Por Nicolás de la Flor, asociado del Estudio Priori & Carrillo Abogados, especialista en temas de Derecho Procesal y Arbitraje.

La competencia

La competencia es un instituto procesal que se sustenta en la garantía constitucional del Juez Natural[1]; es decir, a contar con un tercero imparcial e independiente predeterminado por ley que resuelva el conflicto. La competencia, además, forma parte integrante del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva y es el modo mediante el que se ejerce la función jurisdiccional, por lo que las normas que lo regulan son de orden público.

La competencia, por tanto, es un elemento esencial dentro del marco de un proceso judicial. Tal como señala Leible, “un firme régimen de competencia crea seguridad jurídica”[2].

¿Cuáles son las modificaciones?

Las recientes modificaciones al Código Procesal Civil en materia de competencia son adecuadas y promueven mayor eficiencia en el sistema procesal. No solo mantienen los principios esenciales de la competencia, amparando la garantía de contar con un Juez Natural, sino que reconfiguran su aplicación de modo tal que el proceso sea más eficiente y menos costoso.

Las modificaciones son las siguientes:

ARTÍCULOS MODIFICADOS MODIFICATORIA – LEY No. 30293
Artículo 35.- Incompetencia
La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio, en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción.”
Incompetencia
Artículo 35.- La incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, turno y territorio, esta última cuando es improrrogable, se declarará de oficio al calificar la demanda o excepcionalmente en cualquier estado y grado del proceso, sin perjuicio de que pueda ser invocada como excepción.”
Artículo 36.- Efectos de la incompetencia
Al declarar su incompetencia, el Juez declarará asimismo la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso, con excepción de lo dispuesto en el inciso 6) del artículo 451.” (*)
Efectos de la incompetencia
Artículo 36.- Sin perjuicio de lo señalado en el artículo 35 el Juez al declarar su incompetencia lo hace en resolución debidamente motivada y dispone la inmediata remisión del expediente al órgano jurisdiccional que considere competente.
Si en los casos indicados en el artículo 35 el Juez a quien se remite el proceso se declara incompetente, se observan las siguientes reglas:
1. Tratándose de un conflicto por la materia, se remite el proceso al órgano jurisdiccional superior de la especialidad. Si los órganos jurisdiccionales en conflicto pertenecen a distintos distritos judiciales, se remite a la sala correspondiente de la Corte Suprema.
2. Tratándose de la cuantía, se remitirá el proceso a la Sala Civil de la Corte Superior correspondiente.
3. Tratándose del territorio, se remite el proceso a la Sala Civil correspondiente de la Corte Superior o de la Corte Suprema, según corresponda.”

Por lo tanto, se identifican tres grandes cambios:

  • Artículo 35: Señalamiento expreso de la declaratoria de incompetencia al calificar la demanda.
  • Artículo 36: El proceso ya no concluye si el juez se declara incompetente.
  • Artículo 36: Conflicto negativo de competencia.

A continuación, se analizará cada una individualmente.

Artículo 35: Señalamiento expreso de la declaratoria de incompetencia al calificar la demanda

Esta es la modificación más superficial que contiene la norma en relación a la competencia. No se trata propiamente de una novedad, sino más bien de una precisión en el modo de redactar la norma. Tanto con la norma anterior como con la modificación, el juez podía declararse incompetente al calificar la demanda y también en cualquier estado del proceso.

La nueva redacción, pese a no modificar tales facultades del juez, tiene por finalidad que la declaratoria de incompetencia se genere, de preferencia, al calificar la demanda, y luego de ello solamente de manera excepcional.

Esto no significa que solo se podrá declarar la incompetencia de oficio al calificar la demanda y no después de tal momento, pero sí se fija un parámetro de acción que deberá ser seguido por los jueces: como regla general se deberá declarar la incompetencia solo al calificar la demanda, y después de ello solo de manera excepcional. Lo que se pretende con tal precisión es evitar que se desarrolle actividad procesal frente a un juez que no es competente (lo que implica pérdida de tiempo y recursos), cuando dicho juez puede declararse incompetente desde un inicio y así no incurrir en los problemas señalados.

Artículo 36: El proceso ya no concluye si se declara la incompetencia de juez.

Esta es la novedad más relevante a nivel de competencia, y se trata de una modificación adecuada que promueve la eficiencia del proceso y la economía procesal sin desproteger los principios constitucionales de la competencia.

Con la norma aún vigente, si se declara la incompetencia del juez, se debe declarar nulo todo lo actuado y dar por culminado el proceso. La única excepción se da cuando se trataba de un supuesto de incompetencia por razón del territorio, cuya consecuencia era que el juez remita el expediente al juez que considerara competente, de acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 451.6[3].

Es decir que con la norma aún vigente el proceso culmina si el juez se declara incompetente, sea ya de oficio o a través de una excepción de incompetencia. Aquel demandante que (cuyo abogado) incurrió en un error al determinar la competencia del juez, debía entonces iniciar un nuevo proceso frente al juez competente, malgastando así tiempo y recursos. Lo más grave de esto es que incluso este segundo juez podría también considerar que es incompetente. La consecuencia de esto: pérdida de tiempo, de recursos y aumento de la carga procesal.

