Por Milo Ruiz González, abogado por la PUCP y ex miembro de la Asociación Civil Themis. 

El 30 de octubre de este año, un grupo de policías se acercaron a la vivienda de Fidel Flores Vásquez para dar cumplimiento a la orden de lanzamiento emitida por la Juez Nancy Araujo Cachay, titular del Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Cajamarca. Lamentablemente, el lanzamiento se tornó excesivamente violento producto de las acciones injustificadas de los poseedores del inmueble (como lanzar bombas caseras y otra serie de objetos) y de los mismos policías; lo que ocasionó la muerte del señor Fidel Flores Vásquez.

Queremos empezar este breve artículo recalcando que repudiamos cualquier exceso en el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú y que lamentamos profundamente la muerte del señor Fidel Flores Vásquez. Sin embargo, no queremos dejar de manifestar ciertas preocupaciones jurídicas a raíz de los comentarios, artículos y opiniones que ha suscitado este lamentable episodio, tanto en medios de comunicación como en algunos espacios jurídicos, referidos al exceso de la violencia por parte de la Policía y la conducta de los poseedores del inmueble.

Nos preocupan una serie de opiniones dadas por autoridades y periodistas que no hacen sino debilitar y deslegitimar la posibilidad de ejecutar una sentencia emitida en el marco de un proceso judicial. Dentro de aquellas frases que lamentamos, hemos escuchado, a modo de ejemplo, algunas que  señalan que “cómo es posible que por una letra impaga te desalojen de tu casa”, “que raro el proceder de la Juez al ordenar el lanzamiento en tan poco tiempo”, “no se debe llevar a un desalojo a policías”, “no puedes desalojar a unas pobres personas que no tienen donde vivir”, entre otras.

Si bien es cierto que resulta triste y lamentable que una persona pierda su vivienda, también es correcto y justo que las deudas sean pagadas y que sea el propio Poder Judicial, después de transitar por un proceso con todas las garantías, el que legitime la posibilidad de hacer valer el derecho de crédito mediante una acción que implique el uso de la fuerza.

En este extremo, es importante resaltar que el señor Flores había perdido el proceso mediante el cual se le exigía el pago de una deuda y, por tanto, es jurídicamente válido y correcto que se proceda a desalojar, para luego rematar, el bien inmueble de su propiedad.

Es importante que los líderes de opinión y los abogados no emitan opiniones, respecto a los extremos jurídicos de este suceso, orientadas por el sentimiento de tristeza que a todos nos produce la muerte de una persona sino que, por el contrario, las opiniones de estas personas, que tienen un rol especial en la sociedad, se basen en explicar que las deudas están para pagarse y si luego de un proceso judicial justo eres vencido, también es correcto que ordenen el desalojo de tu inmueble por más que este sea tu único bien, por más que no cuentes con recursos económicos y por más que no tengas a donde ir. Las leyes están para cumplirse y nosotros, en calidad de ciudadanos, no podemos hacer distingos donde la ley no las hace. No pueden existir diferencias al juzgar y ordenar el lanzamiento de una persona que vive en Cajamarca y otra que vive en una zona acomodada de Lima.

En este caso, el señor Flores había perdido el proceso judicial y por tanto la propiedad de su inmueble únicamente por sus propias acciones (u omisiones) y lamentablemente, trató de frustrar violentamente el cumplimiento del mandato judicial. Ahora bien, es importante precisar, y condenar, que la violencia se ejerció por ambos lados tratando de dañar, por todos los medios, al otro “bando”. En efecto, en nuestro país, suceden esta clase de hechos todas las semanas y, muchas veces, son los policías los que terminan heridos o muertos.

En conclusión, no podemos permitir que la violencia se convierta en un medio para impedir la ejecución de los mandatos judiciales cuando estos no nos gustan y menos aún tratar de satanizar al sistema judicial cuando emite una orden de desalojo (o de cualquier otro tipo) contra personas de escasos recursos económicos.

1 COMENTARIO

  1. El autor cumple con un enunciado jurídico cierto: es el Poder Judicial el encargado de administrar justicia, a nombre del Estado (y éste a nombre de los ciudadanos). Sin embargo la mayoría de los cuestionamientos en el “Caso Flores”, están referidos al uso desproporcionado de la fuerza, de miembros de una institución, como la Policía Nacional, que comparte las funciones de cuidar y proteger a la persona humana (como el principal BIEN JURÍDICO PROTEGIDO), a la par que garantizar el cumplimiento de la ley.

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