Por Alejandro Fuller Chueca, estudiante de Derecho de la PUCP.

Actualmente, la economía del país se encuentra sumergida en un peligroso proceso de desaceleración económica, el cual se evidencia a través de los recientes reajustes a la baja de la proyección del crecimiento del PBI para este año realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Es precisamente en estos momentos de desaceleración económica en los que el Gobierno debe tomar medidas enérgicas a fin de promover inversiones en el país que permitan revertir esta tendencia.

Considerando el enorme potencial del Perú en el campo de los recursos naturales, la exploración y explotación de los mismos se presenta como uno de los campos en los que la promoción de las inversiones sería más efectiva, dado que de por sí resulta un campo atractivo para la inversión. En consecuencia, debe ser un objetivo primordial del Gobierno el promover las inversiones para el aprovechamiento de estos recursos. Es de destacar el efecto multiplicador de las inversiones en este campo, toda vez que las mismas generan mayores rentas para el Estado, la creación de un número importante de puestos de trabajo y una oportunidad de desarrollo en las zonas donde se llevan a cabo las inversiones.

Ahora bien, hay que tomar en cuenta que estas inversiones son altamente costosas y riesgosas; siendo uno de los principales riesgos los posibles cambios en la legislación que puedan implantar los gobiernos de turno. Siendo ello así, queda claro que las compañías que realizan inversiones en el sector extractivo estarán más dispuestas a efectuar inversiones si se les da la “garantía” de que las principales reglas de juego bajo las que analizan la viabilidad de una inversión no cambiarán en el corto o mediano plazo, sin importar los cambios de gobierno en el país.

La forma más tangible en la que el Estado puede otorgar esta “garantía” es por medio de la suscripción de Convenios de Estabilidad Jurídica con los inversionistas. Estos convenios son contratos que son firmados entre el Estado y los inversores, o las compañías donde estos invierten, en los cuales el Estado se compromete a no aplicar los cambios normativos que pudiesen darse. En el caso de las inversiones en el sector minero, existen dos clases de convenios que se pueden suscribir: (i) los del régimen general, que otorgan principalmente la estabilidad en temas tributarios y de contratación de trabajadores; y, (ii) los del régimen minero, que otorgan principalmente la estabilidad tributaria, administrativa y cambiaría. A continuación, comentaremos los principales alcances de los contratos de estabilidad del régimen minero.

Las principales garantías otorgadas por el Estado en los contratos de estabilidad mineros son la estabilidad tributaria y administrativa (respecto de algunas disposiciones de la normativa minera), el reconocimiento de la deducción de tributos internos que incidan en la producción, el que las inversiones efectuadas en infraestructura que sean de servicios públicos sean deducibles de la renta, la no discriminación en materia cambiaria, y la libre comercialización de la producción. Estos beneficios les garantizan a los inversionistas que algunos de los principales aspectos legales con incidencia en el estudio de la factibilidad de la inversión permanecerán inalterados por un periodo determinado de tiempo. Adicionalmente, la estabilidad recaerá solo en las actividades de la empresa minera a favor de la cual se efectúe la inversión.

A mediados del año pasado se modificó la Ley General de Minería para aumentar el monto de las inversiones requeridas para acceder a la suscripción de los contratos y se agregó un contrato que contemplaba un periodo estabilizado de 12 años. Así, ahora los contratos de estabilidad mineros han quedado divididos en tres tipos; los de 10, 12 y 15 años, según la duración del periodo estabilizado. Sin embargo, las modificaciones presentaron ciertas deficiencias que fueron corregidas al final del año pasado al reinstaurar las referencias a las Unidades Económico Administrativas (UEA) y las unidades de producción, y reduciendo el monto de la inversión adicional en uno de los contratos.

La suscripción de contratos que otorgan la estabilidad por 10 años, requiere la realización de una inversión mínima de 20 millones de dólares que pueden ser destinados a nuevas operaciones o a operaciones existentes. Los contratos que otorgan la estabilidad por 12 años requieren la realización de inversiones por 100 millones de dólares para el inicio de operaciones o de 250 millones de dólares para el caso de inversiones en operaciones en marcha. Finalmente, los contratos que otorgan la estabilidad por 15 años requieren la realización de inversiones para el inicio de operaciones mineras o en operaciones existentes de 500 millones de dólares.

Los contratos de 12 y 15 años otorgarían beneficios adicionales a las empresas mineras como poder mantener su contabilidad en moneda extranjera y el ampliar la tasa anual de depreciación de los activos fijos. Adicionalmente, en el caso de los contratos de 15 años, se pueden cubrir con las garantías otorgadas a las inversiones adicionales por un valor de al menos 25 millones de dólares.

Las modificaciones dadas también incorporaron el requisito que los modelos de los contratos de estabilidad mineros sean elaborados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el MEF, y aprobados por resolución ministerial o decreto supremo, según sea el caso, previa conformidad del MEF. Antes de que se realizaran estas modificaciones, los modelos eran elaborados por el MEM y no se requería la conformidad de terceros organismos. Creemos que estas modificaciones han traído consigo dos reveses.

El primero, de fácil solución, pasó por el hecho de que, a pesar de haber transcurrido más de 6 meses desde la promulgación de las modificaciones aquí comentadas, el MEM y el MEF aún no han promulgado los modelos de los contratos de estabilidad mineros. Esto genera que actualmente ningún inversionista pueda acogerse a estos beneficios, al no existir modelos vigentes.

El segundo es más burocrático, ya que nos cuesta entender la razonabilidad detrás de la necesidad de una conformidad previa del MEF a la suscripción de los contratos de estabilidad minera teniendo en cuenta que el MEF aprueba previamente los contratos. Los contratos se firman sobre los modelos, no habiendo mayor margen de negociación al respecto, y la calificación de la inversión para la firma del contrato se da sobre criterios técnicos que el MEF no maneja. Por ello, salta la siguiente pregunta: ¿por qué tendría que alargarse el proceso de firma en espera de la conformidad del MEF si este no tiene nada que aportar?

Es de notar que el otorgamiento de estas garantías y beneficios por parte del Estado a los inversionistas es razonable, toda vez que se requiere una inversión considerable para acceder a estos, con lo cual se garantiza un alto impacto positivo en la economía de las inversiones. Esto se presenta como una forma tangible en la que el Estado promueve la realización de inversiones en el país, al hacerlo una plaza atractiva mediante la mitigación del riesgo legal que enfrentan los inversionistas.

En conclusión, creemos que el otorgamiento de garantías a las inversiones en el sector minero es una forma positiva y efectiva para promover inversiones en el país de manera tal que se  logre revertir la desaceleración económica que enfrentamos. Sin embargo, aún hay puntos por afinar, como la promulgación de los modelos de los contratos de estabilidad mineros y una reevaluación de la necesidad de la conformidad del MEF para la firma de los mismos.

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