Carmen Márquez, alumna de décimo ciclo de la carrera de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Coordinadora General del Equipo de Derecho Ambiental – EDERA de dicha casa de estudios.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), del año 1992, fue ratificado por el Perú el 30 de abril de 1993 mediante la Resolución Legislativa No. 261181. Los objetivos principales de este son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos[1].

Podemos interpretar que el CDB no tiene como único objetivo a la conservación, por lo que al añadir a su «utilización sostenible», se asume en cuenta que los recursos no son intocables; sino que se debe realizar una gestión integral de ellos, la cual asegure que estén al servicio de las presentes y futuras generaciones.

Según el CDB, la conservación de la biodiversidad es: «interés común de toda la humanidad»[2]. La noción de «interés común» se emplearía en el Derecho Internacional no para describir determinados objetos y recursos, sino ciertas actuaciones en relación con tales recursos. Por lo tanto, en el CDB no sería la biodiversidad la de interés común, sino la conservación[3].

De esta manera, el Estado asumió dos obligaciones generales:

  1. Elaborar estrategias, planes o programas nacionales para la conservación y la utilización sostenible de diversidad biológica;
  1. Integrar, en la medida de lo posible, la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica en los programas y políticas sectoriales o intersectoriales[4].

Mientras se ratificaba el CDB, paralelamente la nueva Constitución Política del Perú de 1993 establecía la obligación del Estado de promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas[5].

En ese sentido, el país implementó el ordenamiento legal interno para cumplir con los fines del Convenio y la Constitución; así, se promulgó la Ley N° 26839, Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento sostenible de la Biodiversidad, y a principios del año pasado, mediante Decreto supremo N° 009-2014-MINAM, se actualizó la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica al 2021 y su Plan de Acción 2014-2018.

Al respecto, analizaremos en líneas generales dicho instrumento de gestión ambiental y evaluaremos los alcances y retos para su desarrollo.

Hacia el uso sostenible de la biodiversidad

La Estrategia Nacional de Diversidad Biológica (ENDB) comprende seis objetivos estratégicos y trece metas, las cuales buscan detener la pérdida y deterioro de los componentes  de la diversidad biológica, mejorar su gestión e incrementar las oportunidades de uso sostenible y la distribución justa y equitativa de sus beneficios[6].

Se desprende de la ENDB que las actividades económicas más rentables del país son aquellas relacionadas con los recursos naturales, entre ellas: la pesca, la extracción de madera de los bosques y el turismo de la naturaleza; son todas actividades que han tenido retos, oportunidades y experiencias exitosas en su gestión. Es así que en la pesca se establecieron medidas de ordenamiento para un mejor control de la actividad; sin embargo, aún persisten problemas por la captura ilegal de fauna marina.

En la tala de madera, se ha implementado una reforma integral que permita fortalecer las capacidades del Estado y de la sociedad civil para conservar y aprovechar sosteniblemente los bosques bajo prácticas de manejo adaptativo y enfoque ecosistémico; de esta manera, se han logrado experiencias muy positivas de concesiones forestales certificadas y de manejo forestal comunitario.

En el turismo natural, actividad económica con potencial para el aprovechamiento sostenible y valoración de la diversidad biológica, se ha registrado sólo en el año 2013, la visita de más de un millón trescientos mil visitantes a las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Asimismo, se menciona en la ENDB, que el auge de la gastronomía, ha exponenciado el turismo gastronómico y varias celebridades  al promover la valoración de especies nativas en la preparación de suculentos platillos, generan una demanda de beneficios a la agrodiversidad.

Oportunidades para la gestión de la diversidad biológica en el Perú.

La participación efectiva de los pueblos indígenas, la gestión articulada con los sectores y regiones, la consolidación y respeto a la tenencia de la tierra, y el uso de instrumentos de conservación como el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE) y los Sistemas Regionales de Conservación[7], son ejemplo de grandes oportunidades para la conservación de la biodiversidad.

Entonces, cabe preguntarnos, ¿por qué no ver con esperanza al futuro de la gestión ambiental de la biodiversidad del Perú? Existen pequeñas ideas de autogestión que con integración, creatividad, pasión y empeño pueden transformar un escenario favorable en un negocio autosostenible netamente rentable[8].

Adicionalmente, tal como se concluye del Capítulo 3 de la ENDB, se debe agregar la necesidad de impulsar esquemas de incentivos para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos que juegan un papel clave.

Se debe incentivar el rol económico–conservador en las comunidades locales que tienen el reto de conservar áreas de bosque[9]. Oportunidad para el almacenamiento de carbono y la purificación del agua, a través de la conservación de las cabeceras de cuenca, y que, con la regulación del mercado, quien emprenda conservar pueda obtener beneficios económicos por ello.

Reflexión: internalizar las externalidades positivas de la conservación.

¿En qué beneficia la gestión sostenible de la biodiversidad al hombre? Los impactos, cada vez más cercanos del desastre natural, afectan gravemente en nuestra calidad de vida como la contaminación del aire, del agua y del suelo; ¿te has preguntado si el agua que bebes está calificada para el consumo humano?; en cuanto al  aire que respiras, ¿en cuántos años deberás realizar un tratamiento a tus pulmones?; la contaminación de suelos ocasiona graves problemas para la agricultura; y con ello, ¿cuántos años pasarán para admitir que pasamos por una crisis de acceso a los alimentos orgánicos?. Sin mencionar que cada uno de los problemas ambientales descritos anteriormente tienen un impacto real y significativo en la economía. En tu economía.

Existe la tala ilegal, la pesca ilegal, la minería ilegal, sí, lamentablemente, eso es una realidad, pero también es una realidad que desde la administración pública, con esfuerzo y dedicación, se ejerce la potestad sancionadora del Estado, concluyendo con éxito procedimientos administrativos y judiciales que, en el mejor de los casos, ordenan una condena efectiva para el infractor. O una sanción y una medida correctiva para la persona jurídica infractora.

Debemos creer y tener fe en nuestras instituciones, cambiar el discurso por uno de emprendimiento social-ambiental, en el que cada uno, a través de la participación constructiva, pueda aportar al debate, fortalecer las instituciones y generar la credibilidad para lograr una gestión sostenible de la biodiversidad. Internalicemos los efectos de la conservación, de la gestión con miras a un futuro viable con justicia ambiental que se traslade en armonía social.


 [1] CDB, art 1°.

[2] Tercer párrafo del preámbulo.

[3] Brunnée, “Common Areas…”, 2007, pp. 564-567. Visto en: García Ureta “Derecho Europeo de la Biodiversidad”, 2010, pp.45

[4] CDB, art 5°.

[5] Art. 68° de la Constitución Política del Perú del año 1993.

[6] Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, año 2014, pág. 08.

 [7] Estrategia Nacional de Diversidad Biológica, año 2014, pág. 33.

 [8] Nos referimos a las concesiones otorgadas para la conservación, para la gestión sostenible y turismo sostenible, al desarrollo tecnológico de  la agricultura, a la contraprestación por servicios ecosistémicos forestales, por dar algunos ejemplos.

[9] A modo de propuesta, creemos que sería eficiente crear un fondo de conservación que sea directamente implementado en actividades participativas económicas que mejore la calidad de vida de las comunidades locales.

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