El pasado jueves 20 de noviembre, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció una serie de medidas que han abierto un gran debate en su país y en la comunidad internacional. Y es que, ante el grave y relegado problema de los inmigrantes indocumentados, el gobierno de los EE.UU. anunció una acción ejecutiva que suspenderá las deportaciones de millones de personas “sin papeles”. Si bien en el Estado norteamericano existe cierto consenso sobre la necesidad de una reforma del sistema de inmigración, el anuncio ya ha generado una serie de cuestionamientos por parte del Partido Republicano que ponen en peligro la viabilidad de esta iniciativa. Ante esta situación, en el presente editorial se analizará la situación actual del problema migratorio en EE.UU. y la propuesta que quiere llevar a cabo el gobierno.

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Para empezar, es necesario tomar en cuenta que EE.UU. es actualmente el Estado con mayor cantidad de inmigrantes en el mundo, con un grupo conformado por cerca de 45,8 millones de personas que abarca tanto a inmigrantes documentados como indocumentados. Este elevado número de extranjeros es producto de una elevada tasa de ingresos en los últimos años al país norteamericano, donde diversos estudios muestran que entre 1990 y 2013,  cerca de 23 millones de personas ingresaron a este país. No obstante, a pesar de la magnitud de este fenómeno, los distintos gobiernos de EE.UU. se han caracterizado por tomar acciones aisladas ante situaciones límites de deportación, pero hasta el momento ha sido imposible lograr un consenso entre las distintas fuerzas políticas en el Congreso para lograr una reforma del sistema de inmigración que estabilice la situación legal de estas personas.

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Ahora bien, el reciente anuncio de Barack Obama no significa una reforma del sistema, pues se trata simplemente de una medida presidencial sin rango de ley que además puede ser revocada por el próximo gobierno. No obstante, la misma es un avance, pues permitirá realizar determinados cambios en las políticas públicas que suplirán temporalmente la ausencia de acciones por parte del Congreso. Así, la acción ejecutiva anunciada cancelará la deportación de los inmigrantes que vivan ininterrumpidamente en EE.UU. desde antes del 1 de enero de 2010 si cumplen con alguno de estos supuestos: (i) ser padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes legales permanentes que no sean una prioridad de deportación, o (ii) ser indocumentados que entraron a EE.UU. antes de cumplir 16 años de edad. De los 11,8 millones de inmigrantes indocumentados, esta medida beneficiará a cerca de 4 millones de personas que de esta manera, ya no tendrán que vivir bajo la amenaza de una deportación que los separe de su familia y los obligue a regresar a su país. Además, cabe destacar que si bien la medida no tiene la estabilidad jurídica que varios desean, la misma representa la mayor regularización de inmigrantes de las últimas tres décadas.

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Asimismo, cabe resaltar que esta acción ha sido anunciada en un momento político bastante agitado; pues el pasado 4 de noviembre, en las elecciones de medio término, el Partido Republicano recuperó el control del Senado y amplió su poder en la Cámara de Representantes. En ese sentido, la medida presidencial es un claro desafío frente a este grupo político, al poner en la agenda pública un encendido debate sobre la situación de los inmigrantes por el cual el Congreso tiene una deuda pendiente desde hace ya varios años. Hay que recordar que en la reelección de su segundo mandato, Barack Obama recibió cerca del 71% de los votos de la comunidad latina al reiterar su apoyo a una reforma migratoria; demostrando que si otro partido desea volver a la Casa Blanca, requiere mostrarse dispuesto a realizar cambios en la política migratoria del país. Así, las próximas acciones que se realicen desde el Congreso a partir de las decisiones tomadas por el presidente serán cruciales.

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Finalmente, queremos destacar que si bien una reforma integral sobre este tema también acarrea asuntos como la seguridad fronteriza o un sistema de verificación de los empleados e indocumentados, resultaba necesario y urgente tomar acciones sobre el estatus legal de estas personas. Ya la Comisión IDH ha emitido distintos pronunciamientos e informes sobre la situación de los inmigrantes en EE.UU. y ha mostrado su preocupación por que se tomen las medidas necesarias a fin de garantizar sus derechos en determinados supuestos. Hay que recordar que decisiones adoptadas por el gobierno estadounidense también regularizarán la situación de cerca de 1,2 millones de peruanos que viven en EE.UU. Por ello, desde esta tribuna esperamos que el Congreso respete las acciones tomadas por el presidente, y que ello sea el primer paso para retomar un adecuado debate sobre este asunto a fin de lograr una ley que aborde esta problemática.

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