En las últimas semanas, han ocurrido una serie de acontecimientos que nos han invitado a reflexionar. Basta mencionar que en diciembre, una muestra de arte de presos por terrorismo de Sendero Luminoso originó un enfrentamiento verbal entre Daniel Urresti, el Ministro de Interior, y uno de los dirigentes del Movadef. Casi un mes después, se anunciaba que la Procuraduría denunciaría la obra teatral “La Cautiva” por delito de apología al terrorismo. Además, esta semana, el Movadef lanzó un frente para las elecciones del 2016 y se anunció la liberación de Peter Cárdenas Schulte, segunda cabeza del MRTA. Ante esta coyuntura, cabe preguntarse si, a 15 años de la época de violencia en el Perú, somos realmente un país reconciliado.

Para comenzar, cabe recalcar que entre los años 1980-2000, el Perú vivió un conflicto armado interno, en que el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas contra los grupos terroristas Sendero Luminoso y MRTA, sumado a la dictadura de Alberto Fujimori, dejaron como saldo muchas víctimas. Tras este lamentable periodo en nuestra historia, se inició un proceso de justicia transicional a fin de subsanar las violaciones a los derechos humanos cometidas en esta época y así lograr la reconciliación del país. No obstante, para concluir este proceso, es necesario que se cumplan los 4 ejes que lo componen: justicia, reparación, verdad y garantías de no repetición. A continuación, se analizará si el Perú ha cumplido cada uno de estos.

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Como primer componente, tenemos a la justicia, la cual consiste en que aquellos que han cometido delitos sean sentenciados y cumplan efectivamente con sus penas. De esta forma, se evita que exista un ambiente de impunidad y así las víctimas se sentirán resarcidas en este aspecto. En ese sentido, si bien en el Perú se ha sentenciado a muchos de los culpables por estos crímenes y estos se encuentran cumpliendo con su sentencia, se critica que nuestro sistema judicial no haya impuesto mayores condenas. Por ejemplo, la sentencia de Peter Cárdenas por 25 años, pudo haber sido objeto de recurso por la Fiscalía; sin embargo, fue consentida. Además, existen muchos casos que no han llegado a ser judicializados (como el caso de las esterilizaciones forzadas), impidiendo que podamos decir que el Perú realmente haya hecho justicia.

verdad

En segundo lugar, tenemos la arista de la verdad, la cual implica que los familiares de las víctimas conozcan lo que realmente ocurrió y que se cree una verdad histórica para que se conozcan estos acontecimientos. Justamente, el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación buscó esto último, pero debido a su poca difusión- especialmente a nivel educativo- y a las constantes críticas a este por parte de algunos sectores, no se ha alcanzado dicha finalidad. Por otro lado, aún existen familias que desconocen el paradero de sus familiares, como el caso de las familias de Putis que hace 30 años reclaman los restos de 300 personas. Esta situación es apenas un ejemplo, pues hay 15,000 personas desaparecidas y una inexistente ley que agilice su búsqueda.

lugar memoria

El tercer eje es el de la reparación, que reside en compensar a las víctimas desde distintos ángulos. En este aspecto, la creación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CNAM) es sin duda un avance. Esta entidad es la encargada de reparar simbólica, material, individual y colectivamente a las víctimas del proceso de violencia. Efectivamente, algunas víctimas como las de los casos La Cantuta y Barrios Altos han sido reparadas económicamente, pero se critica el monto de las reparaciones de otras. También queda pendiente la culminación del Lugar de la Memoria, que se encuentra en su primera etapa, y que constituye- además de una forma de reparación simbólica- una forma de contribuir a la creación de la verdad histórica. Así, en este eje, a pesar de algunos avances, todavía hay varias cosas que hacer.

No repetición

Por último, están las garantías de no repetición. Para cumplir con este elemento, el Estado debe tomar acciones para que lo ocurrido en este periodo no se vuelva a repetir. Lamentablemente, esto tampoco ha sido cumplido por el Perú, pues el Estado aún no tiene presencia suficiente en algunas regiones como para brindarles los servicios adecuados (por ejemplo, seguridad) para luchar contra el terrorismo. Además, la crítica situación de nuestro sistema penitenciario no garantiza que los 29 presos por terrorismo, que se estima saldrán este año en libertad, realmente hayan sido resocializados. Por otro lado, en tanto no existan políticas educativas que apunten a que esto no vuelva a ocurrir y existan movimientos como el Movadef que pidan la amnistía de los responsables, nada nos asegura que esto no vuelva a suceder.

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Entonces, ¿realmente estamos reconciliados? Desafortunadamente, la respuesta es un claro y rotundo “no”. Si bien existen mayores avances en algunos aspectos, es necesario que todos los ejes se cumplan para hablar de una verdadera reconciliación. Esto se debe a que estas cuatro aristas no pueden trabajarse aisladamente,  pues son interdependientes y necesarias de forma integral.  Es importante destacar los avances, como el pago de las reparaciones económicas y la primera parte del Lugar de la Memoria, pero aún resalta la ausencia de políticas educativas sobre el tema, casos impunes y familias que desconocen el paradero de sus seres queridos. Definitivamente, el Estado debe mejorar las políticas que lleven a la reconciliación. Y los peruanos debemos exigir a las autoridades y funcionarios que esta sea una prioridad. Sin duda, será un proceso gradual y complejo que requerirá mucho esfuerzo. Pero para lograr que entre cautivos y liberados seamos un país reconciliado, debemos comenzar ya.

