Por Álvaro Gonzalo Osorio Nevado, actualmente desempeña por más de dos años como abogado en la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, con producción de proyectos para el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Capacitador en temas electorales por dicha institución. Especialista en temas relativos a municipalidades de centros poblados y con conocimiento en temas de gobernabilidad y gerencia política. Cuenta con estudios de maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con mención en Derecho Civil y Comercial, y en la Universidad de Lima, con mención en Derecho Empresarial.

Es conocido que lo público es diferente a lo privado; sin embargo, en lo concerniente al Derecho, todo es relativo y por ello resulta común encontrar materias jurídicas relacionadas entre sí con otras ciencias, como las económicas y empresariales. El Derecho Electoral está relacionado al interés público y necesidad pública de atención de políticas democráticas y de gobierno, sean participativas o de control, esencialmente, en virtud del mandato de los ciudadanos en las urnas. Debido a ello, resulta extraño que se ligue al Derecho Electoral con la empresa, por la propia distinción de lo público con lo privado y por razón de la naturaleza de ambos institutos, ya que la empresa promueve potencialmente la actividad privada como eje económico importante para toda sociedad; no obstante, resulta trascendente demostrar con casos prácticos que la empresa interactúa con el derecho en asuntos electorales tanto en etapa electoral y fuera de ésta, pero ¿esta reacción será como la del agua y el aceite en un mismo recipiente?

Sobre la participación de las empresas en etapa electoral debe considerarse que éstas pueden concurrir, exógenamente, en las distintas etapas del proceso electoral, desde su participación como empresas que apoyan o financian la campaña electoral de alguna fórmula, lista o candidatura, hasta la participación como ejes para la difusión de propaganda electoral que busque persuadir el voto popular. En ese lineamiento, estos entes apoyados económicamente por sus financistas pueden estar incursos en procedimientos de verificación y control por parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la cual posee una potestad exclusiva y excluyente sobre el particular, según lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley N.° 28094, Ley de Partidos Políticos, por ejemplo.

Aterrizando en otro supuesto, las empresas de comunicación televisiva y radial están comprendidas en la denominada franja electoral, por lo que su participación es relevante para los asuntos electorales. Siendo la franja electoral un parámetro mínimo, éstas pueden contratar mayor espacio publicitario por propaganda política o electoral. Estos contratos poseen límites, tanto así que el Reglamento de Propaganda Electoral, aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones mediante Resolución N.° 136-2010-JNE, vigente para el presente proceso electoral, determina que los medios de comunicación que, abusando de sus libertades de contratación y de expresión, difundan propaganda electoral con infracción al reglamento, serán denunciados ante el Consejo de la Prensa Peruana, sin perjuicio de remitir el informe correspondiente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que actúe conforme a sus atribuciones.

Sin duda, lo relacionado a la franja electoral genera consecuencias económicas para las empresas del rubro, cuyas rentas provienen esencialmente de espacios publicitarios contratados; sin embargo, lo positivo del asunto lo genera el efecto en la cultura democrática del país, ya que con la difusión de las propuestas de los candidatos se propicia el voto reflexivo del elector, elemento fundamental para todo sistema democrático[1].

Asimismo, las empresas de alumbrado público y comunicaciones alámbricas tienen la obligación de no autorizar el uso de los postes para situar propaganda electoral por razones de seguridad pública; en consecuencia, su actividad en ese aspecto resulta significativa para el normal desenvolvimiento electoral. En la jurisprudencia electoral[2], por ejemplo, se ha determinado que para el caso de la propaganda electoral colocada en postes de alumbrado público, cuyos titulares sean empresas de alumbrado público o de comunicaciones, el órgano competente para regular, controlar y sancionar las posibles infracciones que cometan las organizaciones políticas es la autoridad municipal y no el Jurado Nacional de Elecciones. Además, en el apartado 217.A.4 del Código Nacional de Electricidad se sostiene que, en cuanto a propaganda política en postes de alumbrado público existen prohibiciones, por razones de seguridad, sobretodo en la colocación de letreros, carteles, anuncios y otros accesorios en las estructuras de soporte eléctrico (postes de alumbrado público), a fin de mantener libre de otros peligros el escalamiento de dichas estructuras.

Un claro ejemplo de la relevancia económica de las disposiciones electorales en época electoral, deviene la norma conocida como “ley seca”, la cual restringe el comercio de bebidas alcohólicas por un periodo determinado y con ello reduce los réditos en favor de dicha industria.

