Por Isabel Tello Carbajal, estudiante de Derecho en la PUCP, miembro de la Asociación Civil Themis y asistente de Docencia en el curso de Derecho Procesal Penal dictado por César San Martín y Joel Segura.

En las últimas semanas, Nadine Heredia ha sido el centro de atención de los diversos medios de comunicación por la grave acusación que pesa en su contra: la presunta comisión del delito de Lavado de Activos.

El portal Ojo Público fue quien desató la noticia al publicar el Informe Confidencial de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en el que se concluía que los $ 215 mil que recibió la Primera Dama entre los años 2006 y 2009 fueron sustentados con contratos de trabajo que nunca fueron remunerados.

Precisamente, Nadine Heredia señaló en esa oportunidad que la hipoteca que gravaba su propiedad fue pagada con el dinero que recibió gracias a tres contratos. El primero, con la empresa Centros Capilares, propiedad de Martín Belaúnde Lossio, por la suma de $ 90,000 por un periodo de tres años; el segundo, con Arturo Belaúnde Guzmán, padre de Martín Belaunde, por la suma de $ 50,000; y finalmente, un tercer contrato con el Diario Venezolano Daily Journal, por la suma de $ 4,000 mensuales por sus publicaciones. No obstante, de todos los contratos mencionados, el único que fue pagado realmente -aunque solo en parte- fue el correspondiente al señor Arturo Belaúnde Guzmán, por la suma de $ 17,200.

Sobre el delito de lavado de activos

El delito de lavado de activos se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N° 1106, desde el 18 de abril de 2012, y comprende tres fases: colocación, intercalación e integración. Este ilícito penal puede definirse como el camino de tránsito de los bienes de origen delictivo que se incorporan al sistema económico legal con una apariencia de legalidad asentado en diferentes modalidades empresariales[1].

Gracias a la Convención de Viena de 1988 ha sido tipificado de forma autónoma al delito precedente en razón a la potencialidad ofensiva que presenta, y en razón a ello, diversos autores afirman que la gravedad del delito viene dada por ser un delito pluriofensivo, toda vez que en él “concurren varios bienes jurídicos, cuya afectación o puesta en peligro sucesiva o paralela, se va generando y haciendo preeminente en cada etapa o estación del proceso que siguen las operaciones delictivas que ejecuta el agente”[2].

En ese sentido, cada etapa implicaría la vulneración de un bien jurídico diferente. Así:

“(…) en la etapa de colocación e intercalación se compromete la estabilidad, transparencia y legitimidad del sistema económico financiero; mientras que en los actos propios de la fase de integración se afecta el sistema de justicia penal frente al crimen organizado, al impedir la identificación de los activos que ya adquirieron una apariencia legal frustrando su incautación y decomiso”[3].

Asimismo, la  potencialidad ofensiva se ve manifiesta en la severidad de la pena. Vidales Rodríguez señala que “es la intensidad antijurídica de tales actos la que se integra y engloba en el desvalor que corresponde por cada uno de los intereses sociales afectados que componen esta pluralidad, lo cual opera como parámetro de justificación de la extensión de las penas conminadas para los delitos de lavado de activos”[4]. De la misma opinión es Prado Saldarriaga, quien sostiene que “la pluralidad de bienes jurídicos comprometidos resulta ser una realidad tangible e identificable funcionalmente en la configuración progresiva y actual del lavado de activos”[5]. Precisamente, en la actualidad la sanción penal por la comisión de cualquiera de las modalidades de lavado de activos no es menor a 8 años de pena privativa de libertad y, de presentarse la agravante, se tiene una pena privativa de libertad no menor a 10 años[6].

¿Qué modalidad es la que supuestamente se presentaría en el caso de Nadine?

El ex Procurador Anticorrupción Christian Salas afirmó que podría configurarse el delito de Lavado de Activos bajo la hipótesis de que se haya transferido dinero de procedencia ilícita desde Venezuela a la señora Nadine Heredia, y ella haya introducido este en la economía peruana, a través de sus familiares, bajo la apariencia de remuneraciones por contratos de trabajo[7].

La modalidad expuesta por el Ex Procurador de la Nación es conocida como “Pitufeo” o “Trabajo de Hormiga”. Esta modalidad consiste en:

“el fraccionamiento de operaciones financieras con el fin de no levantar sospechas y/o que las mismas no sean detectadas; pueden ser a través de depósitos o cambio de cheques por otros de sumas menores, para que las efectúen diversas personas, naturales o jurídicas, pero afectando una sola cuenta o beneficiario, operaciones cuyo monto no obligue el diligenciamiento de documentos de control. Método sencillo de ejecutar y difícil de detectar; pues puede burlar el control consolidado de operaciones diarias en efectivo. Otro sistema de pitufeo consiste en evadir el control de operaciones en efectivo mediante la utilización de un mismo “pitufo” en diferentes instituciones financieras donde realiza operaciones para el mismo beneficiario, siempre inferiores a los límites de control diario y consolidado”[8].