1 COMENTARIO

  1. LA CAUTIVA
    ¿APOLOGÍA AL TERRORISMO?

    Como se sabe, el terrorismo se caracteriza por la comisión de actos criminales concebidos bajo la idea de provocar — mediante la violencia y la amenaza— un estado de terror en la población a fin de que se adhiera a los propósitos unitarios de sus autores consistentes en socavar la estabilidad de los gobiernos e instituciones democráticamente constituidos.

    Precisamente por ello, la realización de cualquier acto terrorista se considera en nuestro sistema jurídico como un hecho sumamente dañoso al punto de que la sola pertenencia a dicha organización se castiga con no menos de 20 años de pena privativa de libertad (art. 5 del DL n° 25475).

    Un claro ejemplo del categórico rechazo a tal tipo de acciones es la prohibición de la apología en nuestro Código penal, esto es, que se castiga expresamente la alabanza de los actos realizados por aquellas organizaciones subversivas que tuvieron como cometido el desmantelamiento del sistema jurídico estatal.

    Sin embargo, pese a tal mensaje claramente represivo, no deja de sorprender que la sola puesta en escena de una obra de teatro como “La Cautiva” pueda provocar que al interior de algunas instituciones del Estado se defienda la idea de que dicha obra comprende actos de “alabanza a la guerra popular” durante su interpretación y que, en atención a su contenido, se habría configurado el delito de apología .

    Al respecto, consideramos que no cualquier hecho puede configurar el mencionado ilícito, pues es indispensable que manifieste una incitación directa a delinquir, esto es, una provocación a que otras personas sean convencidas a cometer determinados delitos .

    Aunado a ello, también observamos que el Tribunal Constitucional ha indicado ciertos aspectos a tomar en cuenta de cara a la correcta interpretación del delito de apología de terrorismo. Podemos apuntar, en ese sentido, lo siguiente:

    “En consecuencia, la aplicación de este artículo 316 del Código Penal ha de realizarse tomando en consideración los criterios de merecimiento de pena en función de la gravedad del hecho. De ahí que no cualquier expresión de opinión favorable sobre un acto terrorista, o su autor, constituya delito; sino que deben respetarse ciertos límites. Estos son:

    a) Que la exaltación se refiera a un acto terrorista ya realizado;
    b) Que cuando la apología se refiera a la persona que haya cometido el delito, esta debe tener la condición de condenada por sentencia firme;
    c) Que el medio utilizado por el apologista sea capaz de lograr la publicidad exigida por el tipo penal, es decir, que debe tratarse de una vía idónea para propalar el elogio a un número indeterminado de personas; y,
    d) Que la exaltación afecte las reglas democráticas de pluralidad, tolerancia y búsqueda de consenso”. (STC n° 00010-2002-AI/TC) (FJ. 88)

    Tales límites se formularon con el concreto objetivo de salvaguardar importantes intereses —como son los derechos a la libertad de información y expresión— ante ciertas interpretaciones del mencionado tipo penal que podrían representar una injerencia desproporcionada e irrazonable en el núcleo esencial de dichas libertades.

    En otras palabras, si bien se reconoce que la apología del terrorismo no es una conducta irrelevante desde el punto de vista de los bienes jurídicos atacados por esos delitos; lo cierto es que, también se sabe que una interpretación sumamente extensiva podría generar la indeseable afectación de bienes esenciales para el correcto ejercicio de los derechos fundamentales al interior de una democracia constitucional.

    A razón de lo expuesto, consideramos que la puesta en escena de la obra “La Cautiva” no puede comprenderse como un acto de incitación a la realización de actos criminales concebidos para provocar un estado de terror en la población y socavar la estabilidad de los gobiernos y otras instituciones democráticamente constituidas.

    Somos de la idea de que la interpretación de dicha obra no implica un riesgo no permitido, toda vez que —en sintonía con la moderna teoría de la imputación objetiva— es imprescindible tener en cuenta el contexto en el que se realiza dicha supuesta acción de alabanza al terrorismo: en una obra de teatro que se ajusta a un libreto de creación artística , en donde los asistentes tienen en claro se trata de una obra de teatro igual que cualquier otra y que no se está buscando incitar la realización de acto criminal alguno.

    Así las cosas, debe tomarse en consideración que una interpretación mecánica de la disposición que prohíbe la apología coadyuva a la generación de imputaciones sin sustento, esto es, que se encuentran alejadas de cualquier contexto criminal y que, en vez de tutelar importantes intereses a modo de razones subyacentes a la emisión de dicha norma, terminan por afectar o restringir irrazonablemente el margen de libertad de los ciudadanos.

    En ese caso, se podría haber afectado la libertad de expresión consistente en la acción libre de exteriorización o comunicación de pensamientos (ideas) y opiniones de cualquier tipo, que presenta como correlato la prohibición de intervención dirigida tanto al estado como frente a particulares .

    Brevemente, como también lo ha indicado el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a través de su Observación General n° 10 (1983), la libertad de opinión no debe ser objeto de obstáculos en cuanto a su ejercicio , menos aún si estos provienen de una inadecuada interpretación de una fórmula legal que, en vez de comprenderse en armonía con las precisas razones que le dotan de contenido, se prefiere una descontextualizada comprensión de mandato de prohibición.

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