• Por Ursula Indacochea Prevost, abogada especialista en Derecho Constitucional.

Para entender la reciente decisión de la jueza Haydeé Pérez de disponer la prisión preventiva de Mateo Silva-Martinot, acusado de atropellar dos veces a Alejandro Ballón e intentar darse a la fuga, hay que dejar de mirar el árbol, y empezar a mirar el bosque. Dejar de analizar el asunto desde una perspectiva estrictamente legal, para prestar atención a otras variables que pueden explicar esa decisión, y que suelen pasar desapercibidas. Una de esas variables, quizás la más importante, es la independencia del Juez. ¿Qué tan independiente es un Juez para adoptar una decisión como esta?

En un reciente estudio comparado denominado “Independencia judicial insuficiente, prisión preventiva deformada”, realizado por la Fundación para el Debido Proceso (DPLF)[1], se examinan una serie de elementos externos a los sistemas de justicia, que presionan a los jueces e impiden que actúen con independencia, cuando deben adoptar decisiones sobre la libertad de un procesado.

el juicio de los medios

La conclusión obtenida, es que estas presiones conforman un “clima social” que desalienta la aplicación excepcional de la prisión preventiva y más bien incentiva a que se utilice regularmente y de forma arbitraria. Algunos rasgos de este clima podrían resumirse así:

a) La existencia de una asociación natural entre “ser procesado penalmente” y “ser detenido”: en la percepción social, basta que alguien sea imputado como culpable de un delito para que se desate un sentimiento colectivo de indignación, y se exija su detención, más aún si los hechos indican que ha sido detenido en flagrancia. Es decir, que la prisión preventiva se asume como la consecuencia natural de la imputación de un delito, y más aún si se trata de uno grave.

b) La voz de las autoridades: esta percepción social es generada y alimentada por las propias autoridades (y luego, amplificada y diseminada por los medios) y construye un “ambiente” que rodea al Juez.

Aquí están los políticos de distintas orientaciones exigiendo al Poder Judicial una aplicación más severa de la ley penal y responsabilizándolo por la situación de inseguridad del país. También están las máximas autoridades de los poderes estatales -y en especial del sistema de justicia- que a través de sus declaraciones obtenidas por los medios, generan una idea en el Juez de hacia donde se inclina la “opinión institucional” y, por tanto, de lo que se espera de él.

c) El “juicio de los medios”: además de reproducir el discurso de la inseguridad una y otra vez, y diseminar las declaraciones de las autoridades, los medios aprovechan los casos más notorios para generar titulares escandalosos, investigando la vida de las víctimas o de sus familiares para agregarle una cuota de emotividad a la noticia, y generar una empatía con la audiencia que muchas veces se basa en una lectura sesgada, incompleta o poco objetiva de los hechos. Todo ello alimenta una especie de  “juicio paralelo” que se lleva a cabo mediáticamente, en el que abogados, políticos, psicólogos, y hasta adivinos, especulan, alegan, opinan y finalmente “deciden” el caso.

d) La posibilidad del procedimiento disciplinario: Si dispone la libertad del procesado, el Juez asume el riesgo latente de que la opinión pública reclame que se le inicie un proceso disciplinario para investigar su conducta funcional, y de que esto finalmente ocurra. Esto es muy poco usual en el caso contrario, si decide ordenar su prisión preventiva.

e) El temor al señalamiento y el cuestionamiento público: En este contexto, el Juez sabe que si no dicta prisión preventiva, probablemente deberá enfrentar  la supuesta indignación social canalizada por los medios, y soportar la insinuación velada de que su decisión es contraria al sentido común o incluso que no puede sino obedecer a razones poco claras. Enfrentar a los medios puede ser abrumador, sobre todo si no hay certeza de que se recibirá el respaldo de la propia institución judicial. En ese escenario, los jueces pueden sentir que es menos riesgoso hacer lo que la percepción social espera de ellos.

f) La debilidad de la presunción de inocencia: Además de lo anterior, existe en la cultura cívica una débil recepción de la presunción de inocencia como un derecho humano básico e innegociable. En la percepción social, esta presunción es sumamente relativa, y normalmente acaba con la detención: “si lo detienen, es porque algo habrá hecho”.

