Por Ursula Indacochea Prevost, abogada especialista en Derecho Constitucional.

La semana pasada nos recibió con una noticia terrible. El fiscal argentino Alberto Nisman, quien hace solo unos días se atrevió a acusar públicamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrir a terroristas iraníes en un caso de violación de derechos humanos, apareció muerto en su apartamento con una bala en la cabeza. A partir de allí, durante la semana, han ido y venido hipótesis de suicidio y de asesinato, de análisis político y  especulaciones sobre los detalles del caso. Se ha hablado de crisis, y se han dirigido duras críticas a la manera en la que el gobierno argentino viene manejando el asunto en los medios. Me pregunto si alguien advierte todas las voces que quedarán acalladas con esta muerte.

No es poca cosa lo que hacía este fiscal. Fue nombrado en el 2004 para investigar el  atentado terrorista que mató a 85 personas con un coche bomba en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). En el curso de sus investigaciones, había encontrado indicios y hasta material probatorio que vincularía la causa a la máxima autoridad ejecutiva de su país.  Es previsible que parte de esas pruebas desaparezcan y no puedan ser recuperadas. También es innegable que esto afectará las investigaciones y el castigo de los responsables, pues Nisman, quien dedicó años a reconstruir este complejo rompecabezas, ya no está más.

Los jueces y fiscales que tramitan causas de derechos humanos saben lo difícil y peligroso que resulta investigar cuando se rozan las fibras sensibles del poder. Con frecuencia son hostigados, amenazados y sufren atentados contra su vida e integridad, así como la de sus familias. Soportan presiones de todo tipo que afectan su independencia. Son seguidos y perseguidos.

Por eso, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los operadores y operadoras de justicia están dentro de la categoría de defensores de derechos humanos en especial estado de indefensión.

Así lo señala el Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas del año 2006, que identifica los principales obstáculos que encuentran al desarrollar su labor y que reconoce que gracias a ellos, los autores de violaciones a derechos humanos son investigados, procesados y sancionados[1]. El Segundo Informe del 2011, que actualiza el anterior, dedica una sección completa a las garantías de independencia e imparcialidad.

nisman 1

Por otro lado, en su reciente informe titulado Garantías para la Independencia de las y los Operadores de Justicia del 2013, la Comisión ha establecido estándares que se deben cumplir para preservar esta garantía, no solo cuando se seleccionan, nombran, sancionan y destituyen magistrados, sino también durante el tiempo que ejercen el cargo.

Silenciar a un defensor de derechos humanos es particularmente grave. Primero, porque son un elemento clave para que las víctimas de violaciones de derechos humanos puedan acceder al sistema de justicia.

Segundo, porque cuando se silencia la voz de un defensor o defensora, se está acallando también la voz de todas las víctimas cuyos derechos defienden. Y finalmente, como lo ha resaltado la Corte Interamericana, porque los ataques contra defensores multiplican el temor, amedrentando a otros que tramitan causas similares[2]. En buena cuenta, ¿qué otro juez o fiscal se va a atrever, con la misma libertad que Nisman, a desafiar al poder?

Lamentablemente lo que hoy se vive en Argentina, no nos resulta ajeno. Y lo saben las víctimas de los casos que tramitaban los dos jueces asesinados en el 2006, uno en Chimbote y otro en Lima, y los tres fiscales asesinados en los años 2007, 2010 y 2012, en Huancavelica y Casma. Por eso, lo que ocurrió con Nisman nos debe hacer reflexionar. Todas esas voces, como las del caso AMIA, probablemente aún esperan ser escuchadas y reivindicadas en su búsqueda de la verdad.


[1] Otro documento interesante, que analiza los obstáculos reales es el producido por la Fundación para el Debido Proceso Legal: “Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada: los casos de Argentina, Colombia, Ecuador y Perú”, disponible en: http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-insuficiente-prision-preventiva-deformada-los-casos-de-argentina

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Huilca Tecse vs. Perú, Sentencia del 03 de marzo de 2005, Serie C N° 121, párrafo 78.

1 COMENTARIO

  1. Magnifico articulo, querida Ursulita, muy directo y totalmente
    cierto. Es muy importante alzar la voz de los q saben, como es
    tu caso y el de tus colegas. Hay que dar el aviso y poner en alerta
    a todo el Pais y al mundo entero, estas cosas no deben quedar
    impunes y hay que darle escarmiento y castigo a los q delinquen y a
    aquellos q pretenden pasar desapercibidos cuando toman las acciones
    correctivas por su cuenta, perjudicando asi el descubrimiento de la verdad.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here