Por Renata Bregaglio, especialista en Derecho Internacional. Profesora de la Clínica de Acciones de Interés Público, Sección Discapacidad.

El pasado noviembre, se adoptó la versión preliminar del Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Comité́ de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (MESECVI). Para quienes no están familiarizados, el MESECVI es el espacio encargado de analizar los avances en la implementación de la Convención de Belem do Pará por sus Estados parte, así como los desafíos persistentes en las respuestas estatales ante la violencia contra las mujeres. A diferencia de un tribunal o comité que tramita denuncias presentadas por personas, la metodología de control del MESECVI es la evaluación multilateral sistemática y permanente, a través de la generación de espacios de intercambio y cooperación entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de Especialistas.

En este contexto, el informe en cuestión fue elaborado a partir de la información remitida por 19 de los 32 Estados parte (entre ellos, Perú) y de organizaciones de sociedad civil registradas ante la Organización de Estados Americanos, sobre la base de un Sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención. El resultado de este proceso, el informe en cuestión, plantea algunos datos en relación con el grado de cumplimiento de este tratado por parte del Estado peruano, y permite compararnos con el resto de países de la región. A continuación, algunos datos interesantes.

Avances y felicitaciones

1. La penalización de la violación dentro del matrimonio. Según el informe, 14 de 32 Estados no penalizan la violación dentro del matrimonio o unión de hecho. Perú se ubica dentro de los 18 Estados que sí lo hacen.

2. La adopción de planes y políticas contra la trata de personas. A la fecha, Perú cuenta con un Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016. Además, de manera reciente, se ha adoptado la Política Nacional contra la Trata de Personas y sus formas de explotación. Además, Perú (junto con Brasil) reportó componentes de género en los planes nacionales de seguridad.

3. La penalización del feminicidio. El informe saluda la tipificación del delito de feminicidio en los Códigos Penales de los Estados. Sin embargo, llama la atención que para el caso peruano, señale que la norma peruana cae dentro de aquellas que solo tipifican este delito en los casos de pareja o ex-pareja, o como agravante del homicidio de mujeres en ciertos casos.

Esto no resulta correcto, ya que el artículo 108-B del Código Penal peruano abarca los contextos de coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; y cualquier otra forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente. Es claro que la norma excede el ámbito de la relación de pareja y agravante.

Avance parcial, pero aún hay un trecho que recorrer

1. La prohibición de mediación o conciliación en casos de violencia intrafamiliar. Si bien la regulación peruana es un avance respecto a Estados como Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Panamá, Paraguay y República Dominicana, que permiten recurrir a estos mecanismos en caso de violencia, la norma aún es imperfecta. Y es que esta prohibición solo se ciñe a los casos de violencia intrafamiliar, dejando fuera casos de violencia contra la mujer que ocurran en otros ámbitos. El objetivo, por tanto, es logar la prohibición absoluta de recurrir a estas formas de resolución de conflictos en cualquier caso de violencia contra las mujeres, de manera similar a la legislación de Argentina, El Salvador, Colombia o México.

2. La tipificación del delito de trata de personas de acuerdo con el Protocolo de Palermo. De acuerdo con el informe del MESCVI, el Perú se encuentra dentro de los Estados que han implementado el Protocolo de Palermo, tipificando el delito de trata en su Código Penal.

No obstante, el propio informe reconoce la ausencia de información a efectos de conocer de qué manera la aplicación de dicho tipo permite sancionar adecuadamente este delito y no permite generar confusiones. En este punto es preciso señalar que aunque nuestro Código Penal ha sido modificado recientemente para alinearse en mayor medida al Protocolo de Palermo, el nuevo tipo plantea algunos problemas, que pueden revisarse aquí.

Jalados en implementación. ¡Es necesario adoptar medidas ya!

1. La necesidad de sancionar la violencia contra la mujer en el ámbito público. El artículo 2.b) de la Convención de Belem do Pará señala que “Se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar”.

