El pasado 9 de febrero, los pobladores de Pichanaki, ante la inexistencia de una mesa de diálogo, retomaron las protestas iniciadas en septiembre del año pasado por las actividades de exploración de Pluspetrol en la zona. El paro se tornó violento y los enfrentamientos entre la Policía y los pobladores dejaron un lamentable saldo de 1 muerto y aproximadamente 80 heridos. El gobierno ha anunciado el retiro de la empresa argentina de la localidad y la instauración de una mesa de diálogo en los próximos días. Frente a esta coyuntura, el presente editorial analizará cuál es la actuación que debe asumir el Estado en conflictos sociales como este.

Para empezar, cabe precisar que un conflicto social es un proceso complejo en el que grupos sociales, empresas y el Estado perciben que sus intereses son contradictorios, lo cual eventualmente puede derivar en violencia. Este proceso está compuesto por la siguientes fases: : i) temprana, ii) de escalamiento, iii) de crisis, iv) de desescalamiento, y v) de diálogo. Si bien no se cumplen necesariamente en ese orden, es vital identificar los elementos diferenciadores de cada fase para intervenir con soluciones verdaderamente efectivas. Ahora bien, los conflictos sociales se producen fácilmente, ya que son inherentes a la vida social por las mismas diferencias entre colectivos humanos. Por eso, es necesario que el Estado intervenga adecuadamente en cada caso.Captura de pantalla 2015-02-15 a las 14.51.15

Fuente: Defensoría del Pueblo.

Pero, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado frente a los conflictos sociales? El artículo 44 de nuestra Constitución establece que el Estado tiene el deber de garantizar el goce y ejercicio de derechos fundamentales. En ese sentido, debe satisfacer las demandas que muchas veces ocasionan los conflictos sociales y que tienen que ver precisamente con derechos fundamentales como la educación o el medio ambiente. Por otro lado, el Estado debe gestionar adecuadamente el conflicto social. Así, debe atender las controversias existentes mediante “el sistema judicial y constitucional, el aparato administrativo del Estado y las prácticas políticas de representación, en todos sus niveles”. También debe ocuparse de identificar correctamente los posibles conflictos a fin de tomar medidas de diálogo y negociación en la fase adecuada para así evitar que estos deriven en actos violentos. Esto implica detectar los elementos diferenciadores de cada fase y, a su vez, la tipología del conflicto social determinado.

Sin embargo, el Estado no confrontó de esta manera el conflicto socioambiental en Pichanaki. Las protestas comenzaron el año pasado y hubieron alertas de paro calmadas por la promesa de una mesa de diálogo. Con ese conocimiento, el Estado debió hacer seguimiento al problema y establecer los mecanismos de diálogo necesarios. A pesar de eso, no lo hizo, sino que esperó a que la crisis estallará para preocuparse por ello.

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Este conflicto social no hace más que demostrar que el Estado peruano sigue sin saber cómo enfrentar a un conflicto social. Resulta preocupante que el gobierno prefiera esperar a que estalle la violencia entre sus ciudadanos en lugar de prevenir y solucionar los conflictos latentes mediante el diálogo. Actualmente, existen 159 conflictos sociales activos y 51 en estado latente. Esta casa editorial hace un llamado a que las autoridades convoquen al diálogo y a la negociación para evitar que estos conflictos terminen en más muertes y heridos por una respuesta tardía del gobierno.

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