Por Wilfredo Ardito, abogado y catedrático de la PUCP.

El 21 de marzo del año 1960, al menos 69 personas que participaban en una protesta contra el apartheid fueron asesinadas en Sharpeville (Sudáfrica).  En homenaje a ellas, las Naciones Unidas instituyeron el Día Mundial contra el Racismo.  Pocos años después, se proclamó la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación Racial (CEDR), a la cual se adhirió rápidamente el Perú. En aquellos días, los funcionarios peruanos asumían que el racismo era un problema propio de países como Sudáfrica y de Estados Unidos, donde los sistemas legales preservaban un régimen de segregación. Era entonces difícil admitir que, aún sin leyes racistas, la discriminación racial estaba muy presente en el Perú.

55 años después de Sharpeville, el racismo subsiste en nuestra sociedad, desde el trato hacia la trabajadora del hogar, hasta el bullying que se practica en los colegios. Los prejuicios raciales se manifiestan en las menores oportunidades laborales para quienes tienen rasgos andinos o afroperaruanos o en el impedimento para ingresar a las playas exclusivas.

Durante estos años, en el Perú el racismo ha generado también crímenes tan terribles como la masacre de Sharpeville. Se trata de aquellos cometidos durante los años ochenta por los militares asignados a luchar contra la subversión: los campesinos andinos sufrieron desapariciones, torturas, violaciones y ejecuciones extrajudiciales, porque eran vistos como seres inferiores. En los años noventa les tocó además padecer las esterilizaciones forzadas. En ambos casos, los crímenes se mantienen impunes y muchas personas los justificaron, sea “para acabar con el terrorismo” o “para que no se llenen de hijos”. Aún en el 2015, comparar la esperanza de vida o el nivel educativo de la población indígena con los descendientes de europeos y asiáticos resulta desalentador.

Ahora bien, en el Perú hay que hacer algunas precisiones: la noción de “raza”, basada en los rasgos físicos, se une a la percepción basada en la clase social, el lugar de origen, la educación o el apellido. De esta manera se va formando una concepción sobre “cholo”, “negro”, “blanco” que va más allá del color.

Además, no siempre el racismo es explícito, es decir, uno puede ser muy racista y jamás llamar “indio” o “serrano” a la persona que discrimina. Basta emplear expresiones como “gente ignorante” o “gente cochina”. Esas son las palabras que durante este verano han usado las personas que se han apropiado ilegalmente de algunas playas de Asia o Ancón para referirse a todos aquellos a los que no permiten ingresar.

En el Perú, además, la situación del racismo es más compleja, porque el mestizaje genera que para muchas personas no sea fácil asignarles una identidad permanente, sino que el entorno los puede clasificar de manera diferente, según el contexto. Un universitario puede ser considerado “blanco” en su barrio, pero sus compañeros de clase pueden percibirlo como “cholo”. Un taxista puede considerar “negro” a un pasajero, mientras que el siguiente taxista lo percibe como “blanco”. La posibilidad de que la identidad asignada varíe por una serie de elementos externos  genera que muchas personas inviertan en su apariencia externa, desde la ropa hasta el peinado o el tinte de pelo para así “blanquearse”. Lamentablemente, otro recurso frecuente para esto es “cholear” a otro, es decir, tratarlo de manera altanera o prepotente.

Por eso no debemos pensar solamente en situaciones aisladas de discriminación racial, como los insultos que se producen en un estadio o en la calle, sino que éstos son el síntoma de un problema de carácter estructural.

Por el momento, el accionar del Estado para enfrentar el racismo ha sido sumamente débil. Es verdad que desde hace dos años tenemos el programa Alerta contra el Racismo del Ministerio de Cultura, pero su actuación pública ha sido muy limitada. Por ejemplo, no ha condenado explícitamente los programas de televisión racistas ni la difusión de estereotipos negativos en la publicidad, teniendo innumerables ejemplos para hacer referencia. Otro  error ha sido centrarse en realizar campañas contra el racismo en el fútbol, sin percibir que éste deriva del racismo que ya existe en la sociedad. En otros países, las campañas contra el racismo en los estadios no están aisladas, sino que son parte de políticas públicas mucho más amplias.  Por ello, pese a los esfuerzos desplegados, las expresiones racistas han continuado en el fútbol y otros deportes como el vóley. Habría tenido mucho mayor impacto público intervenir en los medios de comunicación con mensajes concretos que permitan que la diversidad no sea percibida como pretexto para establecer jerarquías.