La nueva norma, en cambio, establece un procedimiento mucho más eficiente frente a la declaratoria de incompetencia del juez. Al declararse incompetente, el juez deberá ahora remitir el expediente al juez que considere que sí es competente. Es decir, que el proceso no culmina con la declaración de incompetencia, sino que se redirige al juez que sí es competente, lo que implica, contrariamente a la norma actual, ahorro de tiempo y de dinero. La modificación, por lo tanto, contiene una mejora a nivel de acceso a la justicia y respecto a la reducción de tiempos en el proceso.

Este mismo procedimiento, además, se aplicará también en aquellos casos en los que la declaratoria de incompetencia no se realice de oficio, sino como consecuencia de una excepción de incompetencia declarada fundada, tal como señala el artículo 451 del Código Procesal Civil, que también se ha modificado en ese sentido.

Artículo 36: Conflicto negativo de competencia.

La modificación contenida en el artículo establece un procedimiento de conflicto negativo de competencia para aquellos casos en los que un juez se declara incompetente y remite el expediente al juez que considera que sí es competente, pero este segundo juez también se considere incompetente para resolver el caso.

Frente a ello, la norma establece un procedimiento de conflicto negativo de competencia, estableciendo que serán las Salas Superiores o Supremas (dependiendo del caso), quienes resolverán sobre la competencia que ambos jueces han considerado no tener.

De la flor Flujograma

De esta manera, se prevé el mecanismo que resolverá la incompetencia declarada por los dos jueces y que concluirá finalmente cuál será el juez competente, todo ello dentro del mismo proceso. Sin esta modificación, a la fecha, lamentablemente es factible que luego de que un proceso culmine por la incompetencia de un juez, la misma pretensión sea también objeto de incompetencia frente a un segundo juez en un segundo proceso que culmine de manera similar, dejando al demandante en un estado de inacción, con menos recursos y tiempo perdido. La modificación, como se ha señalado, está cambiando tales normas sobre competencia de modo tal que sean más eficientes y procesalmente más económicas tanto para las partes como para el sistema.

La entrada en vigencia de la norma

La Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil establece el principio de perpetuatio iurisdictionis como manifestación del derecho al Juez Natural, según el cual las normas sobre competencia no se aplican de manera inmediata[4]:

“SEGUNDA.- Las normas procesales son de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite. Sin embargo, continuarán rigiéndose por la norma anterior: las reglas de competencia, los medios impugnatorios interpuestos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado.”

Imaginemos entonces qué sucedería si pocos días antes de la entrada en vigencia de la norma un juez se declara incompetente y declara la culminación de proceso, pero cuando dicha resolución es notificada al demandante, ya se encuentra en vigencia la nueva norma que establece que se debe remitir el expediente al juez competente y no concluir el proceso.

En tal supuesto no se debe aplicar lo señalado en la Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil. El principio de perpetuatio iurisdictionis, como todas las normas sobre competencia, tiene por finalidad garantizar la seguridad jurídica y la independencia e imparcialidad del juez. Es decir, que dicho principio (y dicha disposición final) se debe aplicar únicamente a las normas que contengan reglas para la determinación de la competencia, que no es el caso de la modificación contenida en el Artículo 36, el cual establece solamente un procedimiento de conflicto negativo de competencia, pero no reglas para la determinación de la misma.

Por lo tanto, volviendo al supuesto planteado, lo que debe hacerse es solicitar al juez que se declaró incompetente que –en base a la nueva norma vigente al momento de la notificación de la resolución que declara la incompetencia- remita el expediente al juez competente. Lo contrario implicaría una interpretación equivocada del principio de perpetuatio iurisdictionis en base a la Segunda Disposición Final del Código Procesal Civil y no se aprovecharían las modificaciones realizadas al Código Procesal Civil.

Conclusiones

En su libro “El Proceso” (que aunque parezca, no se basa en el Perú), Kafka señala que “hay que ver lo que duran los procesos en los últimos tiempos!”[5]. El tiempo es definitivamente uno de los grandes problemas del proceso, y nuestro sistema procesal no cuenta con mecanismos que permitan un desarrollo eficiente de los procesos judiciales. A la fecha, solo en un cuestionamiento de competencia, un proceso puede durar más de un año y culminar con la nulidad de todo lo actuado, exigiendo al demandante iniciar un nuevo proceso.

Las modificaciones a los artículos comentados, si bien no reducirán considerablemente la duración de los procesos, sí establecen una regulación eficiente en materia de competencia, manteniendo los principios esenciales de la misma y la seguridad jurídica, pero al mismo tiempo dirigiéndose a promover la economía procesal.


[1] Artículo 139.3 de la Constitución:

193.-Son principios y derechos  de la función jurisdiccional:

  1. La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional.

(…)

Ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos, ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto, cualquiera sea su denominación.”

[2] LEIBLE, Stefan. Proceso Civil Alemán. Dike y Konrad Adenauer Stiftung. Medellín. P 107.

[3]Artículo  451.- Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las excepciones enumeradas en el Artículo 446, el cuaderno de excepciones se agrega al principal y produce los efectos siguientes.

(…)

  1. Remitirlos actuados al Juez que corresponda, si se trata de la excepción de competencia territorial relativa. El Juez competente continuará con el trámite del proceso en el estado en que éste se encuentre. Si lo considera pertinente, aun cuando la audiencia de prueba hubiera ocurrido, puede renovar la actuación de alguno o de todos los medios probatorios, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50.”

[4] PRIORI POSADA, Giovanni. La competencia en el proceso civil peruano. Derecho&Sociedad No. 22. Lima. P 42.

[5] KAFKA, Franz. El Proceso. Editorial Librodot. P 4.

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