Por Samuel Abad,  abogado y Doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

La única reforma aprobada por el actual Congreso de la República ha sido la Ley 30305, publicada el 10 de marzo. La reforma modificó tres artículos de la Constitución a fin de impedir la reelección inmediata de los presidentes y vicepresidentes regionales. Además, les cambió el nombre. Ahora se llamarán gobernadores y vicegobernadores regionales. La prohibición de reelección inmediata también alcanza a los alcaldes. Así por ejemplo, luego del vencimiento de su mandato, Castañeda no podrá ser reelegido. Las leyes se aplican de inmediato.

No es una reforma sustancial al proceso de descentralización. Se explica por la coyuntura, debido a la crítica situación atravesada por los gobiernos regionales y locales con graves denuncias de corrupción. Nuestros congresistas pensaron que prohibiendo la reelección inmediata se podía evitar que autoridades regionales y locales corruptas continúen en el cargo para seguir lucrando. ¿La reforma solucionará estos problemas?

No lo creemos. El Presidente regional o el Alcalde corrupto seguirán siéndolo. La diferencia es que lo serán por un periodo menor. Y quizás terminen promoviendo a su sucesor. Nada se lo impide. Lo que habría que fortalecer son los controles institucionales, para investigar y sancionar ejemplarmente a los responsables. De lo contrario, la historia se repetirá.

Un tema que ha despertado preocupación para muchos alcaldes y presidentes regionales ha sido determinar desde cuando rige la prohibición de la reelección. Algunos sostienen que como postularon y fueron elegidos sin que exista dicha prohibición, la reforma no les resulta aplicable. Es decir, ya “adquirieron” el derecho a postular, el cual no les puede ser arrebatado por una norma posterior. Otros consideran que la prohibición se aplica de inmediato y, por tanto, los actuales alcaldes, presidentes y vicepresidentes regionales no pueden volver a postular.

No hay que ser experto para darse cuenta de que la Constitución es muy clara. Señala que las normas se aplican de inmediato -“a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes “-, así tales funcionarios hayan sido elegidos con un régimen distinto. Y es que para determinar qué norma se aplica cuando hay un cambio en el tiempo rige la denominada tesis de los hechos cumplidos. ¿Pudo evitarse? Sí, introduciendo una norma transitoria que disponga que se aplicaría para las próximas elecciones. No se hizo, pese a que durante el debate algunos plantearon la necesidad de precisar su vigencia. En consecuencia, rige la regla general: las normas se aplican de inmediato. Sin embargo, los problemas de fondo de la descentralización subsisten.

Y es que luego de más de doce años de funcionamiento del proceso de regionalización, resulta necesaria una profunda revisión que contribuya a fortalecerlo y reimpulsarlo. Hasta el momento no se han presentado cambios sustanciales y, por el contrario, se confunde a la opinión pública atribuyendo a la descentralización los problemas de corrupción producidos en algunos gobiernos regionales, cuando se trata de un problema que atraviesa a todo el Estado. Hay que dejar de lado las voces de aquellos que pretenden una desactivación del proceso regional. Las nuevas autoridades que asumieron el cargo en enero del 2015 tienen el reto de revertir lo sucedido y fortalecer este proceso.

En definitiva, la reciente reforma constitucional sólo constituye un cambio coyuntural e intrascendente. Ojalá nuestra clase política pudiera concentrarse en temas sustanciales.

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