Artículo republicado originalmente en el diario El Comercio bajo un formato de extensión reducida, con autorización del autor.

Nuestra Carta Magna nos dice que la educación es un derecho fundamental, pero nuestra magna realidad priva a miles de niños de ella. Impedidos en razón de un sinnúmero de barreras; instaladas en la infraestructura de la ciudad, en mentalidades arcaicas y obtusas. Quiénes mejor que determinados colectivos sistemáticamente segregados para conocerlas. Lo traigo a colación porque el pasado 16 de octubre se celebró el Día Nacional de las Personas con Discapacidad (PCD), día para reflexionar y generar una mayor concientización sobre los derechos que asisten a este colectivo y las barreras que impiden su total integración[1]. Barreras, que tratándose de niños se hace aun más acuciante de derribar.

Hace casi dos años, varios celebramos la entrada en vigencia de la Ley General sobre las PCD. No porque no existiese previamente una, sino porque acuñó un concepto novedoso sobre la discapacidad. Inspirada en la Convención de las Naciones Unidas, ésta recoge un enfoque no más trazado en meras limitaciones fisiológicas, sino en aquellas impuestas por la sociedad, por el hombre.

No poder caminar, ver, oír, son deficiencias. Limitaciones como cualquier otra; pero si éstas impiden a uno trasladarse de un lugar a otro, comunicarse o integrarse a la sociedad, no necesariamente se deba a la misma, sino a un entorno que no brinda una infraestructura o instrumentos mínimos para superarlas. Son en ese sentido, barreras que no vienen de adentro, sino de afuera. Precisamente esta concepción de discapacidad como resultado de una deficiencia y una barrera, reflejado en nuevos marcos normativos, ha permitido dirigir el foco de atención a estas barreras aspirando a su progresiva eliminación.

Esta preocupación por permitir una efectiva integración de las PCD desde el Derecho no es reciente, empero. Por lo menos en materia educacional, desde el 2003, con el establecimiento de un Decreto Legislativo (DS No. 026-003-ED) que instaló una política de Educación Inclusiva, se ha venido adecuando el sistema educativo a los estudiantes con el fin de eliminar barreras que les impiden acceder a una educación de calidad. De acuerdo a un informe publicado el año pasado por el Consejo Nacional de Educación , solo el 1.47% de niños y jóvenes con discapacidad están incorporados en el sistema educativo regular en condiciones de calidad. Ello resulta más preocupante si de acuerdo a dicha data, la población con discapacidad que tiene entre 0-20 años tiene en su mayoría una discapacidad leve o moderada, lo que debería facilitar tales procesos de integración.

La idea en sí de instaurar una política inclusiva que permita una ‘normal’ socialización es estupenda; el problema es que a veces la realidad termina desvirtuándola si no se implementa de modo correcto. Cuando no existe una infraestructura adecuada, cuando no tenemos maestros capacitados, cuando la población no está informada o sensibilizada sobre esta problemática, cuando no lo están especialmente los padres de familia, cuando no existe un real monitoreo de estas prácticas, cuando todo ello se da, corremos el riesgo de perpetuar estas barreras.

De ahí que sea necesario reflexionar someramente sobre algunas condiciones que necesitan con urgencia ser revertidas. Una de ellas es la ausencia de un eficaz soporte institucional. Los esfuerzos que pueda realizar la Dirección de Educación Básica Especial (Digebe) pueden resultar en vano si no tiene respaldo de las entidades descentralizadas a nivel regional. Fortalecer una acción intrasectorial con coordinaciones entre los mismos gobiernos regionales y locales, las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) que monitoreen y garanticen la real ejecución de estas políticas, se vuelve entonces, prioritario. Otra preocupación incide en la capacitación de docentes. Por más que tengamos herramientas especializadas, si los maestros desconocen cómo utilizarlas, si no pueden comunicarse a través de distintos lenguajes, si no pueden adaptarse a sus necesidades, códigos de comunicación, a sus múltiples inteligencias, el proceso de aprendizaje indubitablemente se frustrará, pudiendo incluso generar efectos contraproducentes para el alumno, como lo es el retraso escolar. Apena que aun sean pocos quienes cumplen exitosamente con tales habilidades.

Lamentablemente, en el rango de prioridad, estas barreras educativas suelen ser relegadas por otras como la desigualdad social, cultural, étnica o la brecha urbano-rural, éstas que si bien son igualmente preocupantes, merecen ser analizadas como parte de una totalidad que también incluya las relativas a la discapacidad. A todo esto se suman otros problemas, como la falta de data oficial de la población con discapacidad en las regiones que permita efectuar una oferta suficiente de centros de estudios inclusivos o, la falta de presupuesto que requiere la voluntad política de un gobierno que dice enarbolar la bandera de la inclusión social.

Sin desmerecer los avances, sin duda el Estado tiene aun una agenda pendiente en este tema. Diagnósticos existen. La buena noticia es que muchas de estas barreras son fáciles de identificar y susceptibles de ser eliminadas. La mala, es que aun persisten aquellas que viven asolapadas en el inconciente de quienes cegados por prejuicios confunden el “dis” por el “in” en el vocablo “capacidad”. De ahí que el compromiso de incluir a los niños con discapacidad no venga solamente de los maestros, padres o alumnos, sino de la propia sociedad. Por lo pronto, virar hacia una mentalidad más inclusiva implica derribar una de las tantas barreras, cuya peligrosidad a veces resulta más evidente. Generar una cultura inclusiva que ponga en valor la diversidad y pluralidad que enriquece al ser humano, no es una tarea meramente gubernamental.


[1] Hoy 27 de octubre además, se inicia la III Semana de la Inclusión Social, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para presentar los avances, resultados y desafíos que presenta la Estrategia “Incluir para Crecer”. Esperemos la fecha sea propicia para poner sobre la mesa varios temas en relación a la política de Educación Inclusiva del Minedu, las que merecen ser objeto de una rigurosa evaluación para su futura implementación.

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