Por Piero Vásquez, profesor de Derecho en la PUCP, magister en Derechos Humanos y becario de la CIDH.

#ObamaDerogaElDecretoYA es el hashtag de la campaña de oposición al Decreto Ejecutivo promulgado por el presidente Obama que impone restricciones financieras y migratorias a un grupo de funcionarios del gobierno venezolano. En términos sencillos, el Decreto Ejecutivo desarrolla la Ley de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela adoptada por el Congreso de los Estados Unidos en diciembre del año pasado. Dicha Ley (sección 5) autoriza y ordena al Presidente de los Estados Unidos imponer bloqueos de activos, en entidades financieras estadounidenses, contra cualquier funcionario, cesado o en funciones, o cualquier persona que actúe en representación del gobierno de Venezuela que haya:

  • perpetrado o sea responsable de dirigir otro tipo a actos de violencia o abusos graves contra los derechos humanos contra personas vinculadas a las protestas antigubernamentales en Venezuela que comenzaron el 4 de febrero de 2014;
  • dirigido u ordenado la detención o el enjuiciamiento de una persona debido al legítimo ejercicio de libertades de expresión o de reunión; o
  • asistido o proporcionado importante apoyo financiero, material o tecnológico para la comisión de los actos anteriormente mencionados.

Bajo este mandato, el pasado 9 de marzo, apareció el Decreto Ejecutivo, que declaró que Venezuela era una “amenaza” para la seguridad nacional estadounidense y por lo tanto identificó a un grupo de siete funcionarios del gobierno respecto de los cuales se han adoptado medidas de dos tipos: migratorias y económicas. Las sanciones migratorias básicamente suponen la cancelación de visas para ingresar al territorio de los Estados Unidos. Las sanciones económicas suponen la congelación de cuentas de dichas personas que se encuentren en entidades financieras de Estados Unidos.

En el marco del Derecho internacional, el otorgamiento y revocación de autorizaciones para ingreso a territorios, no requiere expresión de causa, en tanto se trata del despliegue de competencias soberanas de los estados respecto de sus territorios. Más allá de que en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) esta regla encuentre matices, cuando se trata de la protección de trabajadores migrantes, reunificación de familias o políticas sobre migrantes en situación irregular, la regla continúa siendo que las políticas migratorias son parte del dominio reservado de los estados, como expresión de la más primaria soberanía, preexistente al DIDH.

El caso de las sanciones económicas, como siempre, genera mayores controversias. En principio lo que se encuentra prohibido en el Derecho internacional es la injerencia extranjera en los asuntos internos. Esto ha sido consagrado en la Resolución 2625 (XXV) de las Naciones Unidas del siguiente modo:

“Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional”

La imposición de sanciones económicas no implica necesariamente una vulneración al Derecho internacional a través del principio de no intervención. Los actos de bloqueo económico, parecieran ser menos controversiales cuando son concertados en el seno de una organización internacional. En el año 1991, tras el golpe de estado contra Jean Bertrand Aristide, la OEA concertó un bloqueo económico regional en Haití que no se consideró como una vulneración al principio de no intervención. Es más, la formulación del principio de no intervención del artículo 20 de la Carta de la OEA es engañosa: “Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado y obtener de éste ventajas de cualquier naturaleza”. Contrario sensu, cuando la intención no sea “obtener ventajas” la medidas coercitivas de carácter económico serían posibles.

De otro lado, cuando las medidas económicas se toman de modo unilateral, el Derecho internacional ha declarado su desaprobación. Prueba de ello es la reiterada condena de la Asamblea General de Naciones Unidas al bloqueo económico impuesto contra Cuba levantado recién el año pasado por el presidente Obama. En principio los bloqueos unilaterales afectarían varias disposiciones relativas al intercambio comercial sostenidas históricamente desde el surgimiento del Derecho internacional y recogidas de modo específico en el GATT de 1994, sin descontar las implicancias en materia de derechos humanos que también ha advertido la CIDH.

