Claudia Lovón, directora de Enfoque Derecho, y Rodrigo Vega, miembro del Consejo Editorial, entrevistan a Romy Chang, socia de Padilla & Chang Abogados y profesora de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la PUCP, sobre el dictamen del nuevo Código Penal.

ED: El pasado 9 de diciembre, se aprobó el dictamen del nuevo Código Penal, ¿por qué considera usted que es necesaria una reforma?

RC: El actual Código Penal tiene como gran problema la desproporción en sus sanciones. Actualmente, como se han modificado muchos artículos de manera independiente, algunos delitos tienen una pena muy grave, en comparación a otros que tienen un bien jurídico más importante. Por ejemplo, tenemos que el delito de la violación sexual se sanciona con una pena más alta que el delito de trata de personas, cuando se entiende que la trata, si es sexual, debería tener una sanción más grave; y, por el bien jurídico protegido, supone un mayor desvalor de acción.

Por otro lado, un segundo aspecto que legitima una modificación al Código Penal es la poca sistematicidad con la que cuenta. En efecto, producto de los cambios propios de las sociedades de riesgo y de las nuevas formas de criminalidad que han ido apareciendo, han surgido nuevos tipos penales, nuevas necesidades, nuevos bienes jurídicos que proteger, que no llegan a ser abarcados por nuestro actual Código Penal. Así, se han dado una serie de normas adicionales, como la Ley de crimen organizado, la Ley de delitos informáticos, otras normas vinculadas a temas aduaneros o tributarios, entre otros. Por ende, se han dado diversas reformas penales que se encuentran dispersas en diferentes normas; este proyecto del nuevo Código busca sistematizar todos los delitos en un solo cuerpo normativo.

ED: Es cierto, desde su entrada en vigencia en 1991, nuestro Código Penal ha sido modificado más de 500 veces. ¿Usted cree que el dictamen propuesto evitaría que constantemente se den tantas modificaciones en el futuro?

RC: Lamentablemente, no. Creo que igual van a seguir dándose modificaciones. Al respecto, se debe tomar en cuenta que las sociedades se encuentran en constante cambio y que la aparición de nuevos bienes jurídicos dignos de protección es innegable. No obstante lo expuesto, lamentablemente, los cambios normativos en nuestro país en el ámbito penal, muchas veces no se dan porque se necesiten desde el punto de vista técnico, sino porque la modificación al Código Penal se ha utilizado como herramienta política por muchos, pienso yo, malos políticos. Es usual en nuestro país que, a fin de promocionar una campaña electoral, se prometan elevar sanciones o se prometa la creación de tipos penales que supuestamente protegen conductas que no están reguladas, cuando en realidad ya se encuentran previstas por el legislador. Debemos dejar de lado estas malas prácticas que, en lugar de combatir la delincuencia, dificultas a las autoridades una correcta aplicación de las normas penales.

Un ejemplo es este indebido uso del Derecho Penal es la reciente propuesta del delito de sicariato; pues, si uno mira al sicariato como tipo penal autónomo, y lee el Código Penal actual o el nuevo proyecto, encontrará que dicha conducta ya está sancionada en el artículo 108 cuando se establecen las agravantes por el delito de homicidio; de lo que se evidencia que no es necesario establecer un tipo autónomo de sicariato para sancionar esa conducta. Se dice que se pretende colocar una pena más grave, pero en realidad el actual tipo penal ya tiene la pena más grave que puede tener al establecer 15 años como mínimo (siendo el máximo 35 años por lo establecido en la parte general).

Entonces, lo que se eleva es la pena mínima, pero la pena máxima sigue siendo la misma. Ahí nos damos cuenta de que se trata de una propuesta legislativa que, a pesar de haber sido discutida numerosas veces, no tiene nada que ver con una deficiencia técnica de nuestro Código Penal y es totalmente injustificada desde el punto de vista práctico.

Por lo tanto, a pesar de tener la esperanza de que no sea así, este nuevo Código va a ser el inicio de una necesaria sistematización, pero no va a ser el final de los cambios legislativos. Los cambios se darán no solo porque surjan nuevos bienes jurídicos dignos de protección, sino también por el lamentable manejo político que se da del Derecho Penal para conseguir votos en los procesos de elección que existen en nuestro país.

