Érase una vez un Perú en donde el Estado era empresario. Por el bien de todos los peruanos, este se involucraba en la provisión de cualquier tipo de servicio y hacía empresa con cualquier cosa, desde la telefonía hasta la producción de leche. La instalación de una línea de teléfonos tardaba tres o cuatro años, y los niños que tomaban leche ENCI se quedaban bajos de estatura.

Felizmente, aquellas épocas han quedado atrás, al menos en su mayor parte. Sin embargo, por alguna razón, los peruanos aún no terminamos de aprender del pasado y seguimos manteniendo varias empresas estatales innecesarias. El ejemplo más grande de ello es la empresa petrolera estatal Petroperú.

Con el transcurso de los años, Petroperú ha acumulado una larga lista de tropiezos y desastres que, desde hace un buen tiempo, debieron de considerarse como una señal de que quizás debamos replantearnos su existencia. Solo en el trascurso de este año, Petroperú ha sido responsable de tres derrames de petróleo. El pasado 26 de julio, ocurrió el primer accidente en Loreto y, apenas 4 días después, le siguió uno de mucha mayor gravedad el 30 del mismo mes; 550 personas fueron afectadas luego de consumir pescado y agua contaminados. Estos derrames, al parecer, han sido causados debido a que los ductos de petróleo de esta empresa tienen alrededor de 40 años de antigüedad y están colapsando por su estado.

Pero el desastre no queda ahí. Para remediar el derrame, Petroperú contrató “mano de obra no calificada”. En un reportaje de Panorama, se reveló que con esto, Petroperú empleó a personas sin medidas de seguridad adecuadas, que a menudo tenían que sumergirse en el petróleo derramado usando ropa común. Muchos de estos trabajadores eran menores de edad. Asimismo, el pasado 16 de noviembre se detectó un tercer derrame de petróleo en en el mismo lugar (Loreto).

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Entonces, vemos que este año han ocurrido 3 desastres ambientales casi idénticos por culpa de Petroperú, pero seguimos ignorándolo. Después de todo, el petróleo es un sector estratégico y el Estado tiene que aprovechar nuestros recursos.

¿Pero qué es en el fondo un ‘recurso estratégico’? El concepto de los recursos estratégicos descansa en que existen ciertas actividades cuyo grado de importancia es tal, que deben de reservarse a la actividad estatal para asegurar su aplicación al desarrollo o fines sociales. En algunos casos, esto se fundamentaría –según el salmo de quienes defienden el estatismo en los servicios públicos– en que el Estado no puede ‘abdicar’ de su deber de proveer servicios básicos de forma accesible e igualitaria, con lo cual ello no puede dejarse a la lógica del mercado, puesto que todos tienen derecho a dichos servicios.

Bajo este argumento, muchos siguen insistiendo en que actividades como la provisión de agua y saneamiento, hoy a manos de la empresa estatal Sedapal, no sean privatizadas. No es de sorprender que esta empresa también haya tenido resultados desastrosos: irónicamente, la cobertura de agua potable y saneamiento en la capital ronda tan solo los dos tercios, y aún en algunos casos las personas económicamente menos favorecidas pagan decenas de veces más por el agua (de proveedores informales, los únicos que existen para ellos) que quienes compran agua en los distritos más acomodados. Los servicios estatales son míseros y por lejos peores a los privatizados o concesionados, pero esa es otra historia.

Petroperú no provee ningún servicio público, sino principalmente se dedica al refinamiento de petróleo y a la comercialización de combustibles. Es decir, lo único que justifica la existencia de Petroperú es llevar dinero a las arcas del Estado. Dicho de otra forma, la idea es que el Estado debe tener una empresa de refinamiento de petróleo, porque ello le permite obtener fondos que serán invertidos en el desarrollo del país…o gastados en masajes. El último mes de octubre, el semanario Hildebrandt, En Sus Trece, denunció que, desde el año 2013, Petroperú había contratado servicios de masajes antiestrés con la empresa Servicios Integrales Terapéuticos Six Senses SAC , desembolsando alrededor de 200 mil soles (una gran definición de sectores estratégicos). Como era de esperarse, los representantes de la empresa estatal se defendieron argumentando que el monto había sido mucho menor y que habían cancelado los servicios. La historia quedó ahí y nunca se esclareció cuál fue el monto realmente gastado.

