Hace pocos días, a partir de una serie de denuncias realizadas por la población civil y el fuerte impacto mediático de la deplorable situación que sufrió la actriz Magaly Solier en una de las unidades del Metropolitano, el Consejo de Ministros anunció la presentación de un proyecto de ley para combatir el acoso sexual callejero. En líneas generales, esta iniciativa plantea realizar modificaciones en el tipo de “tocamientos indebidos” (art. 176 y 176 A del Código Penal), a fin de (i) eliminar el requisito de la violencia o amenaza para que se configure el delito contra las mayores de 14 años, (ii) mantener esta condición de “violencia o amenaza” como un agravante que imponga una pena de 3 a 5 años y (iii) añadir como agravante la edad de la afectada para que, en el caso de las menores entre 14 y 18 años, la pena sea entre 5 y 7 años. Si bien la medida ha sido anunciada con bombos y platillos debido al grave problema que representan este tipo de prácticas, cabe cuestionarse la efectividad de la misma para enfrentar una situación que ha conseguido crecer en grandes dimensiones. Debido a esto, en el presente editorial analizaremos el fenómeno del acoso sexual callejero en el Perú y examinaremos si la medida anunciada por el gobierno representa una medida eficaz ante esta problemática o corre el riesgo de quedar únicamente como un llamado a la bandera.

Para empezar, conozcamos un poco más sobre esta situación. A pesar de que el tema recién se ha posicionado como “prioridad” dentro de nuestra agenda pública, el lamentable y constante fenómeno del acoso sexual callejero no es algo reciente ni novedoso. Más bien, es una práctica recurrente que se encuentra arraigada desde hace muchos años en nuestra sociedad producto de la inserción de estigmas y estereotipos machistas que no han sabido ser combatidos desde los distintas instituciones que conforman nuestro sistema de gobierno. Así, el acoso sexual callejero es entendido como una práctica cotidiana que incluye ofensas verbales, acoso físico y exhibicionismo en contra de mujeres, niños u homosexuales, generando un menoscabo de sus derechos al libre desarrollo de la personalidad, integridad, libre transito, entre otros. Incluso, el asunto ha llegado a tal punto de descontrol que, según las encuestas, nueve de cada diez mujeres en Lima y siete de cada diez al interior del país han señalado haber sido víctimas de alguna de estas manifestaciones en su contra durante el año 2013 (Fuente: IOP-PUCP).

De este modo, no quepa duda de que esta práctica constante es un problema de enormes dimensiones y que vulnera una serie de derechos de las afectadas. No obstante, si bien saludamos que al asunto se le este brindando la atención que merece, consideramos que la medida adoptada por el gobierno puede pecar de ineficaz si no viene acompañada de otros insumos. Para empezar, si tomamos en cuenta las estadísticas realizadas sobre el tema, encontramos que el 61.3% de casos de acoso callejero se debe a los silbidos y gestos vulgares que se realizan en la calle, mientras que solo el 15% representan los supuestos de roces incómodos en el transporte público y/o espacios congestionados. En consecuencia, la modificación del código penal para enfrentar este problema únicamente abarcaría a una manifestación con bajo porcentaje dentro de todo el fenómeno que ha generado esta práctica, por lo que el asunto requiere aún mucha más atención por parte de nuestros funcionarios.

Asimismo, dado que el problema del acoso sexual callejero no ocurre únicamente en Perú, si tomamos en consideración la legislación comparada y la forma cómo se ha afrontado este tipo de acciones, encontraremos que no existe una medida específica en el ámbito penal para combatir este tipo de prácticas y, en el caso de los países que han optado como medida principal los mecanismos sancionadores, no han logrado buenos resultados en miras de combatir y erradicar este fenómeno. Esto se debe, en gran medida, a las dificultades que representa conseguir pruebas fehacientes a fin de imputar efectivamente, en el marco y las garantías de un proceso penal, actos de esta naturaleza a una persona. En la misma línea, también cabe destacar que es necesario ser cautos ante este tipo de medidas sancionadoras a fin de no desvirtuar las finalidades de la pena, la función subsidiaria del derecho penal (última ratio) y no vulnerar el principio de proporcionalidad con castigos excesivos que pueden generar pocos resultados.