Por otro lado, los trabajadores y funcionarios de las empresas públicas (del Estado y Municipales) que pretendan postular a un cargo municipal, por ejemplo, requieren solicitar licencia sin goce de haber por treinta días naturales antes de la elección, generando un efecto económico en la corporación producto de una obligación legal, como la asunción de contingencias laborales; mientras tanto, los directores de empresas del Estado deben renunciar sesenta días antes de la fecha de las elecciones para poder candidatear a un cargo público municipal[3]. Por su lado, para la candidatura a cargos regionales de elección popular solo podrán postular a) los titulares y directivos de las empresas del Estado siempre y cuando renuncien de manera irrevocable ciento ochenta días antes de la fecha de las elecciones, y b) los funcionarios de empresas del Estado si no solicitan licencia sin goce de haber treinta días naturales antes de la elección, la misma que debe serles concedida a sola presentación de solicitud[4]. En consecuencia, las disposiciones electorales guardan notable relación con las empresas, ya que de algún modo afectan sus proyecciones económicas y, sin duda, la de los vinculados a su actividad empresarial.

Fuera de la etapa electoral, la participación de los actores empresariales también es influyente para los propósitos electorales de gobernabilidad y de cumplimiento de las normas electorales. Por ejemplo, en los procedimientos de incidencia electoral indirecta, como los de vacancia de autoridades ediles, sean alcaldes o regidores, específicamente en la causal de restricciones de contratación pública, existe para estas autoridades la prohibición de contratar, rematar obras o servicios públicos municipales, así como están prohibidos de adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes.

En la casuística del Jurado Nacional de Elecciones, esta restricción se ha visto vulnerada por las autoridades que, a su vez, son titulares de la empresa contratante o guardan intereses particulares relacionados con el beneficio producto de la venta un bien o la prestación de un servicio en favor de la municipalidad, es decir, se valen de su posición pública para favorecer intereses personales, descuidando el resguardo del interés público encomendado en las urnas. He aquí otra incidencia empresarial en los asuntos públicos y electorales.

En adición, debe tenerse en consideración que el Estado también ejerce actividad empresarial, de manera subsidiaria, cuando se trate de asuntos de estricto interés público o manifiesta conveniencia nacional, previo mandato legal. Así, a modo de ejemplo, existen empresas de origen público y municipal, como algunas cajas de ahorro y crédito, creadas por ley, u otras de servicios públicos, que no pueden favorecer vía contratación a intereses particulares de las autoridades del concejo al que pertenece la empresa, porque violarían restricciones de contratación y, de ese modo, disposiciones legales de incidencia electoral indirecta que podrían acarrear la vacancia[5] del cargo de la autoridad edil.

Para cerrar con los múltiples ejemplos, aun cuando se trate de época electoral o fuera de ésta, subsiste conexión entre el derecho electoral y las empresas; por ejemplo, existen empresas cuyo objeto social está destinado a la proyección sobre la intención de voto, sondeo de opinión pública (recopilación de datos por los medios de comunicación sin sustento científico) o de realización de encuestas (actividad técnica de recopilación de opiniones por medio de cuestionarios a un grupo de personas), ya sea por cualquier medio de comunicación, a los que el Jurado Nacional de Elecciones autoriza a operar como tales e inscribe en el Registro Electoral de Encuestadoras, con una vigencia determinada de tres años, con posibilidad de renovación.

En consecuencia, los supuestos de interacción entre el Derecho Electoral y la empresa – como eje económico social – existen en la teoría y componen una relación fáctica constante, durante y fuera de los procesos electorales, de referéndum, consultas populares, entre otros, erradicando la premisa de que ambos se repelen en la práctica como el agua y el aceite. Finalmente, resulta rescatable que todo ello suceda en el marco de un Estado social y democrático de Derecho, donde la actuación pública, esencialmente electoral, repercute, social y económicamente con lo privado, y viceversa.


[1] Al respecto, el artículo 176 de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el artículo 2 de la Ley N.° 26859, Ley Orgánica de Elecciones, establece que el Sistema Electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector expresada en las urnas por votación directa y secreta.

[2] Véase las Resoluciones N.° 564-2011-JNE, del 27 de junio de 2011, y N.° 124-2011-JNE, del 16 de marzo de 2014.

[3] Véase el artículo 8, numerales 8.1, literal e, y 8.2, literal d, de la Ley N.° 26864, Ley de Elecciones Municipales.

[4] Véase el artículo 14, numerales 3, literal i, y 5, literal b, de la Ley N.° 27683, Ley de Elecciones Regionales.

 [5] El artículo 22, numeral 9, de la Ley N.° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, constituye una norma de remisión a la causal de vacancia establecida en el artículo 63 de la citada ley, cuyo contenido es el siguiente:

“El alcalde, los regidores, los servidores, empleados y funcionarios municipales no pueden contratar, rematar obras o servicios públicos municipales ni adquirir directamente o por interpósita persona sus bienes. Se exceptúa de la presente disposición el respectivo contrato de trabajo, que se formaliza conforme a la ley de la materia.

Los contratos, escrituras o resoluciones que contravengan lo dispuesto en este artículo son nulos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles y penales a que hubiese lugar, inclusive la vacancia en el cargo municipal y la destitución en la función pública”.

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