Érase un 11 de septiembre de 2011 cuando el presidente Ollanta Humala promulgó la Ley de Consulta Previa y, con ello, parecía ser que se garantizarían los derechos de los pueblos indígenas en las actividades económicas que tengan impacto sobre ellas. No obstante, esta semana algunos medios de comunicación han enfatizado que en los últimos meses de trabajo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) emitió 16 resoluciones directorales que autorizan el inicio de actividades de exploración minera en zonas donde hay población indígena sin haber proceso alguno de consulta previa. Es decir, el MINEM estaría incumpliendo groseramente con esta Ley que ahora parece ser solo letra muerta. Ante ello, el presente editorial analizará las implicancias de la consulta previa y su importancia en el contexto peruano.

Para empezar, es necesario señalar que existe todo un precedente histórico sobre el debate para reconocer el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, uno que aún no termina. No obstante, si bien quedan detalles y puntos pendientes por consensuar, ya existen diversos estándares y acuerdos en la materia. De este modo, hoy en día se entiende que deben crearse las salvaguardas necesarias para que los pueblos indígenas no se vean oprimidos por las convicciones y conceptos de desarrollo que tiene la mayoría dentro de una sociedad y se deben crear las condiciones para que puedan ejercer su derecho a desenvolverse conforme a sus prácticas, cosmovisión y cultura.

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Tomando esto en consideración, en 1991 entró en vigor a nivel internacional el Convenio 169 de la OIT que consagra el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y la obligación del Estado de dialogar para llegar a acuerdos sobre las medidas legislativas y administrativas que puedan afectar los derechos colectivos de estas comunidades. Si bien se parte de la premisa de que los Estados pueden otorgar concesiones sobre territorios de estas comunidades, ello se debe hacer cumpliendo determinadas salvaguardas. Por ello, el proceso de consulta previa se configura como obligatorio en todos los casos y, si bien no hay “derecho a veto” como regla general, en determinados casos donde el daño puede ser muy grande, la jurisprudencia de la Corte IDH ha señalado que se debe lograr el consentimiento del pueblo.

En el caso de nuestro país, el Estado peruano ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1995 y a partir de ese momento se comprometió a seguir: (i) los criterios para reconocer o establecer quiénes son los pueblos indígenas, (ii) el deber del Estado de identificarlos, (iii) no cometer actos de discriminación en contra de los pueblos indígenas y (iv) realizar el proceso de consulta, participación y diálogo con los pueblos. Así, con la finalidad de cumplir con estas obligaciones, en el año 2011 se promulgó la Ley de Consulta Previa que establece siete etapas obligatorias y consecutivas para dar a conocer al pueblo la medida que se busca realizar y así llegar a un acuerdo tras un diálogo entre las partes involucradas. Además, debido a que la exploración del territorio donde se busca realizar la actividad económica en algunos casos es un complejo proceso que implica gran inversión económica, planificación, evaluación y actividades en la zona que pueden durar varios años[1] y pueden llegar a afectar los derechos colectivos de estos pueblos, resulta conveniente que la consulta y el diálogo se realicen antes de esta etapa.

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Ahora bien, a pesar de la normativa explicada anteriormente, todo indica que con la emisión de las 16 resoluciones directorales, el MINEM no estaría cumpliendo con los estándares para respetar el derecho de consulta. Según el Oficio que mandó la Defensoría del Pueblo en 2014, en las resoluciones no se documentan debidamente las razones por las que se obvia el derecho a la consulta previa. El MINEM únicamente justificó que 5 comunidades habrían expresado que las mineras “no afectarán su calidad de vida o desarrollo”, mientras que otra señaló no reconocerse como pueblo indígena. Asimismo, el jefe de Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Daniel Sánchez, expresó alarmado que hay otros 9 casos donde el MINEM sustenta que el Ministerio de Cultura les habría dado información de que en esas zonas no hay presencia de población indígena, pero en el expediente no sustentan ninguna comunicación.

Parece ser que el MINEM aún no es consciente de la importancia del proceso de consulta previa y de establecer diálogo con los pueblos indígenas para así propiciar las actividades económicas. No olvidemos que la consulta previa es un mecanismo de diálogo que de estar ausente es muy probable que derive en un conflicto social como ocurrió en Pichanaki y que los niveles de violencia sean peores. Estas 16 resoluciones estarían contribuyendo a que se puedan ocasionar este tipo de situaciones. La consulta previa es un instrumento básico producto del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Los proyectos pueden o no ir, pero el diálogo y la garantía del respeto de los derechos siempre deben estar presente.


[1] http://www.exploradores.org.pe/mineria/como-se-producen-los-minerales/exploracion.html

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