Por último, consideramos que las verdaderas raíces del problema únicamente se solucionarán con un adecuado plan de políticas públicas. En ese sentido, debe quedar claro que la modificación o tipificación de este tipo de conductas no pueden ser una excusa para dejar de realizar este tipo de medidas, que son las que finalmente logran atacar directamente los puntos clave del problema. Esto es de vital importancia, pues ya hay antecedentes de que a partir del cubrimiento de un problema a partir de un cambio en el Código Penal se da por solucionado el asunto, desviando la atención de la prensa, cuando en realidad estos temas de grandes dimensiones encuentran una verdadera respuesta a partir de la acción coordinada y dirigida del Estado hacia los puntos clave o base del asunto por medio de sus políticas públicas. Al respecto, el Ministerio de la Mujer ha logrado realizar unos primeros pasos para trabajar soluciones en el tema a partir de campañas, alianzas y modelos de ordenanza.

Como se puede apreciar, ante una situación de esta magnitud, la medida tan aclamada puede terminar manchándose de tinte populista, sin generar ningún cambio en el estado de la cuestión. Hay que recordar que esta iniciativa proviene de un gabinete seriamente cuestionado y que se encuentra trabajando fuertemente para que el 20 de agosto pueda ser ratificado por el Congreso, por lo que no sorprendería que debido a esta coyuntura, se puedan adoptar medidas que busquen legitimar su accionar, pero con el riesgo de no contar con un adecuado análisis, sustento técnico y accionar coordinado. Esperamos que sobre este tema existan nuevos anuncios y que la prioridad sobre este tema no quede solo en las declaraciones de una o dos semanas.

1 COMENTARIO

  1. APROXIMACIONES SOBRE LA LEY PARA PREVENIR Y SANCIONAR EL ACOSO SEXUAL EN ESPACIOS PÚBLICOS. A PROPÓSITO DEL PROYECTO DE LEY N° 3862/2014-CR

    La presente propuesta legislativa busca sancionar a todo aquel individuo que de manera pública realiza actos de hostigamiento sexual a personas mayores y menores de edad, sea que estos se lleven a cabo de manera aislada o en forma reiterada.

    Al respecto, en la fórmula legal propuesta a través del presente del Proyecto de Ley se señala lo siguiente:

    “Artículo 183.- Exhibición, hostigamiento sexual y publicaciones obscenas
    Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años el que, en lugar público, realiza exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de hostigamiento sexual o de índole obscena.
    Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años:
    1. El que de manera reiterada realiza en lugares públicos exhibiciones, gestos, tocamientos u otra conducta de hostigamiento sexual o de índole obscena.
    2. El que somete a menores de 14 años de edad a los vejámenes descritos en el primer párrafo del presente artículo (…).”

    En la exposición de motivos, a modo de justificación, los proponentes indican algunos factores que explicarían la necesidad de contar con semejante prohibición: (i) el acoso laboral; (ii) el acoso callejero; (iii) el aprovechamiento por parte de los varones contra las mujeres; (iv) el porcentaje de inseguridad que ha ido aumentando en las calles, y; (v) la agresión psicológica existente, principalmente dada haca las mujeres .

    OPINIÓN

    A través del delito previsto en el art. 183 CP, se prohíbe la realización de una serie de conductas consistentes en actos de exhibición, gestos y tocamientos. Dicha prohibición se extiende también a cualquier otra conducta que pueda ser calificada como de índole obscena.

    Con relación a esto último, cabe indicar que el término obsceno ha sido severamente cuestionado tanto por su vaguedad e imprecisión, como por su relación con determinadas pautas morales que permitirían entender que el objeto de tutela es la moral sexual, corriéndose así el riesgo de que el contenido de tal disposición se llene con criterios subjetivos.