En relación con la publicación de listas de individuos “peligrosos”. Los antecedentes tampoco son muy pacíficos. El 15 de octubre de 1999, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitió la resolución 1267 (1999), como respuesta a la situación en Afganistán y la relación de su gobierno Talibán con posibles campos de entrenamiento terrorista y Osama Bin Laden, y dispuso que se “congelarán los fondos y otros recursos financieros, incluidos los fondos producidos o generados por bienes de propiedad de los talibanes o bajo su control directo o indirecto, o de cualquier empresa de propiedad de los talibanes o bajo su control”. En cumplimiento de dicha resolución la Unión Europea emitió la Posición Común 1999/727/PESC, publicando cada cierto período la lista de personas sindicadas como terroristas, respecto de las cuales los estados miembros de la unión tenían que proceder de acuerdo con las instrucciones del CS de NU. En el año 2008, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, en el caso de Kadi y Al-Barakaat c. Consejo de la Unión Europea, indicó que dichas disposiciones comunitarias para el congelamiento de activos vulnerarían derechos humanos, en específico el derecho de acceso a la justicia y a la propiedad, precisamente por no existir una instancia en la que se permitiera cuestionar la implicación de dichas personas en los actos terroristas.

Venezuela ha entendido que estas medidas vulneran, sin lugar a dudas, el Derecho internacional. Delcy Rodríguez, Cancillera Venezolana, fue contundente en su intervención en el Consejo Permanente de la OEA. En palabras de Rodríguez, Barack Hussein Obama –sí, nos recordó estratégicamente en su discurso el segundo nombre del Presidente de los Estados Unidos- habría vulnerado los derechos humanos de las personas “bloqueadas” a la presunción de inocencia y el debido proceso. Asimismo, en su entender, la redacción del Decreto Ejecutivo es tan amplia que sería un indicador de que se pretende “poner manos” sobre el petróleo venezolano. En su entender, la declaratoria de “amenaza a la seguridad” de los Estados Unidos, es el preludio de una futura invasión militar y una guerra de agresión. Rodríguez, hizo más acusaciones, en el sentido de que no solo las cuentas de estas personas se han bloqueado, sino que las cuentas de las misiones consulares venezolanas habrían corrido la misma suerte.

Estados Unidos ha tratado de dar sus mejores explicaciones al respecto. En la misma sesión del Consejo Permanente, el representante de los Estados Unidos, señaló que las acusaciones de la Cancillera carecían de fundamento y negó la existencia de una conspiración militar contra Venezuela o política contra el gobierno de Nicolás Maduro. El mensaje se centró en determinar que el Decreto Ejecutivo solo era aplicable en el territorio de los Estados Unidos, con la única finalidad de prevenir que su sistema financiero se esté utilizando para vulnerar los derechos humanos y la democracia, no para inducir o doblegar la voluntad soberana de Venezuela. Según su análisis, los estados democráticos deben permanecer abiertos a las críticas, es por eso que Estados Unidos siempre ha aceptado las críticas venezolanos a sus políticas (Hugo Chávez llamando “Mr. Danger” a George W. Bush es inolvidable) por lo que criticar la política de derechos humanos venezolana no sería una violación del principio de no intervención.

Más allá de tu decisión de apoyar o no la causa #ObamaDerogaElDecretoYA, lo cierto es que el apoyo político de la organizaciones sub regionales de las que no es miembro Estados Unidos, se ha hecho patente. Más que por defensa del régimen de Nicolás Maduro, pareciera ser que cualquier causa contra Estados Unidos, sigue siendo un sanbenito popular en el Sur. Históricamente, más allá de su legalidad o no, el juego de las relaciones internacionales se ha jugado en bloque. Hoy en día, con el DIDH encima de la acción internacional, cualquier medida para la recuperación de la democracia y en defensa debería seguir la misma suerte de espíritu de grupo. Pareciera ser que la impaciencia le jugó en contra a Washington. Lamentable que sucediera en un tema tan urgente, como la recuperación de la democracia en Venezuela.


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