Tras varios meses de debate, el último miércoles la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de Ley 2959/2013-CGR, presentado por la Contraloría General de la República en el año 2013. Esta propuesta legislativa modifica el artículo 57 del Código Penal y prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena para determinados delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. De esta forma, se genera la obligación en los jueces de dictaminar prisión efectiva para este tipo de delitos y así evitar cualquier escenario de impunidad. Frente a esta situación, el presente editorial analizará esta modificación normativa y cuestionará si realmente podría resultar un medio eficiente para combatir la corrupción.

Para empezar, es menester explicar las razones que generaron esta reforma. Al respecto, en el texto de la propuesta se señala que, entre el 2009 y el 2013, únicamente 10 de los 276 condenados por delitos de corrupción en la función pública fueron condenados con prisión efectiva. Por ende, mediante la modificación del artículo 57 del Código Penal se busca cambiar dicha situación garantizando la prisión efectiva para todos los casos de peculado, colusión y corrupción contemplados en las secciones II, III y IV del Capítulo II del Título XVIII de nuestro Código Penal.

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Ahora bien, no queda duda que luchar y disminuir los índices de corrupción es un fin legítimo y necesario. No obstante, es preciso señalar que el medio elegido para ello no es el más efectivo. Conforme a distintos informes de Transparencia Internacional, podemos ver que los sistemas punitivos más drásticos y con penas más fuertes no han sido medios eficientes para disminuir la corrupción. Un claro ejemplo de ello es China, donde ciertos delitos cometidos por funcionarios se castigan con la muerte y, sin embargo, los índices de corrupción se mantienen intactos. Por el contrario, la información demuestra que la corrupción disminuye en aquellos países donde se han reforzado los niveles de transparencia, institucionalidad democrática y métodos de fiscalización. En ese sentido, la experiencia en diversos países demuestra que medidas como la cárcel efectiva son insuficientes para combatir la corrupción y más bien se requieren reformas institucionales para ello.

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Asimismo, incluso si aceptáramos la tesis de endurecer las penas para combatir la corrupción, la fórmula adoptada por el Estado también es cuestionable. Así, es necesario precisar que existen muchos supuestos que cumplen con todos los requisitos para configurar un delito, pero difieren mucho en la forma cómo se llevan. Para entender mejor ello, podemos tomar como ejemplo el delito de peculado, el cual se puede configurar cuando un funcionario usa gran cantidad de dinero público para su beneficio o usa un vehículo del Estado para trasladar a su familia en alguna oportunidad. Evidentemente, ambos casos deben ser sancionados al ser actos delictivos, pero resultaría desproporcional sancionar al segundo con prisión efectiva. Es por esta razón que los jueces tienen determinado margen de discrecionalidad para aplicar en cada caso en concreto, conforme al contexto y las circunstancias, la pena más justa. Por lo tanto, reducir de forma tan drástica este margen de actuación, pueden ocasionar resultados injustos y poco razonables.

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Desde esta tribuna consideramos que para lograr resultados efectivos en la lucha contra la corrupción se requiere un enfoque en las reformas institucionales y no en las penas. Por ende, resulta necesario darle prioridad a temas como la reforma en la Contraloría de la República para que los funcionarios de control interno no dependan de la Administración Estatal y se aseguren los mecanismos de transparencia para poder prevenir todo tipo de actuar delictivo. Por ello, consideramos que a pesar de que desde el Congreso se ha celebrado bastante la aprobación de esta norma, aún queda mucho por hacer.

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