ED: Se ha señalado que el nuevo Código Penal busca tipificar y establecer nuevos delitos para combatir el crimen organizado. ¿Cuáles son estos delitos? ¿Qué medidas está adoptando el dictamen para combatir dicho problema?

RC: En el Perú, existe una extraordinaria organización por parte de ciertas asociaciones ilícitas creadas para cometer delitos. El problema es que nosotros no tenemos el nivel de organización en nuestras instituciones para combatir ese crimen organizado. Así, quienes combatimos estamos totalmente desorganizados, mientras que el crimen se encuentra totalmente organizado.

Recientemente, se generó una necesaria modificación legislativa que tuvo como fin ayudar a nuestros operadores de justicia a combatir este tipo de crimen. Se creó un paquete normativo que recientemente fue aprobado y generó modificaciones al Código Penal vigente.

Lo que hace el dictamen del proyecto es recoger en gran parte estas modificaciones, las cuales estuvieron orientadas a permitir un combate más eficiente al crimen organizado. Lo que sí podemos rescatar como novedad es que el artículo 57 del nuevo proyecto menciona qué debe entenderse por organización criminal; esto es algo que normalmente no se estila en los Códigos Penales; pero que, se entiende, ha querido ser incorporado por el legislador para contribuir en el combate del crimen organizado en nuestro país.

Así, el legislador sí ha querido establecer expresamente la definición y ha señalado en el punto 3 del artículo 57 que por organización criminal se debe entender a un grupo permanente, organizado en uno o varios de los siguientes supuestos: estructura jerárquica, red criminal nacional o internacional, e incluso establece la posibilidad de que dicha estructura sea colegiada o desconcentrada, o que la red criminal esté formada por 3 o más personas, que haya un reparto de funciones, y que se organice para cometer delitos graves. Esto es algo que se encuentra en la doctrina y que ya ha sido recogido en la jurisprudencia, pero que el legislador aparentemente ha querido colocar de igual forma en el dictamen. Algunas personas han criticado esta inclusión legislativa, particularmente considero que no va a ayudar mucho, pero tampoco creo que dañará la lucha contra el crimen organizado; lo que sí refleja es una especial preocupación por este tema.

Lo demás en esencia, tiene la misma lógica de estas últimas modificaciones que se hicieron orientadas a combatir el crimen organizado, por lo que en realidad no hay mayor cambio a mi parecer al respecto.

ED: Entonces, ¿cuáles le parecen los principales aciertos del nuevo Código?

RC: En primer lugar, como vengo mencionando, hay que rescatar la sistematicidad. Lo cierto es que este proyecto reúne varias normas y tipos penales que antes se encontraban dispersos en diferentes disposiciones legislativas. Con ello, se crea un único marco normativo, que brinda mayor certeza tanto al juez como al ciudadano. Así, no es lo mismo leer una serie de normas dispersas, que leer una única norma unificada y sistematizada que contemple todas las conductas que se sancionan como delitos en nuestro país. Este es un primer logro fundamental.

A su vez, también tiene otros logros que responden al desarrollo de la sociedad y a las formas de criminalidad que se dan en el día a día. Uno de los aspectos principales a rescatar tiene que ver con lo que antes se llamaba “error cultural”, pero que en realidad es una diferente percepción de la realidad por circunstancias culturales. Nuestro Código actual considera que las personas que viven en una comunidad indígena o tienen ciertas costumbres culturales distintas a las nuestras se encuentran en un error de cultura.

En efecto, el solo hecho de denominarlo “error de comprensión cultural” ya implicaba no dimensionar lo que realmente existe en el trasfondo. Esto sí lo ha recogido el nuevo Código, con una especial dedicación, puesto que le ha dado 3 artículos en los que se regula la diversidad cultural y la jurisdicción especial. A mi parecer, este es un avance significativo sobre todo en un contexto en donde buscamos combatir la discriminación y la intolerancia.