Son nueve los Estados que contemplan esta forma de violencia en sus legislaciones. Lamentablemente, Perú no se encuentra dentro de ellos (aunque sí sanciona de manera específica, algunos supuestos de violencia contra la mujer cometidos en el ámbito público, como es el caso de la trata de personas). Cabe precisar que el dictamen del nuevo del Código Penal, de manera adecuada, elimina toda referencia a violencia contra la mujer en el ámbito familiar, permitiendo abarcar los actos de violencia en el ámbito público.

2. La necesidad de sancionar la violencia sexual en conflictos armados, desastres naturales y en establecimientos estatales. En el caso peruano, debemos tener presente la importancia de este punto, dado que la Comisión de la Verdad y Recomendación recibió testimonios de víctimas, familiares y terceros dando cuenta de una práctica de violaciones sexuales y violencia sexual contra mujeres principalmente, durante el conflicto armado. Como se señala en el siguiente punto, el Código Penal peruano no recoge los crímenes de guerra que requiere implementar el Estatuto de Roma.

3. La tipificación de la prostitución forzada y otros crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional establece en su artículo 7.1.g) que constituye crimen de lesa humanidad, entre otros, la prostitución forzada. De igual manera, el artículo 8.2.a.xxii), señala como crimen de guerra, entre otros, el cometer prostitución forzada. En el marco del principio de complementariedad que establece dicho tratado, el Estado peruano está obligado a recoger en su Código Penal dichos delitos. Lo preocupante no es solo que Perú no los contemple en su normativa penal, sino que el informe del MESECVI considere a Perú como uno de los Estados que sí ha cumplido con dicha implementación.

Como se sabe, nuestro Código no sanciona los crímenes de guerra, con lo cual no es posible hablar de una implementación del delito previsto en el artículo 8.2.a.xxi) del Estatuto de Roma. Por otro lado, el Código recoge los delitos de trata, rufianismo y favorecimiento a la prostitución, que permiten llegar a construir un acto de favorecimiento a la prostitución. No obstante, debe tenerse presente que no es lo mismo hablar de un acto aislado de prostitución forzada que de un crimen de lesa humanidad (dado de manera sistemática o generalizada) por prostitución forzada. Por ello, no es correcto considerar a Perú como un Estado que cumple a cabalidad la implementación de estos delitos. De igual manera, tampoco se ha tipificado como crímenes de lesa humanidad las esterilizaciones y inseminaciones forzadas.

Al respecto debe señalarse como positivo que el dictamen del nuevo del Código Penal implementa de manera adecuada el Estatuto de Roma (y no solo en lo referente a la prostitución forzada).

4. La despenalización del aborto por violación: Si bien no existe un estándar internacional que obligue a los Estados a despenalizar de manera absoluta el aborto, sí existe una clara tendencia hacia la despenalización en caso esté en riesgo la vida o integridad de la madre (aborto terapéutico) y en el caso de violación. Al respecto, el Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer ha solicitado a los Estados reiteradamente que revisen la legislación sobre el aborto y eliminen los castigos para las mujeres que se someten a un aborto, de conformidad con su Recomendación General No. 24 y la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing.

Un comentario final: la necesidad de los aportes de sociedad civil

El balance reseñado toma como referencia lo señalado por el Comité del MESCVI en base a la información recibida respecto del Perú. El problema pareciera ser que mucha de esta información “oficial” no puede ser tan fácilmente contrastable. Por ejemplo, de acuerdo con el informe Perú cuenta con Comisarías, juzgados, juzgados de paz y fiscalías que tienen competencias directas para recibir las denuncias de violencia, así como oficinas de organismos nacionales de protección de derechos humanos que canalizan dichas denuncias. Si bien la información no es errónea, pues existen ciertos mecanismos como los Centros de Emergencia Mujer (CEM), es harto conocido que dichas entidades presentan serios problemas de funcionamiento y presupuesto para hacer frente al alto número de casos de violencia contra la mujer que ocurren en nuestro país. Por ello, se vuelve necesario que el MESECVI permita y promueva la participación de diferentes organismos de la sociedad civil como ya lo hacen los Comités de Naciones Unidas. Esto permitiría una mejor evaluación de la actuación de los Estados en la lucha por los derechos de la mujer.

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