Por Alonso Salazar, alumno de la facultad de Derecho de la PUCP y ex miembro de la Asociación Civil THEMIS.

No es extraño ver al Estado metiendo sus manos en asuntos que no le competen o haciéndolo, “cuando le compete”, de manera equivocada. Es normal; es parte del realismo mágico político-legislativo que se vive en el Perú. Un ejemplo es el reciente Decreto de Urgencia 1-2014, en el que se destinan más de mil setecientos millones de soles para ser entregados a funcionarios públicos, policías y otros en la forma de un aguinaldo extraordinario de doscientos soles. Esto, con la finalidad de dinamizar el PBI a la luz de la desaceleración económica. En otras palabras, el Ejecutivo ha decidido, por cuenta propia y no por indicadores del mercado, que darles doscientos soles a algunas personas (gasto que, además, no va acompañado de un incremento en la producción y recaudación de dinero para el bolsillo del Estado) va a acelerar nuestra economía. Seguro que sí.

Lo que quiero decir es que lo que todos ya sabemos: el Estado suele meterse en asuntos que no debería y escudándose con justificaciones populistas. Y si de justificaciones populistas hablamos, la justificación por excelencia es la mejora de la educación. No hay plan de gobierno que no sienta como una de sus principales tareas a la reforma educativa. La mayoría de los problemas que enfrentamos suelen vincularse a la falta de educación o al paupérrimo nivel de esta, y razón no falta. Es por eso que el Estado, atendiendo a su conocimiento especializado en la materia, y como el supremo conocedor de lo que es mejor para todos, aprobó la nueva ley universitaria, para solucionar nuestros problemas educativos.

Los valores más importantes que tienen las facultades universitarias son sus profesores. La universidad no es la que forma al profesional. Lo hace el docente. Aquella establece un régimen educativo y contrata a quienes están en la capacidad para desarrollarlo. Estos son los que, efectivamente, transmiten el conocimiento a los alumnos. Los que los preparan, les dan las herramientas para que se forjen después. Sin embargo, la nueva ley establece reglas ridículas que limitan a los docentes a desarrollar este papel. A continuación, unas cuantas perlas de esta ley.

Para ser profesor se requiere una maestría. ¿Por qué? ¿Quién dice que solo se está capacitado para enseñar, que se tiene el conocimiento y la especialidad en un determinado tema, cuando ha hecho una maestría? ¿En qué estudio se demuestra que los profesores sin maestría no sirven se ampara este sinsentido?

El 25% de los profesores de la universidad deben serlo a tiempo completo. Nuevamente, ¿por qué? ¿Cómo aumenta esto la calidad de la enseñanza? La facultad de derecho de la PUCP solo tiene al 19.8% de sus docentes contratados a tiempo completo y no he escuchado jamás una queja de que esto reduce la calidad de la enseñanza. Más bien, muchos de los mejores abogados de este país ejercen su profesión y trabajan en un estudio jurídico, con lo cual solo pueden dedicarse a la docencia a tiempo parcial. Si esta realidad se extiende a todas las facultades de la universidad, esta se verá obligada a contratar a mayor personal, incurriendo en gastos mayores que, tal vez, no esté en la capacidad de afrontar, y que definitivamente no está en la necesidad de efectuar. ¿Habrá que despedir o dejar de contratar a docentes a tiempo parcial para costear otros a tiempo completo (que, por esta calidad precisamente, requieren un mayor sueldo)? Claro, ese será el problema de las universidades.

La edad máxima para el ejercicio de la docencia en una universidad pública es de 70 años. Cualquier profesor de 70 años para arriba no podrá ser docente ordinario. ¿Ah? ¿No son los años los que nos dan mayor conocimiento? ¿No es la experiencia y la práctica la que hace al maestro? ¿Quién dice que a los 70 años ya no se es apto para dedicarse a la docencia? Qué coherente establecer este límite en un país donde se establece que la expectativa de vida para el pago de pensiones es de 110 años.

Unas pocas de las tantas perlas de esta nueva ley; ley que busca mejorar la calidad de la enseñanza; ley que, a su vez, fue desarrollada por personas que nada saben al respecto. Sino, preguntémosle al presidente de la Comisión de Educación del Congreso, Daniel Mora, quien declaró ante el JNE tener una maestría en la Universidad de Lima y, tras no poder demostrarlo, lo llamó un posgrado pero del que no tiene título. ¿Una persona sin maestría haciendo una ley que dice que sin maestría no se puede enseñar? Por suerte para él, sin maestría –y mucho menos- se puede legislar. De cualquier manera, el plan está hecho. Hemos dado un paso más hacia la deseducación.

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