Pero este es solo el ejemplo más pintoresco del malgasto de los fondos que muy socialmente genera Petroperú. En marzo de este año, la misma empresa le pagó al futbolista Paolo Guerrero 350 mil dólares –casi un millón de soles– para usar su imagen en campañas publicitarias (el producto lo tienen acá: un millón de soles “bien gastados”). A su vez, Petroperú ya había gastado más de 200 mil dólares en usar la imagen para campañas promocionales en el 2012. La defensa de Petroperú fue que “como empresa de combustible, siempre tenemos promociones comerciales que tratan de llevar al público información sobre sus productos y sus novedades”. Usted vea el comercial y decida por sí mismo si cree que el comercial sirve para lograr eso y posicionar a Petroperú para generar más ganancias, o si solo busca mejorar la imagen de la empresa estatal frente al público. Esto, al fin y al cabo, no es más que un spot político.

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Citemos un ejemplo más. En setiembre de 2013, los miembros del directorio de Petroperú decidieron subirse el sueldo y se olvidaron de reportarlo al público porque, según el entonces presidente del directorio Héctor Reyes, ello “no era un hecho de importancia”. En ese momento, Reyes se convirtió en el funcionario del Estado mejor pagado, más que el presidente o cualquier ministro.

No obstante, resulta poco sorprendente que los funcionarios públicos que controlan las empresas estatales decidan silvestremente repartirse el dinero que produce la empresa cuando ese dinero no es de ellos, sino de los peruanos. Al fin y al cabo, la razón fundamental por la cual el Estado es un pésimo empresario es que los funcionarios estatales manejan dinero que no es suyo. En una empresa privada, están siempre presentes los accionistas que se preocupan de que esta sea eficiente, justamente porque el dinero que está en juego es el suyo. En cambio, cuando el dinero es de todos los peruanos nadie se preocupa por cuidarlo, y se arma la fiesta. A fin de cuentas, lo que es de todos no es de nadie. La última vez que Petroperú estuvo al borde de la quiebra fue en el 2009, y quebrar en el negocio del petróleo es una hazaña admirable.

Ahora bien, el problema del malgasto de dinero no es el único problema de Petroperú. Lo peor quizás sea que la existencia de Petroperú es abiertamente inconstitucional. Nuestra Constitución establece en su artículo 60:

Solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”.

Es decir, para que el Estado realice actividad empresarial, tiene que cumplir con tres requisitos: 1) necesita autorización expresa por ley, 2) puede hacerlo solo de forma subsidiaria -es decir, cuando la oferta privada no sea suficiente para cubrir el mercado de forma satisfactoria-, y 3) debe existir un interés público que lo justifique.

El primer requisito se da, y el último siempre puede argumentarse. Lo que no puede argumentarse es que Petroperú realiza alguna forma de actividad subsidiaria, pues no existe ningún impedimento para que los privados se encarguen completamente de las actividades que hoy realiza esta empresa. Quienes aún sientan que es una buena idea que el Estado haga empresa para ganar dinero con el petróleo o con cualquier otra cosa tal como lo hacía en los años del general Velasco, pues que pidan la reforma de la Constitución, pero tendrán que ser bastante creativos para justificar que Petroperú, hoy, cumple con la condición de actividad subsidiaria.

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Petroperú, por cierto, no es el único caso, pues existen varias otras empresas que nadie recordó desmantelar. Por ejemplo, el Estado peruano, increíblemente, tiene una empresa de guardaespaldas y anfitrionas llamada Evicsac, la cual se encarga de proveer servicios de limpieza, mantenimiento, jardinería, entre otros.

Si el Estado realmente quiere aprovechar, en favor de los peruanos, los recursos naturales del país, lo que debería hacer es privatizar Petroperú y obtener ganancias gravando razonablemente la actividad petrolera privada bajo una regulación adecuada, tal como manda la Constitución. Lo mismo se hizo con las empresas mineras estatales: luego de años de pérdidas económicas y desastres ambientales, aprendimos la lección y el Estado dejó la explotación minera a la actividad privada bajo concesión. A pesar de que el Estado a menudo fracase en regular y vigilar adecuadamente a las empresas mineras, los resultados fueron incomparablemente mejores. Aparentemente, no supimos aplicar la misma lección a la actividad petrolera.

Mantener Petroperú con vida es una necedad. Ya hemos vivido en el pasado el desastre del Estado empresario y tenemos evidencia de sobra de que Petroperú no es la excepción. Al fin y al cabo, hoy Petroperú es un malgasto de dinero público, un peligro grosero al medio ambiente y una trasgresión de la Constitución. Hace mucho que debimos apagarle las luces a la fiesta.

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