Estos elementos pueden ayudarnos a comprender el contexto en el cual la jueza Haydeé Pérez, titular del Juzgado de Paz Letrado de Cañete, tenía que decidir si dejaba en libertad a Mateo Silva-Martinot, o si disponía su detención preventiva. ¿Quiénes han declarado sobre este caso? ¿Qué dicen los titulares de los diarios y los reportajes televisivos? ¿Qué opinan las autoridades? Con todo este ruido, no basta analizar si se cumplió o no con tal o cual requisito para la aplicación de la medida. Pongámonos la mano al pecho: ¿tiene un Juez, en esas condiciones, la fortaleza y los respaldos legales suficientes para actuar independientemente? Si pedimos independencia y sujeción a la ley, pensemos primero en nuestros jueces.


[1] Disponible en: http://www.dplf.org/es/resources/independencia-judicial-insuficiente-prision-preventiva-deformada-los-casos-de-argentina

4 COMENTARIOS

  1. Ursula,
    Estoy de acuerdo en tu comentario pero creo más allá de la cuestión mediática del caso, cualquier otro juez hubiese fallado ordenando la prision preventiva de Silva Martinot. El art. 135 del Cpp señala que el juez podrá dictar prision preventiva si, atendiendo a los primeros recaudos acompañados del fiscal provincial es posible determinar:
    1. Suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vinculado al
    Imputado como autor.
    2. Que la sanción a imponerse sea supierior a 4 años.
    3. Qué existan suficientes elementos probatorios para concluir que el imputado intenta eludir la acción de la justicia o perturbar la acción probatoria.

    Todas estas condiciones deben concurrir para dictar prision preventiva.

    En principio tanto el abogado del joven, la familia y el propio Mario Silva han indicado que este reconoce su “error”. Me parece que ese reconocimiento no es otro cosa que la admisión de “culpa” y a partir de ello creo que podemos empezar a analizar si ese reconocimiento de culpa debiera ser acompañado de una aceptación de los cargos o, por lo menos de parte de ellos. No olvidemos que el es acusado de 4 delitos, a saber: lesiones culposas (primer atropello), lesionas dolosas (2do atropello), exposición de persona a peligro y desobediencia a la
    Autoridad (por no pasar el dosaje). Siendo condescendiente con el muchacho y Quitando todas las circunstancias distintas al primer atropello tengo la impresión de que los presupuestos 1 y 2 que he mencionado que deben concurrir para dictar prision preventiva aún se mantendrían toda vez que las lesiones culposas pueden ser castigadas hasta con una pena superior a 4 años.

    El punto a discutir entonces es el punto 3 referida a si en este caso existe evidencia si el muchacho 1) intentará eludir la acción de la justicia o 2) entorpecer la actividad probatoria. ¿Acaso no existe evidencia de que Silva Martinot entorpeció la actividad probatoria al resistirse pasar el dosaje etílico? ¿Acaso no es claro que el abogado Julio Rodríguez ha presentado una declaración jurada de un testigo (que no tiene valor alguno) de los hechos que tergiversa lo sucedido en favor de Silva? ¿Eso no es acaso una forma de entorpecer la actividad probatoria del caso?

    Me apena lo que ambas familias están sufriendo pero creo que la estrategia de defensa esta mal planteada en este caso por una razón bien sencilla. Cuando un acusado va asumir el juicio con las reglas del NCPP es porque se considera inocente de los cargos y porque considera de que esta en condiciones de demostrar su inocencia y derrotar al fiscal en el juicio. Yo me pregunto, ¿Es esa la estrategia que van a alegar los abogados? ¿Decir de que Silva Martinot es inocente de ambos atropellos? ¿Que es inocente de exponer la vida del Alejandro al no auxiliarlo y dejarlo tirado en el suelo? ¿Que es inocente de haberse retirado de la clínica y no pasar dosaje etílico? Pero guarda, que el joven Silva ya dijo que reconoce su “error”. ¿A qué error se refiere entonces si va a alegar que es inocente en el juicio?

    Como sea, me apena mucho el sufrimiento de ambas familias pero creo que lo mejor seria que ese reconocimiento de “error” vaya acompañada de un arrepentimiento verdadero y que admita los cargos o, por lo menos, los cargos que merecen ser sancionados de manera justa y proporcional. Si reconoce y su defensa esta en condiciones de negociar legalmente una sanción de, por ejemplo, 4 años de pena privativa de la insertad, Silva estaría en condiciones de salir con beneficios penitenciarios en menos de 1 año. Y los 9 meses que probablemente pasara en la carcel como preso preventivo seria tomado en cuenta para computar su pena.

