Por Jorge Muñoz Wells, Alcalde de Miraflores.

                                                                             “La paz verdadera no es simplemente la ausencia de tensión; es la presencia de justicia” 

Martin Luther King Jr.

El día de hoy el Concejo de Miraflores aprobó una ordenanza que busca asegurar el respeto a la igualdad y la no discriminación. El distrito contaba ya desde hace unos años con una ordenanza en dicha materia, la que nos permitió sancionar dos sonados casos de discriminación en locales comerciales. Entonces, ¿por qué la necesidad de contar con una nueva ordenanza?

La experiencia de los casos analizados – aquellos que fueron plausibles de sanción y aquellos que fueron declarados infundados – nos ha mostrado los retos que afronta el personal responsable de aplicar la ordenanza para asegurar que la decisión final se ajuste al derecho y sea, a su vez, justa. Nutridos de esa experiencia, y entendiendo que las personas cambian y lo aprendido debe quedar en la institución, es que planteamos la necesidad de una nueva ordenanza, la cual recoge también los valiosos aportes de la Defensoría del Pueblo, así como de organizaciones y profesionales preocupados en estos temas.

¿En qué consisten las novedades de esta ordenanza? A continuación reseño los principales aportes:

– Proceso más claro. La nueva ordenanza establece un proceso de denuncia más claro que antes, además de plazos máximos para cada actuación, lo que permite que los ciudadanos sepan exactamente cuál será el camino que seguirá el caso y cuánto tiempo tomará que se resuelva.

– Simplificación en la denuncia. Además de establecer de manera más clara el proceso a seguir, hemos tomado medidas adicionales para simplificar la denuncia de actos de discriminación. Dada la importancia de poder identificar y sancionar actos discriminatorios, buscamos que la denuncia goce de la misma flexibilidad con la que cuenta la interposición de un proceso de habeas corpus de acuerdo al Código Procesal Constitucional. Así, queda claramente establecido que la denuncia puede ser presentada por escrito o verbalmente, de manera presencial o virtual, por el perjudicado o por un tercero, además de dejar expresamente establecido que no se requiere pago de tasa alguna o firma de abogado para iniciar el procedimiento.

– Deja claras las posibles situaciones de discriminación. La ordenanza busca ayudar a desterrar la idea que la única manera de discriminar a un ciudadano en un local público es evitando físicamente su ingreso. Así, se deja claramente establecida una serie de situaciones que busca desincentivar que la persona utilice los servicios que brinda el establecimiento y que son también situaciones de discriminación que no están permitidas por nuestro ordenamiento jurídico.

Además, la norma incluye explícitamente la prohibición de discriminación a personas por identidad de género en la lista no taxativa que establecía la ordenanza anterior. Si bien en la ordenanza se establecía que estaba prohibido la discriminación por cualquier índole, la idea es buscar mayores garantías para evitar que en el futuro se pueda interpretar de manera distinta en algún caso.

– Ayuda en la interpretación jurídica. Dada nuestra experiencia en casos específicos de discriminación, entendemos lo importante de brindarle a los aplicadores de la norma mayores herramientas para la interpretación jurídica. Así, a la hora de establecer la carga de la prueba, se señala que el denunciante deberá presentar indicios razonables de haber sido discriminado y, una vez que dichos indicios sean comprobados, corresponderá a la empresa denunciada demostrar que su actuación no fue discriminatoria. Además, se establece que en caso de duda sobre la interpretación o aplicación de la ordenanza, o la presencia de un aparente conflicto con otras normas, deberá primar la interpretación más favorable al ciudadano discriminado.

“Amicus curiae”.  Los casos de discriminación van más allá de los directamente involucrados en la controversia. La discriminación afecta a la comunidad en su conjunto. Por ello, la ordenanza permite recibir documentos de organizaciones sociales, entidades estatales y ciudadanos que aporten argumentos jurídicos o elementos de prueba que ayuden a resolver la denuncia planteada. Una suerte de “amicus curiae”, pero en sede administrativa, dejando claro que dichos actores no tienen calidad de parte en el procedimiento.

– Buen gobierno corporativo. La nueva ordenanza establece que, en caso de que el establecimiento sancionado pertenezca a una empresa transnacional (sucursal, representante de una marca, franquicia), la sanción será informada a la empresa matriz. Lo que se busca con este involucramiento es incentivar a que lo avanzado en buen gobierno corporativo (principios, valores, buenas prácticas) en diversos países, se aplique también en el nuestro a las empresas vinculadas. Así, ayudamos a subir el estándar actual, favoreciendo a los distintos actores en el mercado, especialmente a los consumidores.

– Mayores estándares para la municipalidad. Soy un convencido de que el ejemplo debe empezar por casa. Por ello, la ordenanza establece mayores obligaciones para la municipalidad en su rol de promotor de la igualdad y la no discriminación. La nueva ordenanza establece la necesidad de contar con la posibilidad de atención en quechua, aimara – así como en lenguaje de señas – para evitar barreras de acceso a algún servicio municipal.

Asimismo, señala que el personal municipal – especialmente el de Serenazgo y de Fiscalización – deben ser capacitados en temas de no discriminación, para evitar que dichos agentes caigan en esas situaciones, así como para que puedan identificar casos plausibles de sanción. Finalmente, también se establece la obligación de brindarle asesoría al ciudadano que denuncia ser víctima de discriminación de las otras vías paralelas con las que cuenta para conseguir que se tutelen sus derechos (Poder Judicial e Indecopi).

Esperamos que esta nueva ordenanza sea un auténtico aporte para asegurar el respeto a la igualdad y la no discriminación a nivel municipal, generando un nuevo referente que pueda ser replicado por otros gobiernos locales en el país. Nuestro reto ahora es asegurarnos de que la implementación de dicha ordenanza esté a la altura de las expectativas que genera su promulgación, ayudando a tener una ciudad cada día más justa y, por ende, más pacífica.

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