Por César Bazán Seminario, miembro del área de Seguridad Ciudadana del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Rodolfo Orellana Rengifo, uno de los protagonistas recientes de la infame historia del Perú, es abogado. Estudió Derecho en una reconocida universidad peruana y justamente ejerció sus habilidades jurídicas para armar una red de personas naturales y jurídicas que –gracias a un conocimiento experto del Derecho- habría utilizado las leyes para hacer explotar al sistema jurídico y ponerlo a trabajar a su servicio.

El mismo Orellana dijo en una entrevista en la radio:

“Mi amigo más poderoso es el conocimiento de la ley. Yo soy un especialista, un hombre dedicado a mi actividad legal. Yo fui becado en mi universidad, tercio superior y soy un estudioso. Conozco la ley y trato de utilizar mis criterios y conocimientos para avanzar un poco más que los demás”.

Orellana y sus colaboradores echaron mano de instituciones jurídicas para apropiarse de terrenos y casas, ganar grandes cantidades de dinero de dudosa procedencia y amedrentar comunicadores, tal como lo ha explicado en varias oportunidades el periodista Marco Antonio Vásquez (ver por ejemplo aquí y aquí).

Para estos quehaceres poco santos se echó mano del Derecho. La cláusula arbitral y el arbitraje con ad hoc habrían sido figuras jurídicas utilizadas con recurrencia. Tal fue el caso analizado por la Ley en el artículo ¿Cómo se aprovechó Orellana de las deficiencias en la Ley de Arbitraje? Pero no es la única manera cómo el grupo Orellana habría utilizado al arbitraje. La designación de un árbitro único parcializado, para determinar el monto de las mejoras hechas en un inmueble, parece haber sido otra modalidad para hacerse de propiedades.

También es interesante el caso de Coopex y el uso de las medidas cautelares. Coopex era una cooperativa vinculada a Rodolfo Orellana, que no contaba con autorización de la Superintendencia de Banco y Seguros (SBS) para emitir cartas fianza. Sin embargo, como el propio Rodolfo Orellana indicó en una entrevista, Coopex tenía medidas cautelares que daban validez a sus cartas fianzas, gracias a lo cual podían ser utilizadas por empresas que quisieran contratar con el Estado.

La figura jurídica de difamación era también de uso común para Rodolfo Orellana. Más de veinticinco comunicadores fueron querellados, entre los que estaban Enrique Zileri y Américo Zambrano de Caretas, César Romero de La República, Carlos Castro y Augusto Thorndike de Cuarto Poder (ver aquí). Julio Arbizu con mucha claridad sostuvo que estos casos pervierten la finalidad del Poder Judicial, buscan entorpecer las investigaciones y amedrentar periodistas. ¿Para eso sirve el Derecho?

Como fuere, para armar este tinglado participaron muchos profesionales del Derecho. No solo abogados, sino también ex policías, registradores públicos, jueces, entre otros. Muchos de ellos eran también profesores de Derecho en universidades. Hace unos días han detenido preventivamente a un ex vocal supremo, un ex jefe de la SUNARP, un ex presidente de la Corte Superior y a otros profesionales más. Se trataría entonces de una mafia compuesta especialmente por nuestros pares: abogadas y abogados.

Lo que el caso Orellana muestra es que el Derecho (y sus operadores) se derrumbó, al menos en lo que refiere a las tres figuras jurídicas descritas, y los abogados ni nos damos por aludidos. El caso Orellana debería generar un gran debate en los colegios de abogados y facultades de Derecho sobre ¿qué pasó con el Derecho? ¿Cómo el sistema jurídico sirvió para fines delincuenciales, sin que nos diéramos cuenta? ¿Acaso fue un error en el diseño del Derecho y en la formación de los abogados? O ¿hay estructuras que permiten en nuestro país el surgimientos de nuevos Orellanas?

La lista de colegas abogados que enlodan al gremio es enorme, mucho más larga que la de aquellos que son admirables. ¿Eso es pura casualidad?

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