    Todos estos cuestionamientos podrían ser trasladados a la presente propuesta de ley, que busca la incorporación de un término igualmente amplio y de difícil conceptualización como es el hostigamiento sexual que —de acuerdo a su propia Exposición de Motivos— tiene por finalidad evitar que se ultrajen las buenas costumbres o se ofenda el pudor.

    Tal grado de indeterminación se advierte, incluso, en la propia definición que ofrece la RAE cuando refiere que el hostigamiento es la acción o efecto de hostigar, es decir, la incitación que se da con insistencia a alguien para que haga algo .

    Aquella definición, como podrá intuirse, es sumamente amplia como para ser empleada al interior del sistema penal, de manera que semejante término debería haber sido precisado con mayor detalle de cara a su incorporación en una norma de carácter penal que se sabe deudora del mandato de taxatividad.

    Frente a ello podría indicarse que la definición inserta en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual permitiría delimitar el campo de acción de la norma penal al ofrecer algunos alcances sobre lo que ha de entenderse como hostigamiento sexual.

    Sin embargo consideramos que es sumamente riesgoso que únicamente a partir de la definición de una formulación administrativa se pretenda configurar un injusto penal, toda vez que ello se encontraría en tensión con principios fundamentales como los de subsidiariedad y última ratio del Derecho penal.

    Aunado a ello, se encuentra el hecho de que dicha disposición también destaca por su amplitud, pues para que se realice un acto de hostigamiento sexual —de acuerdo a tal normativa— deben presentarse los siguientes elementos :

    “a) Promesa implícita o expresa a la víctima de un trato preferente o beneficioso respecto a su situación actual o futura a cambio de favores sexuales.
    b) Amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima, que atente o agravie su dignidad.
    c) Uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima.
    d) Acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima.
    e) Trato ofensivo u hostil por el rechazo de las conductas señaladas en este artículo.”

    A nuestro criterio, muchos de los supuestos descritos en la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual podrían —de presentarse alguna circunstancia que los haga especialmente lesivos— reconducirse a otros tantos ilícitos penales, por lo que carecería de utilidad producir o modificar un tipo penal para incorporar tales conductas.

    Así, por ejemplo, las amenazas mediante las cuales se exija en forma implícita o explícita una conducta no deseada por la víctima, si es que se llegasen a materializar en tocamientos no consentidos en partes íntimas podrían enmarcarse al interior del tipo penal de tocamientos indebidos.

    De igual manera, los acercamientos corporales, roces, tocamientos u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten ofensivas y no deseadas por la víctima, siempre que se realicen con violencia o amenaza, sobre partes íntimas podrán configurar el delito de tocamientos indebidos.

    Asimismo, el uso de términos de naturaleza o connotación sexual o sexista (sean escritos o verbales), insinuaciones sexuales, proposiciones sexuales, gestos obscenos o exhibición a través de cualquier medio de imágenes de contenido sexual, que resulten insoportables, hostiles, humillantes u ofensivos para la víctima, parece claro que podrían subsumirse al interior de la actual redacción del delito de exhibiciones y publicaciones obscenas.

    Sobre la base de todo lo mencionado consideramos que la presente propuesta de ley debe ser desestimada, pues la incorporación del término hostigamiento sexual no coadyuva a una mejor determinación del injusto, sino que, por el contrario, hace de aquel tipo penal uno especialmente complejo e impreciso.

    Finalmente, con relación a las agravantes propuesta, cabe indicar que aquella persona que de manera “reiterada” realiza los actos apuntados líneas arriba, podría sin problema alguno ser calificado de reincidente o habitual. Es más, en caso no se presenten las condiciones para la imposición de dicha agravante cualificada, debe recordarse que en nuestros sistema jurídico también contamos con las figuras del concurso de delitos.

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