Diego Mera, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevista a Diego Macera, Economista Principal del Instituto Peruano de Economía, colaborador en la Unidad de Inteligencia de The Economist y profesor de Economía en la Universidad de Pacífico, sobre la Ley No. 30288, que establece el Nuevo Régimen Laboral Juvenil.

ED: ¿Cuál es su posición con respecto a la Ley que establece el Nuevo Régimen Laboral Juvenil? Y ¿Por qué?

DM: Creo que esta ley es positiva, porque va por el camino de la flexibilización laboral que es un tema que necesitamos revisar urgentemente. Estamos en la mitad inferior de la tabla del World Economics Forum con respecto a flexibilidad laboral, así como en niveles inferiores en temas de facilidad de contratación y despido.

La ley apunta a flexibilizar y dar dinamismo a la contratación de jóvenes de 18 a 24 años, que son una población particularmente excluida de los beneficios laborales (8 o 9 de cada 10 jóvenes no tienen ningún tipo de beneficio laboral). Cuando uno ve publicaciones con cuadros comparativos entre el Régimen Laboral General y el Régimen de la Mediana y Pequeña Empresa (MYPE), hay que tener cuidado, ya que puede resultar engañoso, pues falta un régimen más que comparar: el informal. Este se caracteriza por la ausencia absoluta de vacaciones, días extra, condiciones de seguridad mínima, etc.

Es ahí donde está más del 80% de las personas, y si presentas una tabla en la que no incluyes a este régimen, es un cuadro mal hecho, porque no se incluye a casi nadie. De hecho, en el Régimen General Laboral a tiempo completo solo se encuentra el 2% de jóvenes. Y la ley apunta a ese sector, eso es lo que se tiene que solucionar. Tenemos que incluir a más gente a los beneficios del trabajo formal.

No se está tratando de excluir a alguien, las personas que se han ganado el trabajo, probablemente se lo van a quedar. Se trata más bien de incluir a los que no lo tienen. No es que la ley sea una bala de plata que vaya a solucionar todo el problema de la informalidad. Todavía hay varios temas pendientes como la productividad, la educación, la alineación entre oferta y demanda laboral, etc. Los que recién salen de los colegios o universidades no tienen las capacidades que el mundo laboral exige, estos son temas gravísimos que se tienen que solucionar y que son incluso más graves que la flexibilización laboral, pero son temas que pueden atacarse en paralelo y eso no excluye que lo que se haya hecho ahora esté en el camino correcto.

ED: En una columna suya en El Comercio, menciona la correlación entre los sobrecostos laborales, la informalidad y la inseguridad ciudadana. En este sentido, ¿cree usted que esta nueva ley podría reducir la informalidad y la inseguridad?

DM: Sí, considero que esta ley se ocupa de la informalidad desde el ámbito de la oferta laboral. En cambio, la Ley Mype lo que quería hacer era atacar la demanda laboral; es decir, a las empresas. En este caso, cuando hablamos de informalidad, me refiero a los jóvenes de 18 a 24 años que trabajan en este tipo de condiciones y que podrían entrar a trabajar a empresas- tanto las pequeñas, como las medianas y grandes- de una manera más fácil.

Hay que tomar en cuenta que este régimen no está pensando en las microempresas, pues las mypes ya tienen un régimen parecido, donde ya se les permite cierta disminución de los beneficios laborales, y esta ley no les cambia mucho dicho régimen. Esta ley más bien está pensada en las pequeñas, medianas  y grandes empresas que son de hecho las que tienen mayor potencial para capacitar a los jóvenes. Por ello, si estamos hablando de un joven que va a entrar a una mediana o grande empresa, su posibilidad de incrementar su productividad es grande.

En cuanto a la inseguridad, así como esta ley no es para mypes, tampoco es para jóvenes que ni están en el extremo de ser educados en una universidad privada, ni para jóvenes que están en pobreza extrema. En realidad, esta ley está pensada en los jóvenes que están en el borde de la informalidad y necesitan solo un impulso para pasar a la formalidad. Estamos hablando del transportista de la carretera Sara Carabaya en Puno o el joven que está trabajando en una ferretería en Chiclayo; es decir, gente que podría estar en la formalidad, pero que está justo al borde y necesita solo un impulso para dar el salto.

Por ello, cuando me hablan de que a los administradores de la Pacífico o a los abogados de la Católica les serán recortados sus derechos, pienso que eso no va a pasar, ya que la escasez de capital humano en el Perú no va a permitir que eso pase por un tema de oferta y demanda laboral. Por otro lado, tampoco nos podemos engañar diciendo que todos los jóvenes van a poder trabajar en el sector formal, pues eso tampoco es verdad. Trabajar en el sector formal igual es caro, tenemos S/. 750 como salario mínimo, y no es que todos los jóvenes puedan llegar a estar en este caso.