Por otro lado, la prescripción en el tema de faltas ha aumentado, lo cual es positivo. También se han detallado mejor algunos tipos penales; por ejemplo, el tipo de trata de personas se regula en un título penal autónomo e independiente, justamente por su gravedad. De igual forma, se han hecho avances en las modificaciones de los delitos de lesa humanidad, entre otros. Definitivamente no hablamos de un Código perfecto, y quizás haya que hacer algunos ajustes en el camino, pero en general la forma en la que ha sido planteado parece ser positiva.

ED: Un aspecto que preocupó a los empresarios fue el tema de la responsabilidad de las empresas. ¿Cómo se propone regular esta materia? ¿Es una solución acertada la planteada en el dictamen o acarrea algún problema?

RC: Hoy en día existe un debate a nivel mundial sobre si la persona jurídica debe responder directamente en materia penal, o si siempre la responsabilidad penal debe circunscribirse a una persona natural en su calidad de representante de dicha persona jurídica. Nuestro actual Código no permite la responsabilidad directa de la persona jurídica, pero sí establece que, en caso se sancione a la persona natural que cometió el delito en representación de la persona jurídica, a esta última se le impondrán consecuencias accesorias. Por ejemplo: el cierre, una multa y una serie de consecuencias que tradicionalmente también se consideran dentro del ámbito administrativo, y que el juez penal igual puede imponer.

El proyecto plantea algo distinto, pues determina que la persona jurídica sí pueda responder de forma autónoma. Es decir, no requiere que una persona natural sea condenada previamente para la imposición de consecuencias accesorias a las personas jurídicas. Es más, ya no se habla de consecuencias accesorias, sino de medidas aplicables a las personas jurídicas producto de la condena penal que se le daría de forma independiente, sin importar que no se logre identificar a la persona natural que actuó en su representación o que no se condene penalmente esta última.

El único problema es que dicha disposición solo se circunscribe al artículo 584 del mismo texto, el cual regula el cohecho activo internacional. Este tipo de penal sanciona a una persona que ofrezca, otorgue o le prometa a un funcionario de otro Estado o de un organismo internacional público algún beneficio indebido que implique la realización (o no realización) de actos contrarios a su función. En otras palabras, la persona jurídica que soborne a un funcionario público de otro Estado o de un organismo internacional deberá recibir una sanción autónoma.

Lo que no logro comprender es por qué se reduce únicamente a ese tipo penal, cuando hay muchos otros tipos penales que la persona jurídica podría cometer de forma autónoma. Por ejemplo, desde la legislación comparada, tenemos que el ordenamiento español también reduce la sanción directa a la persona jurídica, pero no solo a un tipo penal, sino a un grupo de delitos que normalmente están vinculadas a las personas jurídicas, como los temas ambientales y de fraude societario. A pesar de ello, nuestro proyecto solo se circunscribe al artículo 584.

Creo que esto no es ni siquiera un avance, sino que pareciera ser más bien un retroceso, pues no considero adecuado que la sanción penal se pueda imponer directamente a la persona jurídica. En realidad es totalmente innecesario si tomamos en cuenta que nuestro Código Penal regula ya la posible imposición de consecuencias accesorias, y sobre todo si tomamos en cuenta las dificultades que plantea la determinación de responsabilidad directa para las personas jurídicas, cuando no se ha establecido cuál es la acción que propiamente causó un resultado y la persona natural involucrada en el mismo. Por otro lado, debe tomarse en cuenta que muchas veces las sanciones a nivel administrativo son mucho más eficientes que las establecidas en sede penal, siendo que las consecuencias accesorias coinciden con las sanciones que ya existen a nivel administrativo.

En efecto, el delito siempre debe implicar una conducta y una sanción más grave. Sin embargo, si la conducta realizada puede ser desincentivada con el uso del Derecho Administrativo sancionador, considero que siempre es preferible recurrir a este último y no al Derecho Penal.

Resulta muy difícil sancionar al aire a una persona jurídica sin haber identificado qué es lo que hizo en concreto y quién lo hizo por ella. Eso va a ser bastante complicado de implementar en la práctica y, me parece, que consciente de ello, el dictamen únicamente establece este tipo de responsabilidad penal para un delito. Entonces, si bien el dictamen coloca esto como una novedad, no me parece que sea un avance.

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