Por José María de la Jara, asociado de Bullard Falla Ezcurra y profesor de Análisis Psicológico del Derecho.

Se acerca el inicio del año escolar y Pedro debe decidir si matriculará a Luis, su hijo de 15 años. Desde afuera – o desde adentro, pero con el aire acondicionado a toda potencia para aplacar el calor de febrero – la decisión parece simple. La realidad es más complicada y, para entenderla, Pedro nos invita a ingresar a su cerebro por un momento.

Las personas de bajos recursos toman malas decisiones de manera consistente. Sí, suena horrible, pero no por eso deja de ser cierto. Cada decisión, desde la elección de nuestra profesión hasta la elección de qué almorzar, requiere que invirtamos energía mental. Esta no es infinita; tenemos un presupuesto cognitivo limitado. Al igual que un carro solo puede marchar si cuenta con gasolina, el ser humano puede tomar decisiones razonadas solo si cuenta con suficiente energía mental en el tanque. Por ello, es más difícil hacer dieta de noche, pues a esa hora ya hemos gastado buena parte de nuestra gasolina y es más fácil que sucumbamos a tentaciones.

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La situación de las personas de bajos recursos es más complicada. La falta de infraestructura (agua, salud, seguridad) implica que deben tomar más decisiones. Como señala Anna Fruttero, “si tú quieres tomar agua limpia, y posees altos ingresos, solo abres el grifo de tu cocina, y bebes. Sin embargo, para una persona pobre requiere ir a la fuente, desinfectar el agua, y repetir tal suceso cuantas veces requiere. No es tan fácil.”

Lo anterior implica que gran parte de la energía mental de Pedro está asignada a decisiones para conseguir servicios básicos. No le es posible avanzar a velocidad crucero; en cambio, la carretera de su día a día está plagada de garitas que le cobran un impuesto cognitivo. Por ello, cuenta con menos combustible para destinar a decisiones importantes como si debe matricular a Luis en el colegio.

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Al respecto, un equipo liderado por la economista Ananda Mani analizó las decisiones de agricultores indios antes y después de la cosecha, pidiéndoles que tomaran pruebas de funciones ejecutivas e inteligencia fluida en cada escenario. La diferencia en los resultados de los agricultores antes y  después de la cosecha fue de 10 puntos de coeficiente intelectual (IQ). Esta diferencia equivale a ¾ del déficit cognitivo asociado a perder una noche entera de sueño.

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Desde esta perspectiva, la pobreza no solo implica carencia de dinero e infraestructura, sino también falta de recursos cognitivos y mayor propensión a decisiones sesgadas. Y en particular, como sugiere Sendhil Mullainathan, un sesgo característico de las personas de bajos recursos es la preferencia intensa por el presente (objetivos de corto plazo).

Volvamos con Pedro. Lo que decida tendrá un impacto profundo en el futuro de su hijo Luis. Él conoce los beneficios de la educación, pero se ve tentado por la posibilidad de contar con mano de obra gratuita. Las investigaciones psicológicas sugieren que podría escoger el segundo camino, por ser un objetivo de corto plazo.

En el Perú, el Programa Juntos es un buen ejemplo de la preferencia por objetivos de corto plazo. Este otorga S/. 200 soles cada dos meses a familias en estado de pobreza y pobreza extrema, siempre y cuando sus hijos cumplan con asistir al menos al 85% de las clases, entre otros objetivos. Como manifiesta la ONG Contribuyentes por Respeto, Juntos aún no tiene un impacto significativo en la educación secundaria, pues las familias prefieren que sus hijos trabajen aun cuando ello signifique dejar de recibir la asistencia estatal.

A nuestro entender los mayores índices de deserción en secundaria no solo son explicados por un aumento de la rentabilidad de la mano de obra de los hijos a medida que crecen, sino también porque dicha situación coincide con la preferencia de padres e hijos de bajos recursos por objetivos de corto plazo (y no tanto por apuestas a largo plazo como la educación).

No obstante, la deserción de la escuela secundaria puede ser paliada poniendo atención al momento en que se otorgan los beneficios, como se muestra en un estudio realizado en Bogotá. Así, Barrera-Osorio y otros tomaron como base las respuestas de familias sujetas a un régimen igual al del Programa Juntos (pago total cada dos meses), y luego lo compararon con un segundo grupo de familias que solo recibía 2/3 de la transferencia, destinándose el tercio restante a una cuenta de ahorros. Dichos ahorros eran entregados a fin año coincidiendo con la época de matrícula escolar. Este cambio en el régimen de pago incrementó en 4% el índice de reinscripción, un aumento significativo sin modificar la inversión de dinero estatal.

Por ello, los esfuerzos para incentivar la educación de niños y jóvenes de bajos recursos no se pueden concentrar únicamente en mejorar la infraestructura y simplificar los procedimientos. Como sugiere el Banco Mundial, prestar atención a la minimización de impuestos cognitivos, a través de incentivos en épocas donde las personas tengan suficiente combustible en el tanque, otorga mayores posibilidades de que la iniciativa sea acogida y se rompa la transferencia inter-generacional de la pobreza.

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