Por Percy Grandez Barrón, abogado especialista en Derecho Ambiental.

Los días 28 y 29 de abril, la Empresa Administradora de Peaje de Lima (Emape) dispuso un importante número de rocas de gran tamaño sobre la playa La Pampilla, sin contar con la autorización respectiva. Este hecho ha generado el reclamo de un gran sector de la ciudadanía, que ha exigido la paralización del arrojo de rocas en la referida playa. No obstante, muchos ciudadanos no tienen certeza sobre la autoridad a la cual se tiene que acudir para la solución de dicho problema.

En efecto, según se aprecia en los medios periodísticos, algunos ciudadanos le reclaman al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) la pronta solución del problema. Otros, en cambio, dirigen su reclamo a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú. A fin de despejar las dudas que puedan existir, a continuación se precisa quiénes son las autoridades competentes para autorizar y fiscalizar el arrojo de piedras en la playa de La Pampilla. Asimismo, se indica cuáles son las acciones que se podrían realizar para enfrentar oportuna y adecuadamente el problema y así no se impacte el medio marino ni la salud o la vida humana.

Sobre el particular, la autoridad competente para autorizar el desarrollo de actividades sobre el medio marino o la franja ribereña es la Dicapi. Esta entidad también es competente para garantizar que dichas actividades se desarrollen en armonía con la protección del ambiente. Para tal efecto, puede desarrollar acciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción en materia ambiental.

Ahora bien, ¿cuáles son las principales acciones que puede desarrollar la Dicapi para atender inmediatamente el problema? En principio, puede ordenar una medida preventiva. Luego, iniciar un procedimiento sancionador contra la empresa Emape y, finalmente, dictar las medidas correctivas que correspondan.

En efecto, de acuerdo a lo establecido en el inciso 2 del Artículo 136° de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; el Artículo 5° del Decreto Legislativo N° 1147, Decreto Legislativo que establece las competencias a cargo de la Dicapi, y el Artículo 266° de su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 015-2014-DE; la Dicapi tiene la potestad de dictar medidas preventivas. Así, puede ordenar a la empresa Emape la paralización del arrojo de rocas en la playa La Pampilla con la finalidad de controlar el presunto impacto que se estaría generando sobre el medio marino y evitar que, producto de este impacto, se afecte la salud o la vida humana.

Además, de conformidad a lo establecido en el inciso 4 del Artículo 136° de la Ley General del Ambiente, la Dicapi puede iniciar las acciones respectivas para determinar la posible responsabilidad administrativa de la empresa Emape, por arrojar rocas a la playa sin contar con la autorización respectiva. En caso se imponga una sanción administrativa contra dicha empresa, la Dicapi puede ordenarle, como medida correctiva, retirar las rocas dispuestas sobre la playa La Pampilla con la finalidad de mitigar el impacto que se podría haber generado sobre el medio marino.

Sobre el particular, diversos medios periodísticos han afirmado que la Dicapi ha sancionado a la empresa con una multa de 15 Unidades Impositivas Tributarias por arrojar rocas en la playa La Pampilla. Al respecto, cabe precisar que dicha sanción a la que hacen referencia los medios periodísticos no ha sido impuesta por la inadecuada disposición de rocas sobre la playa, sino por ocupar el área acuática sin contar con la autorización respectiva. Esta conducta fue sancionada en febrero de 2015 por un procedimiento sancionador iniciado en noviembre de 2014, fecha en que todavía no se producía el arrojo de las rocas en la playa La Pampilla.

Por otro lado, cabe precisar que el OEFA no es la entidad competente para fiscalizar directamente la inadecuada disposición de rocas sobre el medio marino o la franja ribereña. Esta función está a cargo de la Dicapi. De acuerdo a lo establecido en la Ley N° 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el OEFA es la autoridad competente para supervisar que todas las entidades que tienen funciones de fiscalización ambiental a su cargo cumplan con desarrollar estas funciones de manera oportuna, efectiva y eficiente. La Dicapi es una entidad que tiene funciones de fiscalización ambiental y, como tal, está sujeta a la supervisión por parte del OEFA.

Si el OEFA verifica que la Dicapi no cumple con realizar oportuna y efectivamente las funciones de fiscalización ambiental a su cargo, puede interponer una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los funcionarios de dicha entidad por la presunta comisión del delito de responsabilidad funcional, tipificado en el Artículo 314° del Código Penal. Además, puede comunicar el desempeño institucional de la referida entidad a la Contraloría General de la República a fin de que esta pueda determinar la responsabilidad administrativa a que hubiere lugar por el incumplimiento de las funciones de fiscalización ambiental a su cargo.

Finalmente, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima también podría intervenir en la atención de la problemática generada en la playa La Pampilla. Así, puede adoptar las medidas que correspondan para controlar el impacto que presuntamente se estaría generando sobre el medio marino. Además, puede iniciar una investigación penal contra los responsables del arrojo de piedras en la referida playa, por la presunta comisión del delito de contaminación ambiental, tipificado en el Artículo 304° del Código Penal.

Por último, el día 30 de abril, el OEFA ha exhortado a la Dicapi cumplir con las funciones de fiscalización ambiental a su cargo. Ahora corresponde a esta última entidad cumplir con ejercer sus funciones establecidas en la normativa ambiental. Sobre el particular, resulta de vital importancia que todas las entidades públicas que tienen funciones de fiscalización ambiental desarrollen estas funciones de manera oportuna y adecuada, pues no resulta posible lograr una fiscalización ambiental exitosa sin la correcta actuación de todas las entidades con competencia de fiscalización ambiental.

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