Por Renata Bregaglio, especialista en Derecho Internacional. Profesora de la Clínica de Acciones de Interés Público, Sección Discapacidad.

El 20 de noviembre de 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó su más reciente sentencia contra el Estado peruano, referida al Caso Espinoza Gonzáles vs. Perú. En ella concluyó que el Estado peruano vulneró los derechos a la libertad personal (artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), integridad personal (artículo 5), protección de la honra y dignidad (artículo 11), garantías judiciales (artículo 8) y protección judicial (artículo 25), además del incumplimiento del deber de no discriminar (artículo 1.1), en perjuicio de Gladys Carol Espinoza Gonzáles. En los últimos días diferentes medios de comunicación (ver aquí, aq y aquí) han cuestionado la sentencia básicamente por los siguientes argumentos: 1) el monto de la reparación económica ordenada (US$ 105 000) resulta demasiado alto considerando la pertenencia de Gladys Espinoza al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA); 2) la sentencia obliga a abrir un proceso disciplinario a los jueces peruanos que conocieron el caso en sede interna, lo que está vinculado al hecho de que en el fuero interno no constató la existencia de actos de violencia sexual y tortura, por lo que la Corte no puede señalar que estas ocurrieron; y 3) lo obtenido por Gladys Espinoza revela una estrategia de estos movimientos subversivos para reactivarse y empoderarse, tal como ha ocurrido con el caso de Mónica Feria Tinta, resuelto por la Corte Interamericana en el año 2012, donde también se declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano, lo cual estaría sirviendo de plataforma para que el Sistema Interamericano declare nula su condena.

Al respecto, resulta necesario mirar las cosas con un poco de perspectiva y contando con mayores insumos que los proporcionados por los medios. Veamos:

Los hechos

Los hechos del caso se enmarcan en el conflicto armado vivido en el Perú entre los años 1980 y 2000. En este contexto, en 1993 Gladys Carol Espinoza Gonzáles fue interceptada junto con su pareja por agentes de la Policía Nacional del Perú y fueron trasladados a un centro policial por ser parte del MRTA, para luego ser ubicada en las instalaciones de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (DINCOTE). Muy aparte de su responsabilidad en los hechos imputados (es decir, asumiendo que es plenamente responsable de estos), Gladys Esponiza estuvo detenida bajo condiciones extremas e incomunicada de sus familiares, sin contar con la posibilidad de interponer un recurso de hábeas corpus u otra garantía durante la vigencia, debido a que el Decreto Ley Nº 25.659 establecía su improcedencia para los detenidos, implicados o procesados por los delitos de terrorismo.

Gladys Espinoza, además, fue juzgada y condenada por el fuero militar en junio de 1993 (fuero que como ha sido desarrollado por amplia jurisprudencia, al ser utilizado para juzgar a personas civiles vulnera la garantía de independencia e imparcialidad judicial). Es recién en febrero de 2003 (10 años después) que la Corte Suprema declaró nulo todo el proceso y ordenó volver a juzgar; de esta forma, se condenó a Gladys Espinoza en el 2014 a 25 años por el delito contra la Tranquilidad Pública – Terrorismo (plazo que vencerá el 17 de abril de 2018).

Ahora bien, luego de su detención y durante los referidos procesos penales, Gladys Espinoza manifestó haber sido víctima de actos de violencia durante esta, así como de actos de tortura, violación y otras formas de violencia sexual. A pesar de estas denuncias y de los informes médicos que constataban su estado de salud, no hubo investigación alguna sobre los alegados actos de violencia, y en particular de violencia sexual. Fue recién en el 8 de junio de 2011 (casi 20 años después), cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos notificó al Perú el Informe de Admisibilidad y Fondo, que se iniciaron las investigaciones correspondientes.