Otra entidad cuyo rol ha sido cuestionable es el Ministerio Público, que hasta el momento no ha realizado ni una sola denuncia por racismo, lo cual es realmente gravísimo, tratándose de un fenómeno tan extendido. Ni siquiera ha intervenido para sancionar el racismo en las redes sociales, cuando resulta muchas veces evidente quiénes son los autores.

¿Qué se debe hacer al respecto? El racismo NO va a desaparecer de manera espontánea de nuestra sociedad. Es necesario asumir que el racismo (como el machismo o la homofobia) es una tendencia predominante arraigada entre los peruanos y que, por lo tanto, para revertirlo es fundamental la intervención permanente del Estado. Para ello, en primer lugar, las autoridades deben reconocer la existencia de un problema muy extendido en nuestro país, frente al cual no están reaccionando adecuadamente.

La primera intervención debe ser mediática, mediante campañas en los medios de comunicación para sensibilizar a la población al respecto, complementada con campañas educativas, desde el nivel inicial hasta el universitario. En este último ámbito se debe disponer que todas las instituciones educativas tengan reglamentos internos para prevenir y enfrentar casos de discriminación, sancionando las situaciones más severas. Los mismos reglamentos serían necesarios en comisarías, hospitales, ministerios y las demás instituciones públicas. De hecho, también las empresas privadas deberían contar con ellos.

En cuanto a la discriminación a los consumidores, debe ser revisado el rol de INDECOPI, que no brinda apoyo legal o emocional a las víctimas e inclusive les cobra una tasa por denunciar. Hasta el momento, en el caso que la discriminación sea comprobada, el dinero de la multa es para INDECOPI y no para la víctima. Todo este panorama hace disuade a los agraviados y además es sumamente injusto. Desde nuestro punto de vista, la tarea de enfrentar la discriminación a los consumidores debería corresponder a las Municipalidades, que se encuentran mucho más cerca de los ciudadanos y no realizan ningún cobro por atender denuncias. Debería además contemplarse que un porcentaje de la multa impuesta sea destinado para los agraviados.

Si bien en casi setenta distritos y provincias existen Ordenanzas contra la discriminación, es necesario que todas las Municipalidades cuenten con dichas normas. Además, las Ordenanzas deben tener claramente las sanciones a aplicar. Por ejemplo, mientras en Miraflores se ha logrado sancionar a locales como los cines UVK y la discoteca Gótica por prácticas racistas, existen informaciones sobre situaciones similares en varias discotecas de Caminos del Inca, pero no es posible realizar una denuncia ante la Municipalidad de Surco, porque la Ordenanza contra la discriminación de dicho distrito no ha previsto una sanción. De otro lado, es necesario contar con una Ley Nacional contra el Racismo y la Discriminación, como aparece desde hace varios años en el proyecto de ley N° 756/2011-CR.   Lamentablemente, el Congreso de la República ha demostrado un escaso interés al respecto.

Especial atención debe darse a los estereotipos raciales que promueven los medios de comunicación. La alternativa no sería la censura, sino que es fundamental que desde el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se convoque a los medios y los anunciantes para generar consciencia sobre el impacto negativo que producen los estereotipos. Sin embargo, creemos que el Estado no puede verse asociado a la difusión de estereotipos, por lo que una medida concreta sería señalar que en los medios estatales no se tendrá publicidad con estereotipos raciales y que el Estado no emita anuncios en medios que reproduzcan dichos estereotipos.

A largo plazo, las limitaciones de las entidades que deberían enfrentar el racismo hacen evidente que en el Perú necesitamos una institución autónoma como el INADI argentino o la Secretaría para la Equidad Racial brasileña, que promueven activamente políticas públicas y asumen como una de sus funciones más importantes representar las demandas de los movimientos sociales.

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