Por Álvaro Másquez Salvador, miembro del Área de Pueblos Indígenas y Litigio Constitucional del IDL.

La comunidad shipibo-conibo de Cantagallo se ubica en el corazón de Lima Metropolitana, junto al río Rímac y el Mercado de las Flores –hacia un lado de la vía de Evitamiento– en el distrito limeño del Rímac. La comunidad está conformada por más de 250 familias, las que, progresivamente y a partir del año 2001, han ocupado las riberas del río, en el área que se conoce como Isla de Cantagallo, viejo relleno sanitario que fue propiedad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Marcha de los Cuatro Suyos, organizada por importantes fuerzas políticas y sociales opositoras al gobierno tiránico del expresidente Alberto Fujimori, significó la movilización de decenas de miles de peruanos y peruanas de todos los rincones del país hacia la capital. Entre los manifestantes, estuvieron presentes las primeras 15 familias, originarias de Ucayali, que llegaron a Cantagallo, invitadas por Alejandro Toledo y Eliane Karp. Se trataba de integrantes del pueblo indígena shipibo-conibo.

A partir de entonces, los indígenas de la etnia shipibo-conibo de Cantagallo han enfrentado numerosísimos problemas: vivienda, agua potable y alcantarillado, electricidad, educación, salud, seguridad, entre muchos otros. A estos, debemos añadir el problema del desligamiento drástico de los indígenas de su territorio ancestral y su aislamiento en grandes áreas urbanas. Como es evidente, la vida junto al Rímac no resultó siquiera cercanamente apacible a la que los indígenas gozaban junto al río Ucayali: los lazos espirituales entre la naturaleza y el hombre son primordiales en la cosmovisión indígena amazónica. No obstante, para los indígenas migrantes, la permanencia en sus pueblos originarios equivalía a apartarse del acceso a condiciones de vida más dignas y mayores cantidades de oportunidades para ellos y sus familias.

En consecuencia, los nuevos residentes de Cantagallo decidieron permanecer en la capital, aunque eligieron conservar y promover su identidad idéntica, de la que jamás dejaron de sentirse orgullosos. Al día de hoy, Cantagallo conserva su organización social, su lengua aborigen, sus expresiones artísticas y sus conocimientos ancestrales, así como los demás elementos de la cultura shipibo-conibo.

En este contexto, muchas personas se preguntan: ¿debe reconocerse el carácter de indígena a la comunidad migrante de Cantagallo? La respuesta no es inútil, pues dicho reconocimiento se traduce en la vigencia efectiva de un conjunto de derechos fundamentales adicionales a los que, en forma ordinaria, gozamos todos los seres humanos y que son exclusivos de los pueblos indígenas, entendidos como «una entidad generadora de condiciones político-jurídicas extremadamente altas, equiparables únicamente a los derechos que corresponden a la persona humana»[1], pues «se trata de una categoría específica e inconfundible, precisa e identificable por sus características y consecuencias particulares»[2]. Estos derechos han sido recogidos, principalmente, en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes.

Este instrumento del Derecho Internacional Público, aprobado en Ginebra el 7 de junio de 1989, fue ratificado por el Estado peruano a través del Decreto Legislativo N° 2625, el 26 de noviembre de 1993. Posteriormente, el 2 de febrero de 1994, se realizó su depósito internacional, por lo que entró en vigor en nuestro ordenamiento jurídico un año después, en 1995. Desde aquella fecha, el Convenio 169 de la OIT está vigente y, por lo tanto, es plenamente exigible y así lo ha entendido el Tribunal Constitucional –órgano supremo de control de la constitucionalidad– a través de su jurisprudencia (STC N.° 5427-2009-PC/TC y STC N.° STC 0025-2009-PI/TC).

Así, en virtud del Convenio 169 de la OIT, debemos preguntarnos, ¿quiénes son pueblos indígenas? Al respecto, debe leerse su artículo 1.1, que fija ciertos criterios –objetivos y subjetivos– que sirven para la identificación de un pueblo indígena: a) la descendencia de un pueblo originario; b) la conservación –parcial o total– de sus costumbres e instituciones; y c) la conciencia de su identidad indígena, como colectividad distinta a las demás en el territorio nacional.  Entonces, ¿es la comunidad de Cantagallo un pueblo indígena? Creemos que sí, pues satisface estos tres criterios, que son requisitos indispensables para que una colectividad sea reconocida como pueblo indígena.