La sentencia

En su sentencia la Corte Interamericana dio por probados los hechos. En relación con los actos de violencia sexual, la Corte señaló lo siguiente:

(…) la Corte encuentra suficientemente acreditado que, durante su permanencia en instalaciones de la DIVISE y la DINCOTE en abril y mayo de 1993, Gladys Espinoza fue vendada, interrogada con relación al secuestro de un empresario, desnudada forzosamente, amenazada de que la matarían a ella y a su familia, de que la desaparecerían y de ser contagiada con “el SIDA”, y agredida físicamente en reiteradas oportunidades y de distintas formas, entre ellas, mediante golpes en todo su cuerpo, inclusive en las plantas de los pies, la región lumbar y la cabeza. Además fue atada y colgada, y su cabeza fue sumergida en aguas fecales. También escuchó los gritos de su pareja sentimental, Rafael Salgado. En el mismo sentido, la Corte considera probado que la señora Espinoza Gonzáles fue objeto de manoseos, penetración vaginal y anal con manos y, en este último caso, también con un objeto. Asimismo, le jalaron los senos y vellos púbicos y uno de sus agresores intentó meterle el pene en su boca.

De igual manera, la Corte determinó que durante su detención, Gladys Espinoza fue golpeada y amenazada de muerte, lo que calificó conforme a su jurisprudencia como un acto de tortura. De acuerdo con reiterados pronunciamientos de la Corte, la tortura se produce cuando se constata un maltrato que a) sea intencional, b) cause severos sufrimientos físicos o mentales, y c) se cometa con cualquier fin o propósito. Estos elementos estuvieron presentes en la detención de Gladys Espinoza, en particular por i) las condiciones de detención en el centro penitenciario; ii) el régimen para procesados y/o sentenciados por terrorismo y traición a la patria al que Gladys Espinoza fue sometida, iii) la ausencia de atención médica especializada, adecuada y oportuna, ante el deterioro de su salud, evidenciado en los informes médicos practicados en aquella época, y iv) la magnitud de la fuerza utilizada en su contra en el marco en una requisa ocurrida en el Establecimiento Penitenciario de Yanamayo, donde se encontraba detenida en 1999.

Finalmente, en materia de reparaciones la Corte ordenó al Estado peruano, entre otros: i) abrir, impulsar, dirigir, continuar y concluir, según corresponda y con la mayor diligencia, las investigaciones y procesos penales pertinentes, a fin de identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de las graves afectaciones a la integridad personal ocasionadas en perjuicio de Gladys Espinoza; ii) desarrollar protocolos de investigación para casos de tortura, violación sexual y otras formas de violencia sexual, de conformidad con los estándares indicados en la sentencia; iii) incorporar en los programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a quienes están encargados de la persecución penal y su judicialización, los estándares establecidos en la sentencia; iv) implementar un mecanismo que permita a todas las mujeres víctimas de la práctica generalizada de la violación sexual y otras formas de violencia sexual durante el conflicto peruano tener acceso gratuito a una rehabilitación especializada de carácter médico, psicológico y/o psiquiátrico dirigido a reparar este tipo de violaciones; y v) pagar la reparación señalada (US$ 105 000).

El análisis de las críticas

A partir de lo señalado, resulta sencillo desbaratar los argumentos en contra de la decisión de la Corte. Respecto al monto de la reparación, si uno lee la parte considerativa de la reparación económica (párrafo 334 de la sentencia), descubre que el pago de US$ 105 000 no es exclusivo para Gladys Espinoza. La Corte ordena el pago de US$ 60 000 por los daños inmateriales sufridos por Gladys Carol Espinoza Gonzáles; el resto es otorgado a Manuel Espinoza Gonzáles (US$ $5 000) y Teodora Gonzáles de Espinoza  (US$ 40 000), hermano y madre de Gladys Espinoza, respectivamente, por los daños inmateriales sufridos por la angustia mientras su familiar se encontraba detenida sufriendo actos de violencia extrema. En este sentido, la reparación solicitada por la Corte por los actos de violencia vividos por Gladys Espinoza es de US$ 60 000. Sobre este punto, debemos señalar que la cifra dada por la Corte no dista de lo ordenado en anteriores ocasiones. En los casos Rosendo Cantú y Fernández Ortega resueltos en el 2010, ambos contra México, y con hechos similares (afectación a garantías judiciales por fuero militar y actos de violencia sexual), la Corte ordenó la reparación inmaterial por US$ 50 000 y US$ 60 000 respectivamente.

