Por Javier Alonso de Belaunde, abogado por la PUCP.

“No podemos dejar archivados y colgados a los viejos”. La frase del Presidente Pepe Mujica adquiere singular significado en un contexto judicial. La vida es muy breve y valiosa para desperdiciar los últimos años en pasillos de juzgados y cortes.

Quizás Juana Aurora Herrera Valdivia no lo sabía, o no le quedó otra. Tenía 105 años cuando demandó a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) para que cumpliera con reajustar su pensión al “Ingreso Mínimo Legal”. Un precedente del Tribunal Constitucional la amparaba. Incluso la ONP se allanó (reconoció) su pedido. Pero dos años después, luego de incontables escritos, audiencias y gestiones, no había obtenido nada: el Poder Judicial pasó por alto el allanamiento y rechazó su demanda en dos instancias.

El caso llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional, quien corrigió la situación y declaró fundada la demanda[1]. Esta decisión se tomó sin audiencia previa. El TC la eliminó del trámite “dada la avanzada edad de la accionante [y] teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde la interposición de la demanda”. Se desempolvó así el artículo del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional que ordena a todos los jueces “adecuar la exigencia de las formalidades previstas en este Código al logro de los fines de los procesos constitucionales”. Acertadamente se reparó que el proceso de amparo es un proceso de urgencia y que el procedimiento regular, en el caso concreto, pondría en riesgo la tutela. Después de todo, ¿qué podría necesitar más urgencia que el reajuste pensionario al mínimo vital de una persona de 107 años?

Los adultos mayores constituyen un colectivo especialmente vulnerable frente al cual no estamos a la altura como sociedad. En el 2008, la Defensoría del Pueblo presentó el Informe Defensorial N° 135, “Por un acceso justo y oportuno a la pensión: aportes para una mejor gestión de la ONP”[2]. El informe -que requiere una necesaria actualización- revelaba cifras alarmantes respecto al funcionamiento de la entidad encargada de administrar el Sistema Nacional de Pensiones. Por ejemplo, que en una oportunidad el 89% de su personal resultó desaprobado en una evaluación sobre el procedimiento de otorgamiento de pensiones.

Posteriormente, la mirada se tornó sobre la actuación de los abogados que la ONP contrataba para defender los casos pensionarios. En el 2010, el TC calificó la estrategia judicial de la ONP de “Estado de Cosas Inconstitucional”, condenando una política institucional destinada a dilatar o frustrar la satisfacción de los derechos de los pensionistas. Incluso multó a los abogados involucrados, señalando que su defensa “conspir[ó] contra la ética de la profesión legal”[3].

Hoy, el caso de Juana Aurora Herrera Valdivia advierte la necesidad de enfocarse sobre la práctica judicial y la efectividad de los procesos donde se discuten conceptos vinculados al mínimo vital. Ojalá el TC continúe y profundice este camino[4] que genera la esperanza de lograr una real tutela de urgencia vía la simplificación de las formalidades y la priorización de estos casos. Se requiere creatividad y sensibilidad para evitar, parafraseando a Pepe, que continúe el archivamiento de los casos de los “viejos”.


[1] http://tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/00828-2014-AA.pdf

[2] http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/informes/defensoriales/informe-defensorial-135.pdf

[3] http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/05561-2007-AA.pdf

[4] En esa línea, resulta de interés la experiencia colombiana. Su Corte Constitucional desarrolló hace unos años el mecanismo judicial de la tutela por mínimo vital que concedió “a la situación de pobreza un status privilegiado para la atención de justicia y obligando al juez a dejar de lado la pretensión de neutralidad y en su lugar asumir un rol social a favor de los pobres”[4]. LEMAITRE RIPOLL, Julieta. “El Coronel sí tiene quien le escriba: la tutela por mínimo vital en Colombia”. p. 14 Se cita versión online: http://www.escr-net.org/sites/default/files/Julieta_Lemaitre_-_Minimo_vital_ESP.pdf

2 COMENTARIOS

  1. “Después de todo, ¿qué podría necesitar más urgencia que el reajuste pensionario al mínimo vital de una persona de 107 años?”. ¿Y cómo se determina la urgencia? El asunto de la edad me suena a lástima…

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