Por Cruz Silva Del Carpio, coordinadora del área Justicia Viva, del Instituto de Defensa Legal.

Las elecciones por la presidencia del Perú en el 2016 “calientan”. El reciente anuncio del ex Ministro del Interior, el más popular del gobierno de Humala y de los últimos 10 años, Daniel Urresti, ha llamado la atención pero no tanto para bien, al punto que su aporte a la vida política del país ha sido comparado por César Hildebrandt con “el poto de Susy Díaz”.

Un viejo dicho aplicado a lo que pasa en el escenario de las elecciones generales para el 2016, rezaría así: que el Perú tiene los gobernantes (y candidatos) que se merece. Alan García y sus cuestionamientos con graves violaciones a los derechos humanos e investigaciones tratadas por la “Megacomisión”; Alejandro Toledo y sus actuales investigaciones por el caso Ecoteva; Ollanta Humala y la sombra del caso “Madre Mía”; el voceado nuevo candidato y la próxima decisión del Fiscal penal Landa por el caso “Bustíos” (sobre la ejecución extrajudicial del periodista en Ayacucho). Pero, ¿realmente nos los merecemos? ¿Qué sucede para que logremos este tipo de resultados? La Ciencia Política e incluso el Marketing político señalan diversas razones: desde la ausencia de una campaña real que origine debate a partir principios de gobierno, méritos y propuestas, la pobreza que dirige los esfuerzos a la supervivencia cotidiana relegando el debate político ciudadano, hasta la lógica de las redes de conveniencia (que involucra incluso la corrupción) del “te apoyo para que luego me ayudes” o el “roba pero hace obra”.

Lo más peligroso es cuando esos criterios de elección de autoridades traspasan el escenario político (que tamaña tarea tiene para enfrentarlos), y llegan al escenario de la elección de funcionarios en el sistema de justicia, que supone hará el control del poder público y privado, y administrará justicia en nombre del pueblo y de acuerdo a la ley y la Constitución.

Por eso, preocupa tanto lo que ha venido sucediendo en las elecciones de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.

Lo descubierto sobre ex consejeros y consejeros actuales ahonda trágicamente en que “todo está perdido” y en la aparición de propuestas que intentan regresar la elección, evaluación y destitución de jueces y fiscales a foros políticos o en combinación de ellos. Esa propuesta, luego de 10 años de evaluación en el IDL, es la peor solución (nada más fatídico que someter la elección de magistrados a alguna fórmula de juego político), pero queda claro que hay serios ajustes que hacer, ajustes que involucran hasta el hacer efectiva la Ley de elección ya existente (debida y amplia convocatoria, evaluación por méritos, debate público de las propuestas, voto fundamentado, máximo escrutinio público, plazos razonables, etc.).

Ejemplos trágicos de esto en la elección de los integrantes del CNM (institución autónoma que rige la selección, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales a nivel nacional) hay varios, y muy pocos se salvan. Un consejero renunció porque, ¡oh sorpresa!, descubrieron que no se inhibió al momento de evaluar a un fiscal muy relacionado a la causa judicial que su hijo patrocinaba, una causa que no era cualquiera sino “La Centralita”. La renuncia resultó como dijo el portal Utero.pe, “bombástica”, y lo más extraño, se acreditó una imagen de injusticia cuando el consejero había participado de muchos problemas en el Consejo.

En el 2009, el Congreso botó a otro consejero por haberse reunido con un postulante a Fiscal supremo, fuera de las instalaciones del Consejo y en pleno proceso de selección. A una actual consejera, se le denunció por presunta falsificación de firmas para llegar al cargo en el que está (denuncia archivada de la que no se conoce públicamente los fundamentos); y corren las preocupaciones ante la posibilidad de que haya participado de la ratificación de la fiscal que le archivó el caso mientras aún lo tenía en su despacho. Otro consejero fue fotografiado en una cena con ex procesados en casos de corrupción a los días de haber sido elegido presidente del CNM; y otro consejero tuvo que inhibirse tardíamente del proceso de ratificación de un juez del Callao al evidenciarse que su amigo era abogado del juez y que los tres habían participado de la boda del letrado en Colombia.

Actualmente, se está por debatir en el Congreso el que un actual consejero, al igual que su antecesor del 2010, se haya reunido con un candidato a la plaza de Fiscal Superior titular especializado contra la criminalidad organizada, en el hotel Sheraton y durante el proceso de elección. Una denuncia que no impidió que sea nombrado antes del ampay como vicepresidente. Y por si fuera poco, el abogado elegido para asumir el cargo este 02 de marzo en nombre de las universidades privadas (es decir, en nombre de la PUCP, la Ruiz de Montoya, la Pacífico, la de Lima, la Cayetano, la UPC, etc.), acaba de ser objeto de una denuncia pública, pues no cumple con el perfil para ser consejero: una sentencia de declaración de paternidad pesa en su contra, una sentencia por alimentos, y una actual demanda por otros dos menores hijos, entre otras cosas. Hoy, el Pleno del CNM está por analizar si lo juramenta o no en el cargo, en un hecho sin precedentes, pero de sana y necesaria defensa de la institucionalidad del Consejo (algo que el CNM ya ha hecho antes).

Resumen: las cosas no están nada bien. Y lo peor, es que podrían estar peor (ojalá no hubiera redundancia). Una clave está en las normas de elección y su real eficacia (por lo que se ha pedido que las elecciones se anulen y se hagan como se debe). Otra clave, sin duda, está en los criterios de votación de los votantes por los nuevos integrantes al CNM: abogados, otros profesionales colegiados, rectores de universidades públicas y privadas, jueces y fiscales supremos. Criterios que al parecer coincidirían en algo con aquellos que nos ponen contra la pared en las elecciones políticas generales; pero que ahondan en los peligros del Estado de Derecho y real control del poder.

Una clave más es que en los procesos de elección de los consejeros del CNM, todos, absolutamente todos, prestemos atención a lo que pasa y nos pronunciemos por sus resultados y la imposición de sanciones cuando deban darse (la remoción, la vacancia, incluso debiéramos pensar en la inhabilitación profesional). La elección de los abogados es en abril, y la de los demás profesionales en mayo (tendremos 3 nuevos consejeros de 7). Teniendo en cuenta el tiempo que los nuevos consejeros del CNM asumen el cargo, de esa voz dependerá la justicia que tengamos en los próximos 5 años.

1 COMENTARIO

  1. felicitaciones mujeres como tu y profesional a carta cabal deben estar ocupando un lugar en el estado ,no como se a venido haciendo puro compadrazgo amigasos,familiares, eso hay que eliminar ese sistema ,deben de ingresar profesionales a carta cabal y mas que todo con valores ética para gobernar nuestro país

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