Los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía (PNP) durante las protestas en contra del Proyecto Tía María van dejando como saldo una gran cantidad de heridos y tres muertos. Ante esta preocupante situación, el pasado viernes, se autorizó, mediante la Resolución Suprema 105-2015-IN, la intervención de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en la provincia de Islay (Arequipa) con la finalidad de apoyar en el restablecimiento del orden interno del 09 de mayo al 07 de junio. Debido a la naturaleza  de la medida y las limitaciones que debe tener el uso de la fuerza por parte del Estado, la decisión ha suscitado polémica. Por ello, en el presente editorial, se analizará si las FF.AA pueden y deben intervenir en este conflicto al sur del país.

Para empezar, es preciso distinguir entre las funciones de la PNP y de las FF.AA. Si bien ambas instituciones se caracterizan por tener el monopolio de la fuerza; los métodos, procedimientos y contextos para ejercer sus atribuciones son muy distintos. Así, de conformidad con el artículo 166 de nuestra Constitución, la PNP es la encargada de velar por el orden interno de nuestro país, a fin de garantizar (i) la seguridad ciudadana, (ii) el mantenimiento de la tranquilidad, quietud y paz pública, y (iii) el resguardo de las instalaciones y servicios públicos esenciales.

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En cambio, de acuerdo al artículo 165 de la Constitución, las FF.AA. tienen a su cargo la defensa de la seguridad nacional y la protección del Estado en situaciones límite que implican un mayor grado de complejidad en las necesidades o posibles hostilidades a enfrentar. Sin embargo, excepcionalmente, si el Presidente así lo dispone, estas también están facultadas para asumir el control del orden cuando se declare un Estado de Emergencia en casos de perturbación del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación. Durante este régimen de excepción, los derechos como la libertad y la seguridad personal pueden verse restringidos.

Ahora bien, a lo largo de la historia y debido a una dinámica social impregnada de conflictos y enfrentamientos de diversa índole, nuestro ordenamiento ha reconocido la posibilidad de que las FF.AA. puedan apoyar a la PNP en sus funciones sin necesidad de declarar un Estado de Emergencia. No obstante, debido a que el uso de la fuerza debe ser necesario, proporcional y de forma restrictiva, el Tribunal Constitucional solo ha avalado este tipo de intervenciones para casos de narcotráfico, terrorismo y la protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país. Por ello, el Decreto Legislativo No. 1095 toma en cuenta lo señalado por la jurisprudencia constitucional y reconoce en el artículo 23, estos tres supuestos al momento de especificar las formas de intervención de las FF.AA.

TRAS LA PROTESTA POR EL PROYECTO MINERO TIA MARIA DE LA EMPRESA SOUTHERN PERU CERCA DE UNA CENTENA DE MANIFESTANTES PROTAGINIZARON UN ENFRENTAMIENTO EN MOLLENDO DEJANDO  CUATRO POLICIAS HERIDOS, ELLOS FUERON ATACADOS CON PIEDRAS Y PALOS, Y SON  LLEVADOS AL HOSPITAL DE ESSALUD

Entonces, cabe preguntarse si el ingreso de las FF.AA. en Islay se justifica por la protección de instalaciones estratégicas como puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas y de hidrocarburos, yacimientos petrolíferos o represas[1]. En efecto, cabe recordar que en esta provincia se encuentra el segundo puerto más importante del país, el Puerto de Matarani, que provee de combustible a las regiones de Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno y Puerto Maldonado. Justamente, por ello, en la reunión de trabajo liderada por los Ministros de Justicia, Defensa y del Interior con los responsables de las Fuerzas Armadas de esta Región, se definió que esta sería una de las tres zonas resguardadas por las FF.AA. Las otras dos zonas actualmente protegidas serían también instalaciones estratégicas, pues el Puente Pampa Blanca permite las comunicaciones hacia Tacna y la Planta de Petroperu en Mollendo es una central de hidrocarburos.

En conclusión, si bien la intervención de las FF.AA. en este caso es conforme a nuestro ordenamiento jurídico, su labor se debe limitar estrictamente al resguardo de estos establecimientos y no a la pacificación del conflicto social. Debemos recordar que las FF.AA. reciben entrenamiento para derrotar a un enemigo, y no para proteger y controlar civiles, función para la cual está capacitada solo la PNP. El hecho de que las FF.AA. hayan tenido que intervenir en esta situación, solo demuestra una vez más que el gobierno sigue fallando en materia de prevención. Desde esta casa editorial, invocamos a que este se preocupe por evitar que el desborde de violencia sea tal que sea necesario el ingreso de las FF.AA.


[1] Cfr. F.J. 46, Expediente 00002-2008-AI/TC.

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