Ante la propuesta presentada con la firma de 80 mil ciudadanos, el pasado viernes 07 de noviembre la Comisión de Constitución del Congreso inició el debate sobre la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Ese día en la sesión, las representantes de las entidades promotoras de esta iniciativa señalaron que es necesaria una modificación al artículo 120 de nuestro Código Penal, ya que sancionar el aborto en este tipo de situaciones representa una limitación desproporcional a los derechos de la mujer. Finalizada la exposición, y con las posturas contrarias de las congresistas fujimoristas Martha Chavez y Luz Salgado, se decidió que la discusión continuará en la próxima sesión de esta comisión a fin de definir el rumbo que tomará esta propuesta en el Congreso. Por ello, ante esta coyuntura, en el presente editorial analizaremos la situación jurídica actual del aborto por violación sexual y mostraremos las razones por las cuales esta iniciativa debe ser aprobada por nuestro parlamento.

b39800e1-55ae-4117-90dd-faa49cddcb53

Para empezar, es menester explicar nuestro marco jurídico actual. Como ya es conocido, en el Perú el aborto es un delito que cuenta con distintos agravantes y atenuantes según los sujetos involucrados y la forma cómo se realice. En ese sentido, nuestro sistema jurídico ha tipificado incluso estas prácticas cuando, fuera del matrimonio, el embarazo ha sido consecuencia de violación sexual o inseminación artificial no consentida. Estos tipos penales han sido denominados “abortos sentimentales” y tienen una pena que oscila entre los 2 días y hasta los 3 meses, lo que es comúnmente conocido como una pena simbólica. ¿Qué significa esto? Pues bien, debido a la morosidad del sistema judicial y la baja cantidad de días con los que se castigan estas acciones, para el momento en que se agote la investigación judicial, la acción penal para este delito ya habrá prescrito y no será posible procesar a la persona que lo llevo a cabo. De esta manera, se puede constatar que la pena para estas situaciones no resulta eficaz sino que únicamente se encuentra en nuestro sistema para dar un “mensaje” y “orientar” el comportamiento de las personas.

abortolegal1

Ahora bien, más allá de lo cuestionable que resulta tener este tipo de “sanciones simbólicas” en nuestro ordenamiento, el debate de fondo se sustenta en la siguiente pregunta: ¿se debe sancionar el aborto por violación sexual? Esta discusión no es reciente y, por el contrario, debido a la información empírica que viene de años atrás es posible demostrar que nuestra actual regulación ha sido edificada de espaldas a la realidad. Al respecto, se puede observar que debido a esta normativa se ha empujado históricamente a un conjunto de mujeres que optan por el aborto a vincularse con un entorno clandestino y delincuencial que las arrastra al peligroso mundo de la marginalidad. Así, en un país con profundas diferencias sociales y que cuenta con la mayor tasa de denuncias por violación sexual en America del Sur, se genera una grave situación de injusticia para las mujeres y donde solo las que cuenten con un determinado número de recursos lograrán realizar, con la debida seguridad y asistencia médica, este tipo de medidas.

Déjame-decidir

Por lo señalado anteriormente, nuestro marco jurídico no puede ser ajeno a esta realidad y, por el contrario, existe el deber de plantear medidas para garantizar los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres afectadas. En ese sentido, las soluciones parten por tomar medidas para proteger la libre autodeterminación de la mujer de elegir sobre su propio cuerpo, más aún tratándose de una consecuencia no deseada que pone en riesgo la dignidad y autonomía de estas personas. Bajo esa lógica, y sin dejar de tener presente que también están en juego los derechos del concebido, tanto en Argentina como en Colombia sus organismos jurisdiccionales realizaron una adecuada ponderación entre ambos derechos y señalaron que la penalización del aborto por violación es inconstitucional, pues implica una intromisión desproporcional en el desarrollo de la personalidad de las mujeres. Hay que tener en cuenta que una regulación que obliga a la mujer víctima de violación sexual a tener un hijo de quién abusó de ella, soslaya los grandes perjuicios que podrían desembocar en la salud mental y psicológica de la víctima, los cuales también acarrean un daño para el futuro menor de edad.

aborto 2

En un país como el Perú, donde se pueden estar dando 35 000 embarazos producto de violación sexual al año y donde cerca del 78% de las denuncias por este tipo de abusos provienen de mujeres víctimas menores de edad, resulta necesario plantear cambios para evitar poner a las mujeres en grave condición de vulnerabilidad. Asimismo, cabe señalar que la despenalización del aborto por violación no significa dejar de lado las políticas públicas que combatan las violaciones sexuales, por el contrario, ambas cosas van de la mano. Finalmente, y en la misma lógica, si se llegará a plantear un cambio de esta naturaleza, también resulta imprescindible que el Estado genere las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan acceder a estos mecanismos de forma segura y con la debida asistencia médica. Por ello, si bien el foco central se encuentra en la despenalización de esta situación, también resulta necesario ver el resto de condiciones que hacen falta para que las mujeres en nuestro país vean garantizado el pleno goce y ejercicio de sus derechos.

1 COMENTARIO

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here