En primer lugar, los integrantes de la comunidad de Cantagallo son descendientes directos de indígenas de la etnia shipibo-conibo peruana, sobreviviente a la colonización española, en la región de Ucayali; asimismo, la población adulta de la comunidad es originaria de comunidades indígenas shipibo-conibo firmemente constituidas, por lo que la comunidad de Cantagallo ha satisfecho el primer requisito –de carácter objetivo– exigido por el Convenio 169 de la OIT.

En segundo lugar, la comunidad de Cantagallo conserva gran parte de sus costumbres e instituciones ancestrales, como lo demuestran, por ejemplo, sus esfuerzos perseverantes en la conservación de su lengua, perteneciente a la familia lingüística pano, que sus integrantes utilizan en la comunidad en forma cotidiana. Estos esfuerzos se han concretizado en la fundación de la Escuela Intercultural Bilingüe de Cantagallo, con el reconocimiento oficial del Ministerio de Educación, donde se utiliza la lengua shipiba para la enseñanza y transmisión de expresiones culturales shipibas a niños y adolescentes. Al día de hoy, los shipibo-conibo más jóvenes son capaces de comunicarse abiertamente en su propia lengua.

Igualmente, la comunidad mantiene vigentes sus expresiones culturales más valiosas. En la comunidad, el uso habitual de las vestimentas shipibo-conibo no es extraño, especialmente entre las personas de edades más avanzadas; de igual forma, mujeres y varones se desempeñan en actividades de artesanías y talleres, que son parte de las expresiones artísticas tradicionales de los indígenas shipibo-conibo, cuya venta también supone una fuente adicional de ingresos en las familias de Cantagallo. Además, los integrantes de la comunidad conservan su estructura organizativa social y política, así como muchas de sus preferencias musicales y alimentarias. Todas estas razones observan suficientemente el segundo requisito –de carácter objetivo– exigido por el Convenio 169 de la OIT.

Por último, es claro que la comunidad de Cantagallo tiene plena conciencia de su identidad indígena, por cuya conservación vienen luchando decididamente. En efecto, sus integrantes sienten orgullo por la cultura shipibo-conibo que representan, a pesar de las dificultades que el cambio en el entorno de su desarrollo ha representado para ellos, pero que no ha diluido sus identidades colectivas, diferenciables por sus características particulares de las del resto de la población nacional, por lo que la comunidad ha cumplido con el tercer y último requisito –de carácter subjetivo– contenido en el Convenio 169 de la OIT. Por ende, a nuestro juicio, deberían ser considerados como pueblo indígena.

Por el contrario, hay quienes sostienen que el hecho de que la comunidad no se halle en su territorio originario, sino en un área urbana, ocasiona que hayan perdido su carácter indígena y, en consecuencia, los derechos que como tal le corresponden. No compartimos esta posición, pues el Convenio 169 de la OIT no exige que un pueblo indígena tenga posesión de su territorio tradicional para que pueda considerársele como tal, sino que, por el contrario, señala que se les aplicará el convenio cualquiera que sea su situación jurídica. Ello, a pesar de que el Viceministerio de Interculturalidad, a través de una directiva, ha interpretado arbitrariamente lo contrario a través de una directiva, que ha sido objeto de una demanda de acción popular, habiéndose debatido el tema recientemente en la Corte Suprema de Justicia[3].

En conclusión, la comunidad de Cantagallo tiene el carácter de pueblo indígena y, con este, le corresponde el gozo de un conjunto de derechos que el Derecho Internacional Público y el Derecho de los Pueblos Indígenas les reconocen, entre ellos los derechos a la consulta previa y a la autodeterminación. El análisis no ha resultado ocioso, pues la comunidad mantiene actualmente conflictos con la Municipalidad Metropolitana de Lima por causa de la ejecución de obras del proyecto Vía Parque Rímac, que afecta (y continuará afectando) severamente a la comunidad y pone en peligro su sobrevivencia, originando un deber de reparación a favor suyo y cuyo cumplimiento recae en el municipio metropolitano. En consecuencia, dicha reparación deberá ser pensada a partir de la comunidad vista como un pueblo indígena (y no como un conjunto ordinario de seres humanos), por lo que en todo momento deberá primar el respeto de su integridad y la promoción de su identidad cultural; lo que, sin lugar a dudas, equivale a la conservación de su unidad comunitaria y la garantía de su acceso a condiciones mínimas de vida digna.


[1] Ballón Aguirre, Francisco (2003). Introducción al Derecho de los Pueblos Indígenas. Lima: Defensoría del Pueblo, p. 14

[2] Ibídem

[3] Al respecto, puede consultarse: http://goo.gl/aGWPTr.

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