Por Samuel Abad,  abogado y Doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos.

Cuando uno tiene un problema de salud acude a un médico especializado. Si necesita asesoría para una inversión solicitará apoyo de un experto. ¿Por qué cuando se acude al Poder Judicial (PJ) ello no ocurre? Lo que viene sucediendo con los jueces que resuelven casos constitucionales -un amparo, por ejemplo- es grave. Los pocos juzgados constitucionales especializados que existían vienen siendo desactivados. Si tenemos jueces especializados en materia comercial, tributaria, laboral, anticorrupción, entre otras, ¿por qué cuando se trata de defender los derechos constitucionales la especialidad prácticamente desaparece? ¿y por qué a los pocos juzgados que existen se les deja una carga procesal inmanejable que los viene haciendo colapsar?

Un juez experto, con una carga procesal razonable, puede defendernos mejor y enfrentarse con sólidos argumentos a los abusos del poder. En ocasiones con mucho esfuerzo lo han hecho. Por ejemplo, cuando el 16 de junio de 2013 el Primer Juzgado Constitucional suspendió el arbitrario sorteo que hubiera permitido volver a un servicio militar obligatorio. Un valiente juez se enfrentó al Presidente y a su Ministro de Defensa. Y no hubo sorteo.

El 01 de diciembre del 2004 entró en vigencia el Código Procesal Constitucional que regulaba todos los procesos de defensa de la Constitución y de los derechos fundamentales (pensiones, debido proceso, propiedad, libre empresa, entre otros). El Código apostó por contar con jueces especializados con la finalidad de brindar una justicia rápida y efectiva a las personas. Hoy el amparo es el proceso más utilizado y la mayor carga recae en el PJ, no en el Tribunal Constitucional (TC). A este último solo se acude si el afectado pierde a nivel judicial y, por cierto, cuenta con un buen número de asesores especializados.

Recién el año 2009, casi cinco años después de la vigencia del Código, se introdujo en Lima la especialidad constitucional. Habían diez juzgados. Posteriormente, se crearon juzgados especializados en Ayacucho, Cusco y una Sala en Chiclayo. El año pasado comenzó la desactivación. Una absurda decisión del Consejo Ejecutivo del PJ eliminó dos juzgados de Lima. Hoy son ocho y han tenido que asumir los casos de los juzgados desactivados. Ello ha generado que cuenten con una elevada carga procesal, que hace difícil alcanzar una verdadera tutela de urgencia. Los pensionistas son los que más sufren. Además, el Consejo desactivó toda la justicia especializada en el interior. Dispuso la conversión de la Sala de Derecho Constitucional de Chiclayo en Sala Laboral, y de los Juzgados Constitucionales de Cusco y Ayacucho en Juzgados Civiles. Es decir, redujo la “justicia constitucional especializada” que existía en pocos distritos judiciales del país a solo ocho juzgados en Lima.

¿Cuál era la justificación? Ninguna. En Lima, por ejemplo, tienen una carga procesal mayor que los demás juzgados y deben resolver casos difíciles. Por ejemplo, está pendiente de resolver el amparo presentado contra la concentración en la prensa escrita. Estos juzgados tienen por misión defender los derechos fundamentales y, en definitiva, la Constitución. Hoy en los hechos no lo pueden hacer. Algunos juzgados se demoran tres o cuatro meses en admitir una demanda, semanas en notificar resoluciones y para que se dicte sentencia hay que tener paciencia. La Convención Americana reconoce a toda persona el derecho a un “recurso sencillo, rápido y efectivo” para proteger sus derechos humanos. Esto no sucede en el Perú.

¿Qué hacer? El Consejo Ejecutivo del PJ debería revertir esta situación y potenciar los juzgados constitucionales. Los derechos constitucionales son tan importantes que merecen un trato especializado. ¿La justicia comercial y tributaria es más relevante que la tutela de los derechos fundamentales? No. Hoy los jueces constitucionales se han convertido en la “cenicienta judicial”. Tienen una carga procesal explosiva. El Presidente de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo deben intervenir. El Poder Judicial debe tomarse “en serio” la tutela de los derechos constitucionales. Los derechos de las personas no pueden seguir esperando.

1 COMENTARIO

  1. La solución esta en la PRIVATIZACIÓN DE LA JUSTICIA, recuerdan cuando existían los Escribanos del Estado, que cobraban como lo hacen los notarios por sus actuaciones, que ahora están a cargo de los Secretarios de Juzgados. Pues, era mucho más ágil la tramitación de procesos judiciales. Podría empezarse con los juzgados de primera instancia,

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