En segundo lugar, en ningún momento la Corte ha ordenado abrir proceso disciplinario a ningún juez. Claramente la Corte establece en su párrafo 308 que “el Estado debe, en un plazo razonable, abrir, impulsar, dirigir, continuar y concluir, según corresponda y con la mayor diligencia, las investigaciones y procesos penales pertinentes, a fin de identificar, procesar y, en su caso, sancionar a los responsables de las graves afectaciones a la integridad personal” ocasionadas a Gladys Espinoza. La investigación y proceso penal deben ser, según corresponda, por los actos de tortura, violencia sexual y violación sexual de los que fue víctima Gladys Carol Espinoza Gonzáles.

Si bien es cierto que en su sentencia la Corte cuestiona la valoración de las pruebas y testimonios de las mujeres víctimas de violencia por parte de los operadores de justicia, lo cual deja entrever que la actuación de los jueces y operadores policiales fue deficiente, en ningún momento se ordena la sanción a jueces. Por el contrario, la Corte es enfática al señalar que a quienes debe sancionarse es a los funcionarios que cometieron los actos de violencia y tortura contra Gladys Espinoza.

Finalmente, en relación con la supuesta estrategia de utilizar el Sistema Interamericano para desbaratar la soberanía del Perú en el procesamiento de los casos de terrorismo, debemos precisar que la solicitud de interpretación de sentencia presentada por Mónica Feria Tinta, resuelta el 20 de noviembre de 2014, tuvo dos planteamientos centrales. El primero, solicitado por los representantes de Mónica Feria, giró en torno que se aclare si la sentencia interna de la jurisdicción militar que anuló la absolución (y que fue considerada vulneratoria de garantías procesales por parte de la Corte), generaba la absolución de la víctima como medida de restitución. Al respecto la Corte consideró que la solicitud buscaba que la Corte vuelva a examinar el alegato de la representante, por lo que no resultaba procedente. Además, consideró que en el caso particular no era viable una medida de restitución, por lo que la solicitud, en ese extremo, fue desestimada. En segundo lugar, el Estado solicitó que la Corte aclare si los malos tratos que había sufrido Mónica Feria constituyeron tortura o si dicha calificación jurídica debe ser hecha por los órganos jurisdiccionales nacionales, dado que el proceso penal contra ella (a diferencia del caso Espinoza Flores) aún se encontraba pendiente de sentencia. Sobre este punto la Corte señaló que la obligación del Estado de investigar y sancionar incluía la calificación jurídica de los hechos, por lo que correspondía al Estado (no a la Corte) determinar si la violencia sexual podía haberse calificado como violación sexual y si la totalidad de los malos tratos sufridos por la víctima podían ser calificados como tortura.

Conclusión

El que Gladys Espinoza haya sido miembro del MRTA y el que haya participado en actos vinculados al conflicto armado vivido en nuestro país, sin duda, es sancionable. Por ello es que la Corte en ningún momento ha cuestionado la decisión del Poder Judicial peruano de condenarla a 25 años de prisión. Lo que se cuestiona en este caso es si, para determinar dicha culpabilidad, era necesario torturarla y someterla a actos de violencia sexual ¿Aportaba algo al éxito del proceso, y a la determinación de la responsabilidad de Gladys Espinoza, recurrir a los actos descritos? Nuevamente, Perú termina siendo responsable ante el órgano interamericano, no porque a este le guste “defender terroristas”, sino porque el Estado peruano no es (o no fue) capaz de conducir una investigación y proceso judicial con el respeto de las mínimas garantías procesales.

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