    Con todo creo que el juicio mediático puede ser un obstáculo para obtener justicia de parte de un tribunal independiente pero creo que en este caso, dicha presión no se ha visto reflejada en la decisión de la jueza la cual está meridianamente motivada en lo que considera correcto. Ok, el muchacho tiene estudios universitarios, tiene arraigo, entregó su pasaporte etc., pero aún así, existen indicios de que entorpecerá la actividad probatoria. El argumento principal que ha dado la jueza se debe a que existe peligro de fuga. Yo creo que no existe tal peligro sino más bien que existen indicios de que va a entorpecer la actividad probatoria por lo que consideró que decisión de la jueza esta meridianamente motivada.

  2. Alejandro, se nota que no eres abogado, tu interpretacion restrictiva de la ley y el caso en general es equivocada. La ley indica un plazo de HASTA 9 meses. Esto significa que es la pena maxima. La que en este caso se ha otorgado para el muchacho. Existen otros instrumentos como el arresto domiciliario. Pero concuerdo con el articulo, la presion mediatica y politica ha presionado este proceso y a la jueza y ha desfigurado un proceso con el simple proposito de servir de distraccion de eventos politicos de mayo trascendencia, como lo son la extradiccion de belaunde lossio y la campaña politica de el ex ministro del interior Daniel Urresti.

  3. Alejandro, mi comentario va más allá del análisis legal. Yo también soy abogada, pero el enfoque de mi nota es otro: visibilizar aquello que no se ve, aquello que rodea al Juez cuando debe resolver un caso como este. Creo que esos elementos indudablemente influyen, inclinan la balanza “hacia un lado” y constituyen el punto de partida desde el cual un Juez empieza a analizar las variables estrictamente legales de un caso. Es como una especie de “aire”, o de “atmósfera”, si se quiere, en la cual respira el Juez, respiramos todos. De eso se trata. De ser conscientes de ello, y ya que es algo que no se puede cambiar de un momento para el otro, por lo menos que nos permita ver la escena completa, y empezar a exigir que los jueces tengan las salvaguardas suficientes para enfrentar esa “percepción social” con fortaleza y con el espaldarazo de la institución judicial.

  4. Roberto,

    Es muy arrogante intentar descalificar una opinión con la que quizá no estés de acuerdo de la manera como lo haces. “Se nota que no eres abogado”. De acuerdo, partamos desde el comentario que acabas de escribír.

    En primer lugar, lo que la jueza ha dictado no es una pena de “hasta 9 meses” como afirmas sino una medida cautelar personal. La pena y la medida cautelar son cosas distintas. La pena se impone cuando el juez declara la culpabilidad del imputado en la sentencia final y la medida cautelar cuando se dan ciertas condiciones que exige la ley y que reproducir en mi comentario anterior.

    En segundo lugar, efectivamente, en mi comentario yo me he limitado a interpretar la ley de acuerdo a las distintas posibilidades que el texto escrito de la ley admite como válida. No estoy de acuerdo con el argumento principal de la jueza para haber fundamentado su decidión. Pero aún así, consideró que esta decisión esta motivada y que, por lo tanto, sería injusto decir que la jueza ha prevaricado o a dictado un fallo en contra del texto expresó y claro de la ley. Obviamente el derecho de crítica de las resoluciones judiciales es un derecho que tenemos todos y las opiniones vengan de donde vengan deben ser respetadas.

    En mi caso, yo creo que la resolución que ordena la prision preventiva del muchacho debió ser por el hecho de que existía un evidente caso de entorpecer la actividad probatoria y no porque hubiese peligro de fuga.

    También creo que es posible que cualquier juez puede verse presionado ante la opinión pública cuando surge un juicio paralelo en los medios de comunicación.
    No creo que este sea el caso pues como repito, dados los hechos “evidentes” del caso es claro de que el muchacho Silva no solo es culpable de atropellar 2 veces a su victima sino también existe evidentes datos que hacen o hubiesen hecho concluir a cualquier juez de que a este le corresponde una prision Preventiva porque existe evidencia de que entorpecerá la actividad probatoria.

    Ursula, por otro lado, estoy de acuerdo con el sentido del artículo pero creo que los casos de Edita Guerrero o el de Eva Bracamonte se ajustarían mas al artículo que has publicado.

    Saludos,

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