En el Perú se falsifican instrumentos de todo tipo, se suplantan personas, se simulan procesos, a veces hasta con el concurso de fedatarios oficiales, y finalmente se accede a los Registros Públicos casi sin resistencia.  Por más que el Estado se afana en crear trampas para contener a los delincuentes (alerta registral, inmovilización de partidas, bloqueo provisorio, entre otras), el día a día muestra que los asientos registrales son vulnerables y permiten el despojo injusto.

Es ingenuo creer que el sistema punitivo podrá disuadir o encerrar a los usurpadores registrales, eso no ocurrirá. La realidad está plagada de pequeños “Orellanas” que actúan con perfil bajo, pero son igualmente peligrosos. Hay que hacer algo pronto. Propongo la implementación de una contraseña por cada partida. A la manera de los bancos, quien pretenda ingresar en la partida para modificarla debe consignar una contraseña secreta en la ventanilla de los Registros Públicos. Todo propietario registral debe contar con una contraseña que se le otorga desde la inmatriculación, con la posibilidad de cambiarla cuantas veces quiera. Los criminales podrán sustituir personas y documentos, pero jamás una contraseña de al menos 4 dígitos. Es decir, el acceso a los Registros estará “en manos” de los titulares o de aquellos que reciban el encargo de iniciar el trámite, para lo cual tendrían que saber la contraseña. ¿A cuántas personas confía usted su clave de la cuenta bancaria? Supongo que a nadie, o a muy pocas. Lo mismo tendría que ocurrir con la contraseña registral.

Para los actos registrables de origen no convencional como las sentencias, laudos arbitrales y actos administrativos, una autoridad especial tendría que proporcionar una clave maestra que permite el acceso a la partida, aun contra la voluntad del dueño.  La entrega de esta llave especial no supondría un control de legalidad del acto ni mucho menos, pero sí la verificación de identidad de los gestores, quienes tienen que acudir personalmente a recabar la clave maestra. Este solo hecho es disuasivo de suplantaciones y otros actos fraudulentos.

Se podría creer que este mecanismo es imposible en un país pobre y atrasado tecnológicamente, pero no es así. El sistema de inscripción es electrónico en todo el Perú; es decir, la base informática ya existe, incluso las claves que los registradores deben consignar para modificar las partidas.  Ahora se trata de generar contraseñas para todos los usuarios, lo que supone un software especial que se debe adquirir de las empresas más especializadas del mercado, como lo hacen los bancos. Si creemos que los criminales contratarán hackers para copiar las claves e ingresar a las partidas, estamos perdidos. Si eso fuera posible, los asientos del registro cambiarían a gusto del crimen en todo momento y sin necesidad de pasar por la ventanilla. Entiendo que aún estamos a salvo de tal arremetida.

Dotar a todos los propietarios de una clave suena muy engorroso y podría serlo. Sin embargo, el sistema se puede implementar poco a poco; por ahora, entregando la contraseña a pedido de cada propietario con derecho inscrito, y de oficio a los titulares que ingresan por primera vez al registro. No seamos roñosos con las herramientas para proteger la propiedad.   Los dueños necesitan conservar sus bienes, igual que los fondos de sus cuentas de ahorros. Hay que usar pues la misma protección que los bancos, aun si eso supone gastar más en sistemas informáticos y seguridad electrónica.

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