El pasado martes, la Presidenta de Chile, Michelle Bachelet anunció que en septiembre su país iniciará un proceso de reforma constitucional para sustituir su actual Carta Magna. La medida ha sido criticada por algunos sectores, quienes señalan que se trataría de un intento de desviar la atención de la crisis política que actualmente enfrenta ese país. Sin embargo, hay quienes señalan que mediante la reforma total de la Constitución de 1980, heredada de un gobierno militar y dictatorial, se sientan las bases para la consolidación de instituciones más democráticas y representativas de los verdaderos intereses de la ciudadanía. En este contexto, el presente editorial analizará la importancia de un proceso como este y determinará si en el Perú es necesario uno similar.

Para comenzar, es necesario recordar que América Latina es heredera de las consecuencias de varios regímenes autoritarios a lo largo de su historia. Esto ha traído como consecuencia que la mayoría de constituciones en nuestro continente sean producto de la imposición, y no del diálogo o debate de los diversos actores sociales. Basta con mencionar el caso chileno y el peruano, cuyas normas fundamentales fueron fruto de las dictaduras de Augusto Pinochet y Alberto Fujimori. Es así que, al haber sido impuestas por una minoría, carecen de legitimidad de origen y presentan muchas veces un severo déficit democrático. En ese sentido, un proceso abierto a la ciudadanía como el planteado por Bachelet, lograría que, a través de los debates y consultas, se genere una Constitución verdaderamente democrática.

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Con ello, se abren las puertas para iniciar un debate que permita actualizar el contenido de la Carta fundamental. Por ejemplo, en materia de derechos humanos, se podrán incluir derechos antes no reconocidos y esclarecer el contenido de algunos de ellos. De acuerdo al Programa de Gobierno de la mandataria chilena, se busca que en la Nueva Constitución se reconozca el derecho a la identidad sexual, la orientación sexual y los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, busca prohibir la discriminación por orientación sexual o cualquier otra índole, y favorecer el acceso a cargos públicos de manera igualitaria a hombres y mujeres. Todo esto en el marco de un Estado laico que promueva la igualdad entre confesiones.

Ahora bien, como hemos señalado, nuestro país no es muy ajeno a la actual situación chilena. Tal y como señaló el Tribunal Constitucional, “el proceso para elegir a los miembros del denominado Congreso Constituyente Democrático, los debates en su seno y hasta el propio referéndum carecieron de las libertades y garantías mínimas necesarias para dotar de legitimidad de origen a la Constitución de 1993”. A pesar de los cambios introducidos en la Constitución de 1993, esta situación no remedia el hecho de que nuestra actual norma fundamental no es fruto del debate y participación de los distintos actores y sectores sociales. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en la existencia de un congreso unicameral, el fortalecimiento del poder ejecutivo y la introducción de un modelo económico que – tanto en la teoría como la práctica- implicó el recorte de derechos laborales.

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Por ello, es en base a este análisis que concluímos que lo necesario y justo para el país es que se lleve a cabo una reforma total de la Constitución Política de 1993. Al igual que Chile, el Perú necesita que su próximo mandatario considere como prioridad la democratización de nuestra Carta Magna. De lo contrario, la norma de mayor rango en nuestro país continuará limitando el ejercicio de ciertos derechos ciudadanos y seguirá posponiendo el debate de todas las voces que conforman al Perú. Si bien dicen que las comparaciones son odiosas, más lamentable sería que no aprendamos del ejemplo de nuestros vecinos del sur.

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