Tras darse a conocer la decisión de cancelar el Proyecto Río Verde por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), la gestión de Luis Castañeda Lossio ha recibido una vez más una ola de críticas por las pérdidas que implica dejar sin efecto dicha iniciativa. El proyecto no solo iba a crear el Gran Parque de Cantagallo (de 25 hectáreas de áreas verdes) y circuitos recreacionales, sino que también reubicaría a 265 familias de la comunidad shipiba en un complejo multifamiliar con condiciones sumamente favorables en cuanto a modernidad y seguridad. De esta manera, el proyecto convertiría 6 km de la ribera del Río Rímac en área verde y beneficiaría a la perjudicada comunidad shipiba. No obstante, la gestión municipal optó por utilizar el fideicomiso destinado a tal proyecto para la construcción de tres bypass. Por ello, en el presente editorial se analizarán las implicancias de cancelar dicha iniciativa y su impacto en la comunidad shipiba.

Para comenzar, cabe recalcar la situación del grupo más afectado con esta decisión: la comunidad shipiba. Como se sabe, pueblos indígenas como este, se encuentran en condición de vulnerabilidad, debido a los numerosos factores negativos que los afectan. Entre estos, tenemos la falta de acceso a la educación, condiciones inseguras y carentes de saneamiento para sus viviendas, un limitado acceso a servicios salud, falta de oportunidades de empleo, carencia de un debido reconocimiento, entre otros. Esto evidencia que hay una necesidad urgente de elaborar políticas que les otorguen mejores condiciones de vida, lo cual se agrava por el hecho de que cada vez hay más comunidades indígenas ubicadas en zonas urbanas que son más difíciles de identificar.

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En vista de esto, no hace falta un profundo análisis para darse cuenta que con la cancelación del Proyecto Río Verde se estarían vulnerando importantes derechos inherentes a estas comunidades, tales como el derecho a una vivienda adecuada y el derecho a la salud. En base a esto, es que la comunidad shipiba se ha manifestado en contra de la decisión, argumentando que se estaría vulnerando el Convenio 169 de la OIT.

Por su parte, la MML, a través de su Gerente de Promoción e Inversión Privada, Jaime Villafuerte, ha justificado su decisión señalando que que han actualizado el plan con “proyectos de gran impacto para la colectividad”. Esto es solo una forma sutil de decir que es más importante que el Estado desarrolle proyectos en beneficio de las mayorías, en detrimento de las minorías. Si bien muchos pueden justificar esto bajo el argumento de que vivimos en una democracia, intentar justificar políticas que solo beneficien y protejan los derechos de las mayorías implica ir en contra de los principios sobre los cuales descansa una auténtica democracia. Aquellos que están de acuerdo con la afirmación anterior tienen una visión un tanto tiránica de lo que es la democracia, pues una verdadera democracia debe de buscar proteger los derechos de las minorías también, y la decisión de la Municipalidad Metropolitana de Lima evidencia lo contrario.

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Con esta decisión, la MML ha tirado a la basura otra buena iniciativa, prefiriendo en su lugar construir unos bypass que no han sido planificados adecuadamente y carecen de un debido estudio de campo. La cancelación del proyecto Río Verde demuestra la ausencia de interés de la actual gestión por proteger a los pueblos indígenas, minorías que se ven enfrentadas diariamente a circunstancias que ponen en riesgo sus derechos. Esperemos que en el futuro, se evalúe de manera más detenida los efectos que podría traer cancelar un proyecto tan importante como Río Verde, en especial en un país con urgencia de políticas públicas en beneficio de las comunidades indígenas ubicadas en centros urbanos.

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