utilización de estereotipos o prejuicios sociales en las sentencias penales internas.

Pese a que en este caso no encontró elementos suficientes para establecer lo primero, nos parece claro que la Corte ha dejado abierto un camino: que es posible condenar a un Estado por vulnerar el principio de igualdad y no discriminación, si de los informes estadísticos se apreciara de manera completa y concluyente que la legislación antiterrorista en cuestión ha sido aplicada diferenciadamente a un determinado grupo étnico respecto de la generalidad de la población, sin que exista una justificación objetiva y razonable para ello.

Sobre lo segundo, la Corte analizó los argumentos y el lenguaje utilizados por los tribunales en sus decisiones, y el contexto en que fueron emitidas, y concluyó que las sentencias dictadas contra Norín Catrimán y los demás condenados contenían razonamientos estereotipados y prejuicios sociales respecto del pueblo mapuche y sus integrantes, lo que vulneraba el principio de igualdad y no discriminación garantizado por la Convención.

Probablemente, si aplicáramos las pautas anteriores a las decisiones judiciales emitidas por los tribunales peruanos respecto de muchos condenados por terrorismo, no aprobaríamos el examen, y encontraríamos una larga lista de estereotipos, algunos absurdos. Como que ser de izquierda es ser terrorista. Como que leer a Marx es ser terrorista.

Si queremos utilizar la legislación antiterrorista para -precisamente- luchar contra el terrorismo respetando nuestros compromisos internacionales y construyendo una democracia sólida, es preciso dar pasos en firme. Responder a la violencia con garantías.

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