En tiempos de fraude inmobiliario y morosidad creciente hay que ponerse más firme en favor de los acreedores, y sospechar de todo aquel que no publicita sus negocios. En esa línea, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema (Casación 5135-2009) ha fijado posición en materia de prevalencia de derechos sobre bienes. En una tercería planteada por el supuesto propietario de un inmueble embargado, la Corte ha preferido al acreedor embargante porque su derecho estaba inscrito, pese a que el tercerista contaba con título de fecha cierta.

Según el artículo 531 del Código Procesal Civil, la tercería tiene como propósito liberar el inmueble embargado, al verificarse que el bien no pertenecía al deudor al momento de ordenarse la medida de afectación. Un embargo dispuesto sobre un bien ajeno es una anomalía, incluso si el acreedor tiene buena fe, pero a diferencia de otros casos de concurrencia de acreedores, se entendía hasta ahora que era una situación reversible a través del proceso de “tercería excluyente de dominio”. El solo hecho de que el embargo estuviese inscrito no postergaba al propietario que no inscribió. Precisamente para eso existía la herramienta de la tercería, que era una excepción al régimen general de concurrencia de acreedores y prevalencia registral previsto en los artículos 1135, 1136 y 2022 del Código Civil. Empero, la Corte dice que el embargo prevalece porque el acreedor inscribió su derecho y en la partida registral del bien no había ninguna mención al nuevo dueño; es decir, el acreedor tenía buena fe. La fecha cierta del documento que ostenta el propietario no tiene importancia.

La Corte ha tomado una decisión acertada. Si bien los argumentos de la sentencia no son muy explícitos, podemos ayudar a su fundamento diciendo que no había ninguna razón para que el embargo inscrito se perdiera a favor de quien no inscribió, cuando la regla en esta materia, para todos los que pretenden derechos sobre un mismo bien, es la preferencia por la inscripción de buena fe. Tal es el principio que emana de los artículos 1135 y 1136 del Código. El hecho de que el embargo no provenga de la voluntad del deudor no tiene relevancia, pues estamos hablando de un principio del derecho peruano, que además concuerda perfectamente con la necesidad de generar confianza en los acreedores, respecto del patrimonio de sus deudores. El propietario que no registró su derecho pierde ante el acreedor embargante, de la misma manera que perdería ante otro comprador, arrendatario, usufructuario, acreedor hipotecario o quien sea.

La solución es técnicamente correcta. El embargo inscrito de buena fe prevalece como consecuencia de aplicar de manera conjunta todas las normas involucradas, de las cuales surge el principio rector en esta materia: ante varios que quieren el mismo bien, se prefiere al que inscribe primero de buena fe. Con esta interpretación la tercería reduce su ámbito de actuación, pero no desaparece. Ahora la tercería excluyente de dominio solo liberará embargos inscritos si se demuestra la mala fe del acreedor, y para levantar embargos de bienes no inscritos con la prueba de un título de fecha anterior.

Ante un Poder Legislativo lento e incapaz de identificar las reformas urgentes que el Código Civil demanda, el trabajo de la Corte Suprema adquiere enorme relevancia. La jurisprudencia es fuente Derecho, y si se consolida con interpretaciones sólidas tiene el mismo poder que la ley. Sea a través de sentencias como esta, que ya ha tenido tímidos precedentes, o mediante plenos jurisdiccionales, la Corte está asumiendo un rol muy creativo y favorable a la seguridad de los negocios. En tal sentido, hay que alentar la producción de los magistrados y estar atentos a su evolución.

6 COMENTARIOS

  1. Buenas Noches Dr. Mejorada, lo felicito por su artículo y además aprovecho la oportunidad para hacerle una pequeña observación con respecto a esta cita:
    ” La jurisprudencia es fuente Derecho, y si se consolida con interpretaciones sólidas tiene el mismo poder que la ley. Sea a través de sentencias como esta, que ya ha tenido tímidos precedentes, o mediante plenos jurisdiccionales”

    En mi opinión, en este caso concreto del embargo, esta aseveración está soslayando ciertas consideraciones sobre la falta de carácter de fuente de la jurisprudencia, por las siguientes razones:

    Si bien esta sentencia intenta responder a la necesidad de reforma de nuestra legislación considero precipitado sobrevalorarla como fuente del derecho, ya que sería gratuito asegurar que esta sentencia pueda poseer el carácter abstracto y general de las normas jurídicas. El hecho de que, como usted dijo, no había ninguna razón para que el embargo inscrito se perdiera a favor de quien no inscribió, no quiere decir que en otro supuesto similar estas razones no vayan a existir. En este sentido, en la correcta aplicación del derecho, existirían dos fallos que resuelven distinto: Uno que resuelve a favor del Acreedor y otro que resuelve a favor del tercero. ¿ Podríamos llamar a estas dos sentencias contradictorias fuentes del derecho? Evidentemente, no, ya que ninguno podría poseer el carácter de generalidad que se requiere.