Ahora, si vamos a asumir que todos los delincuentes están en la parte más baja de la cadena, esta ley no estaría dirigida a ellos. No obstante, dependería de en qué parte de la cadena están los que se meten a la delincuencia. De todas maneras, esta ley es un incentivo para que los empleadores puedan contratar a estos trabajadores que están en el borde y estos puedan saltar a la formalidad.

ED: También se ha dicho que es una Ley que promueve la capacitación, pero según el ex ministro, Javier Neves, ya existe una ley de modalidades formativas que tiene el mismo objetivo. Sabiendo esto, ¿considera que era necesaria la promulgación de esta ley?

DM: La Ley tiene hasta tres aspectos grandes: i) la reducción de los costos laborales oficiales (CTS, gratificación, vacaciones, entre otros); ii) la facilidad de más contratos a plazo fijo; iii) la capacitación. Considero que este último punto se pudo dar de manera más ambiciosa, ya que el 2% de la planilla de repente no es tanto.

La Ley de Modalidades Formativas es una ley de practicantes y aprendices, no una ley para quien acaba la universidad. En cambio, esta nueva ley ataca a la estructura laboral real, pues te permite tener un seguro, una AFP, etc. Esto ya es un paso real en el mercado laboral, lo cual es algo que la ley de modalidades formativas no brinda.

En cuanto a la capacitación, pienso que el régimen pudo haber sido más agresivo, pues hay regímenes similares para jóvenes en Chile, México y España, que además de proveer las facilidades para contratar, son mucho más agresivos en los temas de capacitación. Aún no he revisado el reglamento, pero espero que haya dejado mucho más claro lo que se considera una capacitación. En todo caso, habría que revisar el reglamento para comentar eso.

ED: En una columna suya en Perú 21 usted afirma que la productividad es el camino para el desarrollo sostenido. ¿Cree que la nueva ley es un avance para este objetivo?

DM: La ley es un avance sobre todo en materia de capacitaciones, tal como lo hablamos hace un rato, y en cuanto a permitirle a los trabajadores ganar experiencia en un trabajo formal. No es lo mismo la experiencia que uno puede adquirir en una empresa informal que aquella que uno puede adquirir en una mediana o gran empresa. Yo creo que la clave está más allá de las discusiones sobre el reglamento o no reglamento, la Ley de Despido o la CTS; la clave es estar hablando de productividad, y creo este es un tema que se ha obviado mucho en los comentarios de las dos partes.

El tema de la productividad ha estado ausente, a pesar de que debería ser de lo que se hable ahora. El régimen puede ser más o menos flexible, pero si no aumentamos la productividad, estamos hablando de mejoras a mediano plazo. Los temas de educación, de infraestructura y de eficiencias en el uso de capital son temas que deberíamos estar hablando más, pues son reformas mucho más grandes y de las que deberíamos estar conversando antes de que si el régimen es más o menos flexible.

ED: En su artículo “El baile de los chibolos que sobran”, usted afirma que mayor flexibilidad en el mercado laboral aumentará la empleabilidad de los grupos menos favorecidos. ¿Por qué cree esto?

DM: Ya hay estadísticas internacionales que apuntan hacia esta dirección. Al analizar la población en conjunto, no es claro si la flexibilidad laboral tiene un impacto positivo o negativo sobre el nivel de empleo. Pero cuando hablamos de sub grupos dentro de la población, la flexibilidad laboral sí tiene impactos distintos evidentes. De acuerdo a una investigación de la OECD sobre una muestra de más de 80 países, se demuestra, a través de la econometría y otras técnicas avanzadas, que en general cuando hablamos de mayores niveles de flexibilidad se benefician los que tienen menos educación, sobre todo las mujeres y los jóvenes. Esto se debe a que cuando un régimen es flexible, el empleador se puede dar el lujo de contratar a personas de las que no está tan seguro sobre su productividad, cosa que uno no puede hacer cuando el régimen es rígido.

Si el régimen es rígido, prefiere asegurarse y contratar al que tiene experiencia, generalmente se trata de hombres educados que no tienen ningún problema en insertarse en el mercado laboral. En este sentido, es tristemente gracioso escuchar a políticos que optan por estar a la izquierda del espectro político y dicen luchar por los más pobres, los que menos tienen y por la equidad, cuando ellos mismos fomentan un régimen que excluye a más del 80% de los más jóvenes. En verdad, es todo lo contrario, pues si uno quiere ayudar a ese más del 80% de los jóvenes que no tiene seguro, no tiene vacaciones, no cuenta con las condiciones mínimas de seguridad en el trabajo, no le pagan horas extra, que están en un régimen casi de explotación de la economía informal, ¿por qué no permitir un régimen que les provea beneficios que hoy no gozan? En contraste, debido a la manía que se tiene de defender a menos del 20% de privilegiados, se excluye a los que ellos mismos buscan proteger.

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