El pasado 19 de mayo, cientos de invasores fueron desalojados de Tablada de Lurín, una zona arqueológica prehispánica ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo. Este penoso acontecimiento ha puesto en evidencia, una vez más, la crítica situación que enfrenta nuestro Patrimonio Cultural. En efecto, en el 2013, se determinó que el 60% de sitios arqueológicos ubicados en Lima Metropolitana corría peligro de ser invadido. A su vez, apenas el 12% de estos se encontraba debidamente inscrito en Registros Públicos, lo cual facilitaría su venta por terceros. Ante estas preocupantes cifras, el presente editorial analizará si la protección brindada a estas áreas resulta efectiva.

Debemos comenzar preguntándonos por la naturaleza de este tipo de bienes. De acuerdo al artículo 6 de la Ley No. 28296, los bienes inmuebles prehispánicos que forman parte del Patrimonio Cultural de la Nación, como la zona arqueológica de Tablada de Lurín, le pertenecen al Estado, independientemente de que se encuentren en propiedad pública o privada. Estos bienes tienen ciertas características particulares. En primer lugar, son intangibles, ya que no pueden ser alterados sin autorización del Ministerio de Cultura. En segundo lugar, son imprescriptibles, pues no se puede obtener derecho de propiedad alguno sobre ellos por la posesión continua en el tiempo. Por último, son inalienables, al no poder ser enajenados.

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Ahora bien, esta misma ley declara de interés social y necesidad pública el registro de estos bienes. Efectivamente, es sumamente importante inscribir a estos bienes, ya que solo a través de la publicidad registral, la titularidad del Estado sobre estos se hace notoria y certera a fin de evitar que terceros se valgan de títulos de propiedad para vender estos bienes. Además, el registro permite sanear los bienes físicamente, lo cual implica que se determine el área real del bien, sus medidas perimétricas y linderos. Lamentablemente, existen dos obstáculos que impiden el proceso de registro: la falta de un presupuesto adecuado y la carencia de especialistas en el Ministerio de Cultura que delimiten adecuadamente al área de las zonas arqueológicas.

Por ello, es importante que se destine un mayor presupuesto a este sector para que así pueda contratar al personal necesario que realice la documentación y planos necesarios para la inscripción, y que pueda además, investigar e identificar otras zonas de carácter arqueológico para que sean debidamente protegidas.

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Sin embargo, para proteger adecuadamente nuestro Patrimonio Cultural hace falta más que el registro de estos bienes. Se debe demarcar adecuadamente las zonas arqueológicas con hitos. Asimismo, es necesario que se consoliden alianzas con instituciones y empresas del sector privado para garantizar esta protección. Esta práctica ya viene siendo realizada de manera exitosa por el Ministerio de Cultura con convenios de cooperación como el que se tiene con la Asociación San Andrés del Castillo para poner en valor ciertas zonas arqueológicas en Callao y Lima. De igual manera, es fundamental que se fortalezcan los vínculos entre el Ministerio de Cultura y los Gobiernos Regionales y Locales, así como el involucramiento de la misma ciudadanía en el deber de protección del Patrimonio Cultural.

En definitiva, el registro de los bienes que conforman nuestro Patrimonio Cultural es un paso previo y necesario para su protección. Por ende, exhortamos a las autoridades a realizarlo; no obstante, consideramos que esta medida debe ir acompañada de un sistema nacional que involucre tanto al sector público como al privado  y a la sociedad civil en defensa de nuestro Patrimonio Cultural.

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