    Y esto se conecta con mi segundo argumento: no solo no posee el carácter abstracto y general de las normas, sino que al considerarla fuente del derecho se corre el riesgo de generar inseguridad jurídica, ya que como bien adelanté en el párrafo anterior, la jurisprudencia es cambiante y contradictoria dependiendo de cada caso concreto. Si existen razones suficientes para que como tercero se resuelva a mi favor, frente a un acreedor embargante que inscribió su derecho, aun cuando no inscribí mi bien y aun cuando me es imposible demostrar la mala fe del acreedor ¿Por qué no podría aplicarse conmigo una sentencia distinta y contradictoria? Evidentemente, sí. Y este hecho hace que uno pueda cuestionarse si un precedente como la Casación 5135-2009 pueda ser considerado como fuente del derecho . Ya que corro el peligro de que el juez, en su rol de aplicar las fuentes, quiera aplicar una sentencia, que, justamente, no corresponde: un claro ejemplo de inseguridad jurídica.

    Por ello, considero que no podríamos llamar a esta jurisprudencia fuente del derecho, ni mucho menos sentirnos totalmente aliviados, ya que, como ya mencioné, esta sentencia es solo un intento de respuesta frente a la necesidad de reforma legislativa que nuestro derecho necesita. El derecho anglosajón tiene por lejos más razones para llamar fuente del derecho a su jurisprudencia, pero nosotros, con nuestro sistema judicial, necesitamos reformas, no intentos de respuesta frente a vacíos, ni mucho menos llamar a estas respuestas, fuentes del derecho.

    • Estimado Diego
      Mi comentario sobre la jurisprudencia como fuente del derecho no pretende decir que lo decidido por la Sala Civl Permanente se ha convertido en ley, sino que dicha decisión es parte de un proceso creativo necesario y tiende a consolidarse. En el caso concreto, la experiencia enseña que la postura de una Sala integrada por jueces supremos titulares tiene enorme relevancia en las decisiones de los inferiores, e incluso de sus pares. La interpretación legal en manos de estos magistrados, con el sustento adecuado, generará corriente vinculante, tan poderosa como la ley o más. No olvides que al fin y al cabo el derecho es lo que los jueces dicen que es.

  2. “El propietario que no registró su derecho pierde ante el acreedor embargante, de la misma manera que perdería ante otro comprador, arrendatario, usufructuario, acreedor hipotecario o quien sea”. ¿Qué es lo novedoso de la Casación 5135-2009? ¿Qué el embargo no haya provenido de la voluntad del deudor? Porque de por sí parece ser un principio generalizado y aceptado que quien inscribe tiene la prioridad -bajo los supuestos de la buena fe registral, se entiende-. ¿Cómo se configuró en este caso?

    • Joaquín
      A diferencia de las situaciones ordinarias de concurrencia de acreedores, en las que prima el titular con derecho inscrito (1135 y 2014 del CC), el embargo de bien ajeno no tenía esa solución pues la tercería permitía levantar la medida inscrita a pedido de dueño con titulo de fecha cierta. Para la Sala Civil Permanente esto ya no es así, pese a que el demandante tenía claramente un título con fecha cierta.

  3. Buenas noches, Dr. Mejorada. Estoy totalmente de acuerdo con la posición que plasma en su publicación, y sobre la cual lo felicito. Sin embargo, debo hacer una precisión respecto del artículo 531° del Código Procesal Civil, puesto que éste hace referencia a los supuestos y plazos de caducidad en materia expropiación y no al fundamento o finalidad de la tercería, como sí lo hace el artículo 533° del mismo cuerpo legal y el cual cito: “La tercería se entiende con el demandante y el demandado, y sólo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados judicialmente por medida cautelar o para la ejecución; o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes.
    Sin perjuicio de lo señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales, cuando el derecho del tercerista se encuentra inscrito con anterioridad a dicha afectación.”
    Por otro lado, no cabe duda que la inscripción y la buena o mala fe en ésta son criterios importantísimos y vinculados que deberán ser evaluados y verificados por los Magistrados en aras de una resolución adecuada de los diversos conflictos por tercería.

    • Cuidado, cuando el tercerista funda su pedido en ser titular de una garantía inscrita con anterioridad, no busca levantar el embargo sino solo la preferencia para cobrarse.

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