En efecto, salta a la vista que los depósitos sean por sumas inferiores a los $ 4,000, en fechas y bancos distintos por familiares directos de Nadine Heredia que no contarían con los ingresos para sustentar esos montos.

¿Reapertura o nueva investigación?

Recientemente, la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio ha dispuesto la apertura de la investigación penal en contra de Nadine Heredia por hechos que, según ha adelantado el Fiscal Castañeda, encargado de la investigación, corresponderían al periodo 2008 y 2014.

No obstante ello, las razones por las cuales nuevamente la Primera Dama es investigada aún no han sido esclarecidas por completo, por lo cual es pertinente revisar tanto la posición Fiscal de archivo como la del Fiscal de apertura de investigación penal.

Lo cierto es que para que haya una reapertura de investigación, el caso debe haber sido archivado previamente por inexistencia de medios probatorios suficientes que permitan esclarecer la comisión del delito. Asimismo, deben existir nuevos elementos que permitan iniciar una vez más las investigaciones.

En atención a lo anterior y las diversas hipótesis que giran en torno a las razones por las cuales es investigada nuevamente, lo cierto es que se han presentado una serie de irregularidades en este caso, por lo cual teniendo en consideración que estamos frente a la presunta comisión de un grave delito y ante una figura pública e importante de nuestro país, como es el cargo de la Primera Dama, es justificado que se exijan explicaciones a fin de que se puedan esclarecer los hechos materia de investigación.


[1] RODRÍGUEZ, Julio, Jorge GONZALEZ MIRANDA y otros. Lavado de Activos.  Documento de trabajo. Facultad de Derecho de la USMP, 2011, pp. 46. Consultado el día 15 de febrero de 2014. http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/trabajo_de_investigacion/2011/13_Lavado_de_activos.pdf

[2] PRADO SALDARRIAGA, Victor Roberto. “El delio de Lavado de Activos”, pp. 211.

[3] Ibídem

[4] VIDALES RODRÍGUEZ, Catalina. “Los delitos de Receptación y Legitimaciín de Capitales en el Código Penal de 1995”, pp. 93 y 94.

[5] PRADO SALDARRIAGA, Victor Roberto. “El delio de Lavado de Activos”, pp. 212.

[6] Artículo 1º.- Actos de conversión y transferencia.- “El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.

Artículo 2º.- Actos de ocultamiento y tenencia.-El que adquiere, utiliza, guarda, administra, custodia, recibe, oculta o mantiene en su poder dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.

Artículo 3º.- Transporte, traslado, ingreso o salida por territorio nacional de dinero o títulos valores de origen ilícito.-El que transporta o traslada dentro del territorio nacional dinero o títulos valores cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso; o hace ingresar o salir del país tales bienes con igual finalidad, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento veinte a trescientos cincuenta días multa”.

Artículo 4º.- Circunstancias agravantes y atenuantes.-“La pena será privativa de la libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días multa, cuando: 1. El agente utilice o se sirva de su condición de funcionario público o de agente del sector inmobiliario, financiero, bancario o bursátil. 2. El agente cometa el delito en calidad de integrante de una organización criminal. 3. El valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados sea superior al equivalente a quinientas (500) Unidades Impositivas Tributarias. La pena será privativa de la libertad no menor de veinticinco años cuando el dinero, bienes, efectos o ganancias provienen de la minería ilegal, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión o trata de personas. La pena será privativa de la libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y de ochenta a ciento diez días multa, cuando el valor del dinero, bienes, efectos o ganancias involucrados no sea superior al equivalente a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias. La misma pena se aplicará a quien proporcione a las autoridades información efi caz para evitar la consumación del delito, identifi car y capturar a sus autores o partícipes, así como detectar o incautar los activos objeto de los actos descritos en los artículos 1º, 2º y 3º del presente Decreto Legislativo”.

[7] Reportaje del Programa “Sin pelos en la Lengua” conducido por Milagros Leiva transmitido el 8 de febrero de 2015.

[8] RODRÍGUEZ, Julio, Jorge GONZALEZ MIRANDA y otros. Lavado de Activos.  Documento de trabajo. Facultad de Derecho de la USMP, 2011, pp. 46. Consultado el día 15 de febrero de 2014. http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/trabajo_de_investigacion/2011/13_Lavado_de_activos.pdf

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