Una de las secciones más recordadas del programa Sábados Felices es “El vivo vive del bobo”, en donde uno de sus personajes “Tontoniel” (el bobo), un consumidor compulsivo compraba todo los productos que Echeverry (el vivo) le vendía a precios exorbitantes, productos que una vez recibidos, no eran lo esperado por Tontoniel, el cual terminaba su aparición con la frase: “como que me tumbaron”.

Sin lugar a dudas, la protección del consumidor es un tema importante en Colombia. La expedición del nuevo Estatuto de Protección del Consumidor ha supuesto muchos cambios con los que se espera generar una mayor protección de la que se supone es la parte débil de la relación de consumo. Entre las mutaciones más importantes del marco legal referido, el de las garantías ha instaurado una mayor tutela para los consumidores, en procura de que lo recibido por estos corresponda a lo prometido por el oferente.

Así, se contemplan las garantías legales, que son las que la ley ordena que el productor o expendedor debe dar, como: reparar el bien, cambiarlo en caso de repetirse la falla o devolver el dinero al consumidor cuando en este último supuesto aquel lo pida; las suplementarias, que voluntariamente ofrece el vendedor al consumidor ampliando o mejorando la cobertura de la legal; y las implícitas, constituidas por lo que un consumidor razonable espera de un determinado producto para su funcionamiento normal, por ejemplo, el ofrecimiento de comidas en viajes aéreos internacionales.

Ahora, para hacer efectivas las garantías, la ley estableció la acción de protección del consumidor para tal fin, asignando competencia tanto a los jueces civiles como a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para resolver estos procesos, en donde al final si se determina que hay violación del régimen de garantías, se le ordenará al oferente materializar la garantía dada al consumidor.

La gran novedad de esta ley es que además de ser condenado a lo antes dicho, si la decisión final es favorable al consumidor, la SIC y los Jueces pueden imponer a los empresarios una multa de hasta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes  (aproximadamente US$ 46.000)  a favor de la SIC, la que se fijará teniendo en cuenta circunstancias como la gravedad del hecho, la reiteración en el incumplimiento de garantías o del contrato, la renuencia a cumplir con sus obligaciones legales, entre otras.

Esta norma contempla un par de aspectos problemáticos a saber: 1) un incentivo perverso a condenar al empresario por violación de las garantías como regla general, ya que el juzgador obtendría beneficios de ello; 2) Es poco coherente que el beneficio del juzgador (multa), pueda ser inclusive superior al que recibe el propio consumidor, lo cual deja una extraña sensación en este, pues si bien en el Derecho anglosajón se conoce la figura de los daños punitivos la cual tiene por objeto generar sanciones ejemplarizantes (casi siempre superiores al valor propio del mismo daño sufrido por la víctima) a fin de que dichos comportamientos no se repitan, dichas indemnizaciones son para la víctima, no para la entidad juzgadora como se prevé en esta ley.

Un reciente caso puso en evidencia los efectos desproporcionados de dicha norma. Un consumidor adquirió en un almacén una motocicleta por valor cercano a los $3.000.000,oo (cerca de US$1.500), la cual le presentó repetidas fallas mecánicas que, requirieron 3 intervenciones técnicas mientras la misma se encontraba en garantía, con posterioridad a las cuales el consumidor pidió la devolución de su dinero; dado que el almacén no accedió a tal reintegro, la SIC- en uso de sus funciones judiciales- ordenó a dicho almacén retornar al consumidor lo pagado, y adicionalmente, le impuso una multa de $30.800.000.oo (poco más de US$ 15.000), es decir, unas diez veces más de lo recibido por el consumidor ¿Qué piensa de esto? ¿Quién fue el más favorecido con el incumplimiento de la garantía? Pues un tercero que no participó de la transacción y que no se vio perjudicado por su incumplimiento.

Creo que esta norma puede tener dos consecuencias negativas: la primera, los empresarios al hacer un análisis costo–beneficio decidirán asumir pérdidas por el miedo a ser condenados más allá de los límites contractuales (a fin de no pasar de ser Echeverry a Tontoniel); la segunda, dado el riesgo legal que implica la misma, los productores tienen incentivos para transferir el costo de dicho riesgo en el precio, lo que en últimas impediría que más consumidores tengan, dentro de sus restricciones presupuestales, acceso a una mayor gama de productos, pues en últimas algunos se volverían casi bienes de lujo, lo cual es socialmente ineficiente.

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